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La abogada de la italiana Marina Petrella me lleva en su coche. Quiere salir temprano para no llegar tarde al juicio que se celebra en Versalles.
Marina, de 53 años, vive en Francia desde el 1993. Tiene un permiso de residencia para 10 años, concedida por la Prefectura de París, se entregó de lleno a su trabajo de asistente social y construyó una vida de familia con su hija mayor y su nueva pareja. Tiene una segunda hija de 10 años.
Hoy Marina está encarcelada en una prisión de la región de París y amenazada de ser extraditada a Italia.
Hace treinta años, Marina perteneció a esas decenas de miles de jóvenes militantes cuya revuelta anticapitalista llegó a las armas. Varios cientos de ellos se refugiaron en Francia donde el Presidente de la República afirmaba « negarse a toda extradición política ».
Esta política de asilo de Francia que honra a mi país fue mantenida sin interrupción durante veinte años, fuese cual fuese el color de los gobiernos. Era un principio de hecho de la República. Hoy este principio es pisoteado.
En la sala del tribunal, llega Marina, rodeada de policías. Junto a mí se encuentran su pareja de hermoso bigote negro y su hija mayor.
Marina toma la palabra, algo demasiado para mi gusto. La abogada presenta su alegato con convicción y emoción. Pero la petición que hace de libertad provisional es denegada. El juicio continúa. Si extraditan a Marina a Italia, puede caerle cadena perpetua.
Las familias de los refugiados italianos han confiado en la palabra de Francia. Construyeron sus vidas con esta seguridad de que jamás se rompería este compromiso. Hoy sus destinos peligran porque mañana les tocará a ellos.
