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Martínez Camino afirma que Educación para la Ciudadanía vulnera “los derechos humanos”
La campaña de los obispos contra la asignatura Educación para la Ciudadanía no cesa. El último prelado que ha hecho referencia a la asignatura implantada por el Ejecutivo Socialista, ha sido el portavoz de la Conferencia Episcopal, Juan Antonio Martínez Camino.
Para el jesuita, es inadmisible que el gobierno socialista “imponga” Educación para la Ciudadanía, porque según el prelado, esta asignatura vulnera los “derechos humanos”. Estas declaraciones fueron efectuadas en los cursos de verano de la Fundación Universidad Rey Juan Carlos.
Apoyo de la Congregación para la Doctrina de la fe
Camino, estuvo acompañado por el arzobispo italiano Angelo Amato, secretario de la Congregación para la Doctrina de la de fe. La Conferencia episcopal recibió el apoyo de Angelo Amato en su afán por promover la objeción de conciencia como medida de protesta ante la implantación de esta asignatura.
“Un problema de toda la sociedad”
La polémica Iglesia- Estado no es un problema estrictamente Iglesia-Estado, afirmó Antonio Martínez Camino, sino que éste, “es un problema de toda la sociedad”.
La cordura de Bermejo
Por su parte, el Ejecutivo Socialista, intenta poner cordura al asunto. El ministro de Justicia, Fernández Bermejo, se ha limitado ha advertir a los prelados que todo el mundo debe cumplir la ley, y que aunque espera que, finalmente, la “cordura prevalezca”, avisó de que, quién no cumpla la ley, deberá rendir cuenta ante la justicia.
Podrían perder el concierto
Todo parece indicar que la jerarquía eclesiástica mantendrá su rotunda oposición a la implantación de esta asignatura, pero ciertamente, podrían empezar a temer la reacción del gobierno si desde la conferencia episcopal se sigue promocionando la objeción de conciencia.
Los obispos no permanecen ajenos a que un gran sector interno del PSOE aboga por la revisión de los acuerdos entre Vaticano-Estado, y que muchos colegios concertados, podrían perder el concierto, y por tanto, dejarían de recibir dinero por parte del Estado, si como hasta ahora, son reacios a cumplir la ley.