images5Desde que la Organización de las Naciones Unidas aprobara la Declaración de los Derechos Humanos en 1948, cada vez más se ha ido desarrollando la conciencia de los pueblos en las sociedades democráticas en cuanto a exigir a sus dirigentes políticos los derechos sociales que sirven para la realización de una vida digna y de calidad.

Entre los derechos sociales se encuentran el derecho a la vivienda, la protección a la familia, reparto equitativo de las rentas, seguridad e higiene en el trabajo, derechos laborales (tales como pleno empleo, salario justo, jornadas humanas, y vacaciones remuneradas); a su vez,  está el sistema público de prestaciones (para desempleadxs, discapacitadxs, dependientes, jubiladxs, familias numerosas, ciudadanxs en el extranjero, etc.); también son derechos sociales la protección de la salud, la seguridad social, la educación pública, la formación profesional, el acceso a la cultura, la ciencia y la tecnología; así como un medio ambiente sano y algunos otros más.

Los derechos sociales están reconocidos en las legislaciones de los países democráticos. En Europa se ha conseguido garantizar los derechos sociales mediante la implementación del Estado de bienestar, gracias a las luchas de las organizaciones de trabajadores y de las políticas progresistas de gobiernos de izquierda. En España están reconocidos en el Título I, Capítulo III de la Constitución, que trata sobre los principios rectores de la política social y económica.

Pero tanto la garantía de los derechos humanos en general como de los derechos sociales en particular, se encuentran limitados en el sistema capitalista neoliberal en el que nos encontramos. Este sistema facilita la explotación de la clase dominante contra la clase trabajadora, prioriza a los partidos conservadores y favorece la transformación de los partidos socialdemócratas en partidos social-liberales. Por esta razón, los derechos sociales no están suficientemente garantizados en la ley ni amparados por la justicia, ni siquiera la Constitución los protege plenamente.

A partir de la crisis económica y social que comenzó en 2008, los diferentes gobiernos en España han legislado para favorecer al gran capital, principalmente financiero y transnacional, a costa del deterioro los derechos sociales.

El Partido Popular hasta hace poco en el gobierno ha impulsado, con políticas de austeridad, los trabajos precarios, la merma de los derechos laborales y las privatizaciones de los sistemas de salud, educación y pensiones. El PP ha favorecido a los bancos en la apropiación de viviendas de los trabajadores que se han ido empobreciendo. A su vez, ese gobierno ha detraído para otros fines grandes cantidades del Fondo de Pensiones; a lo que hay que añadir la casi congelación de salarios y pensiones. A su vez, nuestros gobernantes han cargado sobre lxs trabajadores el pago de las deudas privadas de los sectores financieros convirtiéndolas en deuda pública.

En este sentido, el papa Francisco, manifiesta en el prólogo al libro de Michele Zanzucchi titulado “Poder y dinero” que, “el capitalismo desenfrenado de las últimas décadas ha dilatado el foso que separa a los más ricos de los más pobres, generando nuevas precariedades y esclavitudes.”

Cuando se incumple la Constitución, se deteriora el estado de bienestar y aumenta la corrupción de nuestros dirigentes políticos al servicio del gran capital, es evidente que los derechos sociales inscritos en las leyes se convierten en “papel mojado”. Ante esta situación de retroceso social de la clase trabajadora, la beneficencia -que siempre ha sido necesaria-, aumenta enormemente para tratar de paliar el detrimento de los derechos sociales.

Según algunos entendidos, la beneficencia en España puede que comenzara a finales del siglo XV, cuando se creó el Hospital de Nª. Sª. de la Concepción en Madrid para atender a los enfermos contagiados por una epidemia. Desde entonces se han ido fundando hospitales benéficos, casas de los pobres, hospicios para niños, hermandades de la misericordia, colegios para desamparados y otras modalidades más.

Actualmente, entre otras instituciones de beneficencia, están los bancos de alimento, los comedores sociales, dormitorios nocturnos, bonos económicos, los centros de inserción social laboral, las duchas públicas, los servicios de lavandería, los albergues para pobres y los asilos de ancianos, los CIEs; incluso, los talleres culturales o literarios.

Las instituciones de beneficencia pública están bajo mínimos, pues financiarlas como es debido supondría evitar que acaparen más beneficios las élites económicas del país. Puede afirmarse que quienes están realizando grandes esfuerzos de atención a la beneficencia son las instituciones privadas no lucrativas y las ONGs asistenciales, con sus centros de beneficencia. Comunidades de religiosas y de religiosos, y otras organizaciones sociales humanitarias merecen nuestro reconocimiento; de entre todas ellas destaca Caritas. La labor asistencial y de beneficencia son atendidas, en su mayor parte, por personal voluntario.

En resumen, la pérdida del poder adquisitivo de trabajadores y pensionistas y el acrecentamiento de las desigualdades de la ciudadanía entre regiones, entre géneros y entre empresas, ha aumentado el número de personas que se encuentran necesitadas de la beneficencia. Para colmo, en España están elevando los presupuestos militares para el rearme; así como los salarios, jubilaciones y privilegios de los diputados nacionales, autonómicos y municipales.

Redes Cristianas es consciente de que es vital superar la alienación de las conciencias de las ciudadanas y de los ciudadanos debido a la insolidaria formación e información que reciben en los centros de estudio y medios de comunicación en manos del capital, pues les configura como seres sumisos al sistema de explotación. En el neoliberalismo se ha sustituido el poder opresor por el poder seductor. De esta forma, mantienen a las mayorías trabajadoras sumisas y pacientes ante los capitalistas oligárquicos. Es necesaria, pues, la toma de conciencia masiva de la ciudadanía que sirva para elevar la correlación de fuerzas populares y así levantar un nuevo sistema al servicio del bien común. Otro Estado español es posible.

   
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