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La Conferencia Episcopal sigue exhibiendo sus desacuerdos internos sobre la asignatura de Educación para la Ciudadanía. Ayer lo evidenció el cardenal de Sevilla, Carlos Amigo. La objeción de conciencia “no puede imponerse por decreto”; es a los padres a quienes corresponde tomar las decisiones que consideren oportunas en conciencia respecto de la educación de sus hijos, dijo. Los otros dos cardenales españoles en activo, Antonio María Rouco (Madrid) y Antonio Cañizares (Toledo), sostienen en cambio que la objeción de conciencia contra la polémica asignatura es una obligación moral.
Carlos Amigo asistió ayer en Madrid a la reunión de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal. Preguntado sobre las aparentes contradicciones entre la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza (FERE) y algunos prelados, el cardenal sostuvo que a los padres no se les puede pedir mucho más de lo que están haciendo en su papel de educadores. También dijo que la asignatura “tiene cosas apreciables” (en su opinión, no cabe duda de que hay que educar ciudadanos), aunque hay “un par de capítulos” que deberían haberse consensuado más con las instituciones educativas, con los colegios y con los padres.
