images4El acceso a la vivienda, en condiciones aceptables, constituye uno de los pilares básicos de la calidad de vida y de la inserción social. Así fue recogido  por la Constitución de 1978 al establecer para toda la ciudadanía el “derecho a disfrutar de una vivienda digna” y exigir de los gobernantes “las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación” (art. 47). Evidentemente, esta norma no se ha cumplido y la política de vivienda ha estado más orientada a asegurar el negocio inmobiliario que a proteger el derecho a la vivienda, a pesar de las crecientes movilizaciones de la población afectada.

La política de vivienda aplicada a partir de la transición siguió anclada en el modelo franquista de apoyar la construcción de viviendas en propiedad, ya fuera en el sector mayoritario del mercado libre o mediante subvenciones para la construcción y compra de viviendas, dejando de lado la política de alquiler social para los hogares con rentas bajas, que fue mayoritaria en el resto de Europa. Portugal tiene un parque de alquiler social tres veces mayor que España, Italia cinco veces mayor y Francia 19 veces mayor.

En este contexto, se ha producido en España un aluvión de desahucios que el Consejo General del Poder Judicial cifra en 1,8 millones entre 2001 y 2017, de ellos un millón de viviendas de alquiler y 840.000 de viviendas compradas con hipoteca pendiente. Datos fríos tras los que se oculta el sufrimiento indescriptible de millones de víctimas y la falta de sensibilidad de los acreedores, amparados por una legislación que antepone el derecho a la propiedad sobre el derecho a la vivienda. La morosidad en los pagos de alquiler o hipoteca tiene que ver con la confluencia de dos procesos: el encarecimiento de la vivienda, sobre todo del alquiler en los últimos años, y la precarización del empleo, en un contexto de creciente desigualdad social y endeudamiento de los sectores empobrecidos. Ambos procesos, por lo demás, estrechamente ligados a la forma de funcionamiento de la estructura social española, con un reparto muy desigual de la riqueza y una fuerte jerarquización de las relaciones sociales, tendencias que se han visto reforzadas por el proyecto neoliberal que prevalece en los países occidentales desde hace varias décadas.

¿Cómo han reaccionado los hogares afectados ante la crisis de la vivienda? Sin duda se trata del eslabón más débil de la cadena frente a promotores, financiadores y administraciones públicas, pero la confrontación social en defensa del derecho a la vivienda siempre ha estado presente. En plena efervescencia de la burbuja inmobiliaria, en 2006, surge el movimiento V de Vivienda que convocó importantes concentraciones de jóvenes en toda España, duramente reprimidas, para exigir el derecho a una vivienda digna. Más adelante, en 2009, se crea la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), con estructura asamblearia-apartidista y tres objetivos básicos: la dación en pago, paralizar los desahucios de viviendas principales y convertir las viviendas hipotecadas en alquileres sociales. La PAH encontró apoyos iniciales en asociaciones de vecinos de los barrios más afectados por los desahucios y en el movimiento “okupa” tradicional, pero tomó sobre todo impulso a partir del movimiento 15M.

Con frecuencia las personas activistas-afectadas participan a la vez de diversas redes y se apoyan mutuamente en las acciones que ponen en marcha, ya sea para paralizar desahucios programados, negociar con jueces, banqueros o caseros, apoyar la ocupación de viviendas vacías a través de la Obra Social, o para impulsar iniciativas políticas en defensa del derecho a la vivienda. Entre éstas destaca la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que fue aceptada a trámite en el Congreso de los Diputados en 2013 con millón y medio de firmas, para modificar la injusta Ley Hipotecaria de 1909. El gobierno del Partido Popular, haciendo uso de su mayoría absoluta, aprobó una nueva ley, sin aceptar ninguno de los objetivos de la ILP. En enero de 2018, la PAH volvió a registrar una nueva propuesta de Ley de Vivienda en el Congreso de los Diputados que, hasta el momento, ha sido paralizada. Las ILP por el derecho a la vivienda se han promovido también en varias comunidades autónomas: Andalucía y Navarra (2013), País Vasco, Canarias y Cataluña (2015) y Madrid (2017). En todas ellas las nuevas leyes fueron rechazadas o recurridas por el gobierno del PP ante el Constitucional.

Los llamados “ayuntamientos del cambio”, liderados en Barcelona y Madrid por coaliciones progresistas (los Comunes y Ahora Madrid) han puesto en marcha iniciativas para abordar el problema de la vivienda pero se están encontrando con muchas dificultades para llevarlas a término. La propuesta estrella de Ada Colau de poner una tasa de 633 euros a los pisos vacíos fue recurrida y ganada en 2016 por la SAREB y las entidades financieras ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña aunque se ha recurrido al Tribunal Supremo. En Madrid el ayuntamiento decidió en octubre de 2017, con los votos a favor de Ahora Madrid y PSOE y en contra del PP y Ciudadanos, la propuesta para iniciar los trámites de la nulidad administrativa de la venta de más de 1.800 viviendas a fondos buitre realizada por el consistorio anterior de Ana Botella. Medidas positivas pero insuficientes para cubrir las necesidades reales de tantos hogares desahuciados cuya única salida en muchos casos, ante la falta de alternativas habitacionales, está siendo la ocupación de viviendas vacías en manos de la banca privada o de la SAREB. Algunos jueces y políticos han puesto de relieve que el derecho a la propiedad, en determinadas circunstancias, no se puede imponer al derecho constitucional a una vivienda digna. Nos podemos preguntar dónde estamos nosotras y nosotros.

   
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