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¡Cómo me gustaría una Iglesia pobre para los pobres”, decía el Papa Francisco en 2013, al comienzo de su pontificado. Y qué distante queda ese deseo de las prácticas y el espíritu dominante entre la jerarquía española.   Entre las lindezas que estamos acostumbrados a escuchar de nuestros jerarcas con ocasión de la formación del nuevo Gobierno PSOE-PODEMOS, (cómo olvidar el reclamo del cardenal Cañizares:  ”En esta hora crucial ¡orad por España!”), no podemos dejar pasar una que nos parece especialmente hiriente y vergonzosa. El portavoz de la Conferencia Episcopal ha denunciado que “Pedir conocer qué bienes ha inmatriculado la Iglesia crea un “clima de desamortización encubierta”. Un lamentable recurso al victimismo por parte de quien se ha convertido en el mayor propietario inmobiliario de este país y que, desde el final de la guerra civil, se ha apropiado de no menos de 100.000 inmuebles, sin título de propiedad en la mayoría de los casos.

Ello tiene que ver con la vigencia de una ley hipotecaria franquista, aprobada en 1946, que reconoce que “tratándose de bienes de la Iglesia, las certificaciones [‘de propiedad] serán expedidas por los diocesanos respectivos, es decir por los obispos o arzobispos de cada diócesis”. Según esa ley bastaba con que cualquier obispo certificara como propio cualquier bien, para que, aún sin aportar ningún título de la propiedad, fuera inscrito a su nombre  en el Registro de la Propiedad. Sólo se exceptuaban los templos destinados al culto, porque los templos se habían entendido históricamente como bienes de dominio público, como lo son las calles, plazas o ríos. En 1998, el gobierno de Aznar amplió las facultades de la Iglesia, permitiendo también la inmatriculación de cualquier templo o lugar de culto. Ello provocó que, sólo en el período 1998-2015 (en 2015 se deroga la citada ley) las inmatriculaciones alcancen los 35 ó 40.000 registros inmobiliarios. (Cfr. https://vientosur.info/spip.php?article14599).

Pero el negocio no termina ahí, pues se complementa con los privilegios fiscales subsiguientes. Ni los inmuebles destinados al culto ni los otros inmuebles pagan impuestos, a pesar de que en muchos casos la Iglesia obtiene beneficios importantes, por actividades lucrativas diversas, por inversiones financieras o por ingresos de visitas turísticas, como la Mezquita de Córdoba y otras. Según la Memoria económica elaborada por la Conferencia Episcopal (CEE), las diócesis españolas consiguieron en 2017 122.5 millones de euros, como «ingresos del patrimonio y de actividades económicas diversas», es decir, ingresos provenientes del alquiler de inmuebles (edificios, garajes, campos de labranza…) e inversiones varias.

 

Nada de estos ingresos está sujeto a imposición fiscal, como lo muestran esas Memorias, en las que no aparecen datos sobre el pago del IBI.Y ahora, ante la multitud de solicitudes ciudadanas para que se haga pública la lista de bienes puestos a nombre de la Iglesia, muchos de los cuales podrían ser reclamados por ayuntamientos o particulares, el propio Gobierno socialista cede a las presiones de la Iglesia, y se niega a dar publicidad a ese listado facilitado por los Registradores de la Propiedad. Más aún, ante la resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que “obliga al Ministerio de Justicia a hacer público el listado de inmatriculaciones eclesiásticas”, el Ejecutivo del PSOE presentó un recurso judicial para impedir dicha publicación.

La coordinadora Recuperando, que agrupa a más de veinte colectivos ciudadanos (entre ellos Redes Cristianas) de diez CC.AA., exige al nuevo Gobierno de coalición que retire el recurso contra el Consejo de Transparencia y haga público el listado de los bienes inmatriculados por la Iglesia, para “desvelar la magnitud del patrimonio expoliado por los obispos al amparo de ese subterfugio jurídico que les ha permitido inscribir bienes a su nombre.” La reivindicación afecta a todo el período en que han tenido lugar estas prácticas, pero especialmente desde 1978, fecha en la que la Constitución establece la aconfesionalidad del estado y los principios de igualdad y seguridad jurídica de un Estado de derecho.

En cualquier circunstancia, pero más aún en un país que presenta uno de los mayores índices de desigualdad social de Europa, (el 20% de la población con más renta gana 6,6 veces más que el 20% con menos ingresos), y, sobre todo, con un 26% de la población (12 millones) en riesgo de pobreza o exclusión social, y con 2,5 millones de personas en estado de pobreza material severa, (Cfr.http://www.rtve.es/noticias/20191016/pobreza-severa-crece-espana-cuando-mejora-economica-no-llega-todos/1982127.shtml), este comportamiento de la Iglesia institucional supone un escándalo de tal nivel que invalida de raíz cualquier propuesta de Cristianismo.

Y como no podemos seguir callados sin incurrir en complicidad, las Criatianas/os de base denunciamos esta situación de pecado que comporta un claro abuso de poder, injusticia y escándalo y exigimos, con respeto pero con la máxima contundencia, que la Iglesia Católica renuncie a todos los inmuebles registrados sin título de propiedad, que abandone los privilegios fiscales de los que ahora goza y asuma decididamente, y cuanto antes, un proceso que conduzca a su autofinanciación efectiva, tal como se comprometió en el Acuerdo del Estado español con la Santa Sede sobre Asuntos Económicos (Art. 2.5).

El seguimiento de Jesús, que vivió pobre y  pidió a sus discípulos que no llevaran oro, ni alforjas, ni dos capas…, exige dar estos pasos decididos, aunque se desarrollen de forma gradual. Sólo una Iglesia que reniegue de esa acumulación de bienes y renuncie a privilegios políticos tan antidemocráticos, compartiendo sus bienes con todos los empobrecidos, podría empezar a ser creíble cuando anuncia el sueño de Jesús, llamado el Reino de Dios.

     Comisión de Laicidad de CCBM.                                                         Madrid, marzo de  2020

 

 

   
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