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Al parecer, dos argumentos fundamentales del portavoz de la Conferencia Episcopal para oponerse a la ley de muerte digna son que el proyecto olvida que la vida humana pertenece a Dios, su propietario, y que parte de una concepción “prácticamente absoluta” de la autonomía personal.
Parece mentira que la jerarquía eclesiástica pretenda seguir imponiéndonos a todos las consecuencias morales que ella deriva de hipótesis tan peregrinas como que semejante ente de razón, en cuanto propietario de los humanos, ha tenido a bien prohibirnos la eutanasia para que podamos encontrar “el sentido oculto del dolor y la muerte”.
¿No les basta con el castigo divino ultraterreno, y quieren que también pasemos alguna cuota de infierno en esta vida? ¿Por qué no se limitan a aconsejar a sus feligreses que rehúsen acogerse a las previsiones de la ley en ejercicio de esa autonomía que los obispos pretenden limitar a todos pero que la ley no niega a nadie? Aunque, puesto a pedir, en esta ocasión el legislador podría evitar el persistente error de intentar contentar a los obispos católicos, que no se conformarán nunca con menos que con la estricta imposición universal de sus intolerantes doctrinas.
La población española, según han señalado repetidas encuestas del CIS, acepta muy mayoritariamente formas de muerte digna voluntaria perfectamente razonables que ahora son delito y que no dejarán de serlo con una ley tan pacata como la que acaba de presentar el Gobierno.
