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El pasado lunes dio comienzo el Programa Nacional de Libertad Religiosa, “ante la falta de capacidad del Gobierno Federal y de autoridades locales para erradicar los casos de intolerancia religiosa que se registran en el país”, informa la Barra de Abogados Cristianos de México. “Luego de la negativa gubernamental de crear una Fiscalía Especial para Asuntos de Intolerancia Religiosa, y de no permitir la incursión de personal no católico en la Dirección General del ramo, dependiente de la Secretaría de Gobernación, esta Barra recibirá y dará seguimiento legal a todos los casos que sean reportados en la República Mexicana”, afirman.
El Programa, que se viene anunciando hace meses, consiste en organizar foros, talleres de capacitación y la inmediata denuncia de hechos de discriminación religiosa ante organismos nacionales e internacionales.
Según denuncian, el Gobierno Federal firmó el 13 de junio del 2001, a través de la Secretaría de Gobernación, la CNDH y el Instituto Nacional Indigenista (hoy Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas), un convenio para atender y solucionar conflictos religiosos, pero nunca cumplió los puntos acordados.
En ese convenio, el Gobierno se comprometió a “elaborar materiales didácticos… llevar a cabo talleres de capacitación… y crear y compartir una base de datos sobre casos de intolerancia religiosa”. “Presumimos que no existe la capacidad ni la voluntad para dar solución a este tipo de conflictos, que son un detonante de la paz social”, subrayan.
