Según el Instituto Nacional de Estadística del  25 de abril de 2013, 6.207.700 personas se encontraban en paro en España. Entre los jóvenes menores de 25 años la falta de empleo afecta al 57%, casi un millón. Para el Ejecutivo, hasta el año 2016 el desempleo de la población activa no bajará del 25%.

Entre 2008 y 2012 se han destruido en España 3,17 millones de empleos, a  razón de 615.000 puestos de trabajo por año. Casi dos millones de hogares tienen todos sus miembros en paro. El 49,8% de la población asalariada percibe ingresos mensuales inferiores a 962 € y el 49,6% de la población desempleada, (cfr. Diagonal (2/5/13-15/5/13) no recibe ninguna prestación, ni contributiva ni asistencial. La brecha social, como constata el Barómetro Social de España, se está agrandando escandalosamente: el 1% de los hogares con mayores ingresos ha crecido en un 21,5% en los últimos 30 años, mientras que el 99% restante ha decrecido en un 1,8%.

Venciendo la pasividad y el miedo, el pueblo indignado ha comenzado a reivindicar masivamente sus derechos sociales y laborales. Frente a la troika –Comisión Europea, BCE y FMI– que sigue insistiendo en la desregulación del mercado de trabajo (bajos salarios y mayor facilidad de despido) crece cada día con más fuerza el rechazo de las políticas de austeridad y la exigencia de alternativas que estimulen la economía y la generación de empleo. Pero las instancias políticas siguen cerrando los oídos a estas justas reclamaciones.

¿Qué hacer en esta situación? Es paradigmática, a este respecto, La enternecedora historia que cuenta el filósofo Santiago Alba sobre el Joven Elefante del Zoo de Túnez. A esta inquieta criatura le separaba de la libertad un pequeño foso. Durante diez años creció haciendo el mismo gesto: unos pasos atrás, otros adelante;  pero, al llegar al foso, levantaba una pata delantera y  reculaba para reemprender siempre el mismo gesto. Lo que le bullía en la cabeza no conseguía movilizar sus músculos. Y es que, entre el cerebro y la acción hay una distancia irreductible, ontológica, casi metafísica. Y el problema está en cómo rellenar el foso para que el salto sea un éxito.

¿Qué tiene que ocurrir para que el pueblo indignado pierda el miedo y se decida a cruzar el foso entre lo que no quiere (“no somos mercancías en manos de políticos y banqueros”) y lo que quiere: recuperar su dignidad y soberanía (“sin dioses, ni reyes, ni tribunos”)?

A nuestro juicio, el salto sobre el foso implica, al menos, dos impulsos complementarios. Uno “destituyente”, es decir, capacidad para desprenderse de instituciones que ya han agotado su ciclo y cuya deriva actual está siendo foco de autoritarismo, ineficacia y corrupción: partidos políticos que no hacen política, sindicatos que no son sindicales con los sin-trabajo, empresas dedicadas a la corrupción especulativa. Frente a la imposición de estas mediaciones no cabe otra actitud que la desobediencia ciudadana. Porque ya no se puede confundir legalidad con justicia, ni legitimidad con mayoría parlamentaria.

Y en segundo lugar, siguiendo el magnífico ejemplo que está dando la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, capacidad para constituir una masa social o sujeto colectivo convencido de que “si se puede” reinvertir la inhumanidad dominante. Porque, en la historia de las sociedades, ninguna situación ha sido irreversible por más que se la haya querido blindar con espléndidos códigos de leyes. Ni si quiera la propiedad privada, tan injustamente sacralizada, puede ser definitiva cuando está en juego la vida, la dignidad, el trabajo y la paz de las sociedades.

 

Lo que se precisa es una adecuación periódica de las directrices educativas. No es necesaria una nueva ley, porque hay muchos aspectos, los más esenciales, que pueden y deben conservarse de la legislación vigente, incorporando aquellas mejoras que, en concreto, procedan.

No me refiero, pues, al proyecto de LOMCE sino a toda ley relativa a la educación.

Aquellas normas que se mejoren, se añadan o se supriman, deben ser fruto de  amplias consultas con los docentes, en primer término, y nunca deben ser el resultado de una imposición ideológica. La educación –formar a personas “libres y responsables”- no es lo mismo que capacitación o formación, y forma parte, junto con la sanidad y el conocimiento científico, de los pilares esenciales de la vida nacional, cuestiones supra-partido político que, sobre todo, no es admisible que sean probadas e impuestas por el “rodillo” de la mayoría absoluta parlamentaria.

España, como debe ser, es un Estado aconfesional y sería por tanto inconstitucional que se estableciera como obligatoria o evaluable la enseñanza religiosa, cuya docencia sólo debe ser seguida, según establecen la Declaración Universal y el Convenio de los Derechos Humanos de la Infancia, por aquellos alumnos que, no alcanzada la edad de la emancipación “deben estudiar las creencias o ideologías de sus padres o tutores”.

Todo lo que sea segregación –por género, por situación económica familiar, por raza…- es absolutamente inadmisible, hasta tal punto que si una ley estableciera unas pautas educativas que condujeran a cualquier forma de discriminación, debería objetarse en conciencia.

Otro aspecto de extraordinario relieve es contribuir al desarrollo pleno de la facultad distintiva de cada ser humano único: la capacidad creadora, de pensar, de anticiparse… Y para ello son necesarias la “disciplina de las disciplinas”, la filosofía, y las enseñanzas artísticas y musicales.

El futuro depende de la educación. Aquellos que alicorten las alas de la plenitud de la ciudadanía atentan a un porvenir que esté a la altura de la igual dignidad de todos los seres humanos.

Federico Mayor Zaragoza

 

Como miembros de la Iglesia católica hemos recibido con sorpresa y alegría –y a la vez con moderada expectativa–  el nombramiento del cardenal Bergoglio como obispo de Roma y sucesor de Pedro. Nos ha alegrado la imagen de simplicidad, modestia y afabilidad de su presentación y algunos gestos de complicidad hechos hacia el pueblo que llenaba expectante la Plaza de San Pedro. Nos ha parecido entrever la imagen de un papa pastor, su decidida opción por los pobres –emblemáticamente expresado en el nombre elegido–, la lucha que ha llevado contra la corrupción, la marginación y la pobreza y su testimonio personal de sobria austeridad y sencillez. Deseamos que,  a partir de su ejemplo, estos valores tan evangélicos puedan transmitirse al conjunto de la Iglesia.

Esperamos asimismo que esta actitud de pastor facilite el diálogo con el mundo y sus preocupaciones, que sea sensible de manera muy especial a los sufrimientos de tantos millones de personas. Deseamos ardientemente que su actuación evangélica de hoy llegue a disipar pronto las dudas que están  levantado en ciertos ambientes sus posiciones doctrinales ante la homofobia y misoginia o su anterior comportamiento ante la dictadura de los militares argentinos.

Nuestra felicitación y acogida de entrada pretende ser al mismo tiempo una palabra de ánimo ante la ingente tarea de renovación tanto hacia dentro como hacia fuera  que a él y a toda la Iglesia nos espera.  ¡Ojalá que desde la cabeza hasta el más humilde de los y las creyentes  podamos volver a ser signos de esperanza en un mundo deshumanizado y desencantado! ¡Ojalá lleguemos a hacer realidad aquel deseo recibido por Francisco de Asís  directamente de Jesús: “Francisco, renueva la Iglesia”!

Esta es la imagen de Iglesia que queremos. En la nueva era en la que estamos entrando, sería deseable que la Iglesia volviera a recuperar aquella pulsión evangélica que recorrió sus venas en algunos momentos de la historia y que sería hoy de grandísimo apoyo para animar la esperanza en un mundo desencantado y deshumanizado.

Se necesita que el nuevo pontificado tome conciencia, desde el primer momento, de la enorme crisis de credibilidad que atraviesa actualmente al conjunto de la institución eclesial y que está afectando a la plausibilidad de la misma fe cristiana y tenga el coraje de volver al Evangelio. La Iglesia católica está clamando desde todos sus indicadores –dogmáticos, morales, organizativos, pastorales, espirituales– por una renovación profunda. Para ser fiel transmisora de la herencia de Jesús de Nazaret necesita una tal pasada por el Evangelio que la capacite para asumir que el protagonismo está en el pueblo cristiano, que es el sujeto principal –como lo estableció el Vaticano II en la Lumen Gentium–, y no en la jerarquía que es un mero instrumento al servicio del pueblo. Necesita recuperar la eclesiología de comunión que, a pesar de las dificultades, se mantuvo en vigor durante el primer milenio de su historia, y abandonar definitivamente la eclesiología de la desigualdad que, con el absolutismo del Primado de Pedro –y salvo el breve paréntesis del Vaticano II– ha llegado hasta nuestros días. En esta recuperación de la comunión o koinonia, además de asumir la igualitaridad entre hombres y mujeres –como ya dejó establecido la carta a los Gálatas 3,28– tienen un papel decisivo las iglesias locales, la colegialidad, la sinodalidad y toda la diversidad cristiana existente.

Y en relación con la sociedad y con el mundo, de los que la Iglesia es parte, es una buena ocasión para ensayar una presencia significativa y desde dentro. Una presencia fiable y estrecha, interrelacionada con todas las formas y múltiples aspectos de la vida, sin querer exigir sumisión a los propios valores y a la propia moral sino siendo respetuosa y colaboradora con los valores de la universalidad y del cosmopolitismo. Una presencia samaritana, especialmente cercana e inmersa entre los sectores más vulnerables y excluidos por las múltiples formas de pobreza y marginación… Pensamos que es un bonita ocasión para volver a aquella luminosa imagen que soñaba para la Iglesia el Vaticano II: “Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Nada hay verdaderamente humano que no encuentre hueco en su corazón” (GS 1).

 

Para la renuncia de Benedicto XVI a la Sede de Pedro no tenemos más que palabras de felicitación. Felicitación para el mismo Ratzinger, porque este gesto, hecho desde el poder absoluto que ostenta –aunque  haya sido forzado por la debilidad que impone una edad avanzada o por la oposición de “los monseñores” de la curia romana–, es suficientemente elocuente como para servir de ejemplo a otros mandatarios que –a pesar del engaño, la corrupción y su mala gestión contra el pueblo– siguen impasiblemente aferrados a la silla del poder.

Pero la historia es muy tozuda. Y un gesto, por importante que parezca, no puede borrar todo un pontificado que, unido al de Juan Pablo II, del que mayormente ha sido su continuidad, ha llevado a la Iglesia católica a los antípodas de lo que pretendía el Concilio Vaticano II y la ha marcado con el signo de la restauración y la Contrarreforma. Es cierto que la involución comenzó ya con la Humanae Vitae de Pablo VI. Pero ha sido este larguísimo pontificado de Juan Pablo II/ Benedicto XVI (1978-2013) el que se ha echado decididamente en brazos de las corrientes y  movimientos más neoconservadores e integristas que  han obligado a la Iglesia a seguir en dirección contraria al proceso humanista y liberador de la historia. Es de justicia reconocer que una parte importante del pueblo cristiano –“Pueblo de Dios” como lo llama el Concilio–, estrechamente vinculado a la sociedad de la que es parte,  ha tenido que ir haciendo su propio camino, consciente de no poder contar con el apoyo de sus dirigentes en un momento tan crucial como el que estamos atravesando.

En la nueva era en la que estamos entrando,  sería deseable que la Iglesia volviera a recuperar aquella pulsión evangélica que recorrió sus venas  en algunos momentos de la historia y que sería hoy de grandísimo apoyo para animar la esperanza en un mundo desencantado y deshumanizado.

Se necesita  que el nuevo pontificado tome conciencia,  desde el primer momento,  de la enorme crisis de credibilidad que atraviesa actualmente al conjunto de la institución eclesial y que está afectando a la plausibilidad de la misma fe cristiana y tenga el coraje de volver al Evangelio. La Iglesia católica está clamando desde todos sus indicadores –dogmáticos, morales, organizativos, pastorales, espirituales– por una renovación profunda. Para ser fiel transmisora de la herencia de Jesús de Nazaret necesita una tal pasada por el Evangelio que la capacite para asumir que el protagonismo está en el pueblo cristiano, que es el sujeto principal –como lo estableció el Vaticano II en la Lumen Gentium–, y no en la jerarquía  que es un mero instrumento al servicio del pueblo. Necesita recuperar la eclesiología de comunión que, a pesar de las dificultades, se mantuvo en vigor durante el primer milenio de su historia, y abandonar definitivamente la eclesiología de la desigualdad que, con el absolutismo del Primado de Pedro –y salvo el breve paréntesis del Vaticano II– ha llegado hasta nuestros días. En esta recuperación de la comunión o koinonia, además de asumir la igualitaridad entre hombres y mujeres –como ya dejó establecido la carta a los Gálatas 3,28– tienen un papel decisivo las iglesias locales, la colegialidad, la sinodalidad y toda la diversidad cristiana existente.

Y en relación con la sociedad y con el mundo, de los que la Iglesia es parte, es una buena ocasión para ensayar una presencia significativa y desde dentro. Una presencia fiable y estrecha, interrelacionada con todas las formas y múltiples aspectos de la vida,  sin querer exigir sumisión a los propios valores y a la propia moral sino siendo respetuosa y colaboradora con los valores de la universalidad y del cosmopolitismo. Una presencia samaritana, especialmente cercana e inmersa entre los sectores más vulnerables y excluidos por las múltiples formas de pobreza y marginación… Pensamos que es un bonita ocasión para volver a aquella luminosa imagen que soñaba para la Iglesia el Vaticano II: “Los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren, son a la vez gozos y esperanzas, tristezas y angustias de los discípulos de Cristo. Nada hay verdaderamente humano que no encuentre hueco en su corazón” (GS 1).

 

La reforma en curso del Código Penal contiene muchas perversiones. Una no pequeña es su apuesta por utilizar el derecho penal para la represión de los flujos migratorios. En el caso de los extranjeros sin papeles (confinados inhumanamente en los CIE, sometidos a controles policiales por su perfil étnico, etc.), se genera una grave patología. En el epígrafe del Anteproyecto de Código Penal en el que se protegen los derechos de las personas extranjeras, se considera  -con muy buen criterio- que la trata y el tráfico ilícito de personas deben ser perseguidos y sancionados, pues suponen un ataque intolerable a su dignidad personal. El problema ético y jurídico surge cuando  se  equipara “la trata” de personas (abominable) con el “trato” con las personas inmigrantes indocumentadas (valioso). Con una redacción bastante defectuosa, se deja a criterio del Fiscal la posibilidad de condenar a quienes han auxiliado a personas en situación administrativa irregular por motivos humanitarios con penas de cárcel. ¡El valor ético de la hospitalidad metido a saco en el Código Penal! El bien y el mal intercambiables gracias al legislador.

La explicación “técnica” es aún más llamativa: estos comportamientos solidarios se consideran lesivos para el bien jurídico protegido, que  es precisamente la dignidad del migrante. ¿Cómo va atacar su dignidad recibirlo en casa, darle comida, vestido, etc.? Como acaba de decir Mons. Benavente, Obispo responsable  de la Pastoral de Migraciones, “lo inmoral no es auxiliarlos, sino omitir el deber de socorrerles”.

Cabe preguntarse si tan bajo moralmente hemos caído en Europa. La respuesta es negativa. La Unión Europea deja a criterio de los Estados el incriminar o no estos comportamientos altruistas; no obliga a su tratamiento penal. Sin embargo, sorprendentemente el Gobierno español ha tramitado un Anteproyecto de Código Penal que equipara a la persona hospitalaria con el traficante de personas, a quien compra un CD o le sirve un bocadillo o le paga el billete del autobús con las mafias de la inmigración ilegal. El desaguisado es de tal magnitud que el Parlamento rectificará enseguida. Lo agradecerán el más elemental sentido de justicia y… hasta el sentido común, En todo caso, a los ciudadanos nos toca, una vez más, suplir la falta de moralidad de nuestros políticos, poner en valor la hospitalidad y tratar de salvarla de la amenaza de su criminalización.

 

El Estado español ha logrado construir en las últimas décadas un sistema sanitario admirado en todo el mundo. En pocos lugares se cuenta con una sanidad que, con un presupuesto tan modesto, proporcione una cobertura prácticamente universal, unas  prestaciones amplias, una medicación accesible; una atención, en definitiva, beneficiosa para cada persona y para la sociedad. El modelo, mejorable -todo lo es-, ha dado muestras sobradas de eficiencia. Y quizás la prueba más evidente es que, una vez exprimido el negocio de la vivienda, se hayan vuelto las miradas de muchos inversores hacia la sanidad.

La doctrina del shock aplicada al modelo de salud. Bajo la excusa de la escasez de recursos y la necesidad de recortar el gasto, se aprueba un conjunto de normas que en otras condiciones nunca serían aceptadas. Se presenta una serie de medidas como ineludibles y urgentes como las únicas capaces de evitar un mal mayor. Entre ellas, la exclusión de millares de personas, no sin antes haberlas identificado como causantes de la hipotética ineficiencia del sistema. Esto es precisamente lo que hace el RDL 16/2012: bajo la apariencia de establecer “medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones” oculta un cambio de modelo.

En lo sucesivo, ejercitar el derecho a la salud se supeditará a ser persona asegurada o beneficiaria de ésta. Con ello, un sector de la población se verá privado del acceso a un sistema que también está contribuyendo a sostener; y este sector irá ensanchando sus contornos si el resto de las personas, aliviadas por encontrarse aún dentro y satisfechas con la solución propuesta, se desentienden. Porque hoy, el desarrollo reglamentario de ese RDL excluye de la condición de aseguradas a las personas migrantes en situación irregular, esas presuntas culpables. Pero mañana serán muchas otras: está en manos del Gobierno volver a esgrimir la imperiosa necesidad de controlar el déficit para reducir el número de personas aseguradas o más bien aseguradas por ley, pues,  de lo que se trata,  es de que las excluidas paguen por la asistencia y puedan aumentar los ingresos de las aseguradoras. Si, además, se adelgazan progresivamente los costes (a cuyo fin también se recortan prestaciones y se aumenta la contribución al gasto farmacéutico), la privatización de la gestión resultará aún más atractiva a esas empresas y a otras deseosas de lanzarse sobre el negocio sanitario.

Que las personas que en la actualidad han sido despojadas de sus tarjetas sanitarias, o del derecho a obtenerlas, pertenezcan al sector más vulnerable de la sociedad, no es algo que parezca importar a los poderes públicos. Desde el pasado septiembre son miles los hombres y mujeres que no reciben la asistencia que precisan, por más que se asegure que en todo caso se atienden por urgencias. La pretensión de aliviar por esta vía situaciones extremas, obviando que buena parte del éxito de un modelo sanitario se encuentra en la prevención, no es sólo miope. Y tampoco es del todo exacto apuntar a la irresponsabilidad de los gobernantes. En este contexto, hablar de genocidio sanitario consciente no constituye ninguna exageración.

La única salida con que, ante leyes como esta, cuenta una colectividad ética, pero también cada persona consciente de su responsabilidad individual, es negarse a cumplirlas. No colaborar con quienes ejercen violencia sobre el conjunto de la sociedad en un perverso intento de que asuma la injusticia como algo inevitable. Sólo la inaplicación del RDL puede garantizar el derecho a la salud, que es un derecho tan vinculado con el derecho a la vida –con el derecho a la integridad física y con la dignidad– que no permite diferencias ni matices. Y por ello, numerosos colectivos y organizaciones, como “Yo Sí Sanidad Universal” (www.yosisanidaduniversal.net),  han iniciado diversas campañas de oposición, objeción y desobediencia al decretazo. Médic@s y personal de administración, enfermeros y usuarias se han unido para combatir desde diversos frentes la inmoralidad que comporta el RDL. Asambleas de barrio, asociaciones de migrantes, escuelas populares, parroquias y otros grupos de personas han decidido actuar, a no participar de la injusticia. Lo intentan acompañando a las personas excluidas en su demanda de atención, buscando el compromiso de quienes pueden conseguir que la reciban a través del sistema público, tal y como venía ocurriendo. Iniciativas como estas permiten seguir creyendo que aún podemos evitar convertirnos en una sociedad cómplice de la supremacía de la codicia sobre los ideales de solidaridad y de garantía de los derechos sociales, que han guiado y deben seguir guiando nuestro horizonte.

 

El libro de Benedicto XVI acerca de la infancia de Jesús ha suscitado la reflexión acerca de la historicidad de aquello que según la tradición ocurrió realmente en Nazaret, en Belén con los ángeles y pastores o en la huida a Egipto. Dios se revela dentro de la historia y la fe del creyente se sitúa también dentro de la historia, por consiguiente es lógico que nos preguntemos ¿qué ocurrió realmente en Navidad?

Hace ya muchos años que sabemos que los evangelios, especialmente los de la infancia, no son un libro de historia. Son elaboración teológica y mensaje. Detrás del lirismo de aquellas escenas hay una teología pensada hasta en sus más delicados detalles. Literariamente son textos sobrios, de una sobrecogedora belleza y poesía, de una aparente simplicidad pero también de una extraordinaria profundidad. Fueron los últimos textos que Mateo y Lucas escribieron y los pusieron al comienzo de sus evangelios como un mensaje claro de alegría y esperanza: quisieron anunciar a las primeras comunidades quién es y qué significa Jesús de Nazaret. A la comunidad judía se le dice que Jesús es el mesías esperado y que desde Abraham toda la historia de salvación estuvo encaminada hacia él. Y a la humanidad en general se nos dice que no estamos solos, Él, el Emmanuel, está en medio de nosotros, “nos ha nacido un salvador”.

Lo importante no es la historia sino el mensaje de fe. Son pocos los hechos históricos contenidos en estos relatos que la exégesis da por verdaderos: los esponsales de María y José, la descendencia davídica de Jesús, el nombre de Jesús, el nacimiento de Jesús de María, la pobreza como ambiente, Nazaret como lugar de residencia. Y sobre ellos Mateo y Lucas construyen el relato teológico con el ropaje del género literario del “midrash”, que consiste en tomar un hecho o un dicho de la escritura y elaborarlo, embellecerlo o buscar paralelismos con otros personajes al objeto de subrayar y proclamar de forma inequívoca una verdad de fe.

Aquel mensaje de fe, y de alegría y esperanza, ha trascendido los límites de la primera comunidad. Las escenas familiares de Navidad, más que crónica histórica, pretenden ser proclamaciones de fe acerca de Jesús Salvador nacido pobre y débil como todo niño. A través del lenguaje del mito, del símbolo y de la poesía el ser humano se sumerge en la humilde vida que nace para toda la humanidad como esperanza de liberación. Así lo entendió San Francisco de Asís cuando allá en la Porciúncula inventó el primer Belén de la historia.

Por eso sorprende que en su libro Benedicto XVI utilice una exégesis con voluntad de asegurar la historicidad de cada uno de los hechos.

Querer salvaguardar a toda costa la historicidad de cada una de las escenas de los relatos evangélicos, aparte de perderse en la complejidad o imposibilidad de la demostración de las mismas, sobre todo es situarse fuera de la atmósfera creada por Mateo y Lucas: una atmósfera en la que su preocupación no es saber si existió o no la estrella, si se aparecieron o no los ángeles, si hubo o no buey y mula, si los magos vinieron del Oriente o de Tartesos, o si la virginidad de María hay que entenderla en el sentido físico, sino en saber que Dios asume como propia la historia de la humanidad, el significado religioso del Niño.

 

De un lado están las víctimas, que se expresan a través de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y las asambleas del 15M, principalmente. Estos colectivos se han movilizado para detener una tragedia social acelerada a raíz de la crisis (371.000 ejecuciones hipotecarias y 273.000 desahucios de alquileres desde 2008) y lo han conseguido en bastantes casos. Además, han promovido una Iniciativa Legislativa Popular, que llegará al parlamento en los próximos días con más de 500.000 firmas, para modificar la injusta Ley Hipotecaria de 1909 con tres objetivos: dación en pago sin aplicar intereses de mora; no echar de la casa a los inquilinos en los casos de vivienda habitual, ofreciendo entonces un alquiler por un período de 5 años y un pago mensual no superior al 30% de sus ingresos; y aplicar retrospectivamente la ley cuando la vivienda desahuciada permanezca en poder del banco.

Al otro lado está la banca que ha movido ficha en las últimas semanas ante la presión popular y el apoyo inesperado del Poder Judicial y de los medios de comunicación, sobre todo a raíz de algunos casos de suicidio. El 6 y el 13 de noviembre se reunieron en Madrid los más altos directivos de la banca española y plantearon sus propuestas al gobierno: de manera coyuntural, se acepta aplazar algunos lanzamientos en casos muy graves debidamente comprobados, pero la ley hipotecaria se debe mantener como está pues “es muy grave introducir estímulos para dejar de pagar las hipotecas y poner en riesgo la buena cultura de pago que existe en nuestro mercado hipotecario” (declaraciones de Miguel Martín, presidente de la Asociación Española de Banca); además, el problema se ha sobredimensionado ya que la mayoría de las hipotecas se pagan puntualmente y muchos de los desahucios corresponden a segundas o terceras viviendas, garajes, locales, etc.

El gobierno, tercer actor, después de un diálogo frustrado con el Partido Socialista, aprobó el pasado 15 de noviembre un real decreto de medidas urgentes sobre los desahucios que no asume ninguna de las reclamaciones de las víctimas y sigue al pie de la letra las propuestas de la banca: moratoria de dos años en el pago de la hipoteca para quienes reúnan condiciones muy precisas (según los expertos sólo una minoría de casos se podrá acoger a ellas). Como ha señalado la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), “sólo se trata de un parche para acallar el clamor popular” ya que, por las condiciones tan restrictivas que fija el real decreto, muchos desahuciados quedan excluídos. La PAH también critica la falta de retroactividad para miles de familias que ya han perdido su vivienda. Con un cinismo increíble, el  Ministerio de Economía afirma que los desahucios de primera vivienda  de los últimos cuatro años se sitúan “entre 4.000 y 15.000” cuando sólo en el primer semestre de 2012 los lanzamientos recogidos por las estadísticas judiciales han sido 94.502.

Frente a la banca -y su gobierno- que exigen rentabilidad para su descomunal e irresponsable  inversión inmobiliaria, se sitúan los sectores laborales más castigados por la crisis, que reclaman trabajo y casa. Dos polos de una sociedad extremamente desigual, con intereses de clase opuestos. ¿De parte de quién estamos?

 

Durante 35 años, la ciudadanía ha depositado su confianza y bienestar en representantes públicos y actores sociales que no aseguran una vida digna para la ciudadanía. La falta de voluntad y valentía para enmendar la situación se traduce en medidas que anulan la voluntad popular y evidencian el despotismo de un gobierno al servicio del poder económico y financiero, que debilitan y ponen en peligro los pilares de la democracia. El hartazgo se pone de manifiesto, no sólo desde las calles, sino cada vez más desde centros de trabajo, organizaciones sociales, políticas y culturales. Tras una larga lucha fraguada durante generaciones para impedir la pérdida de derechos fundamentales, somos ignorad@s por el poder y se manipula la opinión pública mediante el miedo y la culpabilización del desprotegid@ con un potente discurso defendido por instituciones y medios de comunicación.

Ante este panorama de indefensión, impotencia, angustia, “sálvase quien pueda”…, la despolitización y desesperanza de la ciudadanía gana terreno ante una situación de urgencia que exponencialmente amenaza nuestra salud, educación y libertad.
En un momento en el que el 21% de la población española se encuentra bajo el umbral de la pobreza, (dos millones de niños incluidos) y en el que se dispara el número de suicidios y aumenta el consumo de antidepresivos, es cardinal actuar de manera decidida para revertir la situación. ¿Merecemos esta opresión?, ¿vamos a permitir que arrasen los sueños y el futuro de generaciones enteras con políticas de recortes que en pocos años nos están imponiendo de manera despótica?… ¿no formas parte del problema si no formas parte de la solución? Abandonar la lucha sería otorgar la victoria al robo y al austericidio.

Por fortuna, la sociedad moderna democratiza el acceso al conocimiento y la creación de redes ciudadanas mediante las tecnologías de la información. Se trata de revitalizar y fortalecer el ejercicio de democracia y pedagogía político-social, asumir responsabilidad como ciudadan@s y exigírsela también a quienes no nos representan.

Solidaridad, unión, respeto, conciencia, trabajo y perseverancia son las claves que pueden propiciar un cambio real que nace del interior. Vamos despacio porque vamos lejos.

Jóvenes del 15M ligados a Redes Cristianas

 

Según datos de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, estamos asistiendo a un verdadero drama social. Cada día se ejecutan en España 566 desahucios –contando sólo los de hipotecas- que afectan en un 82% de los casos a familias con menores a su cargo y carentes de otra vivienda alternativa. La hipoteca media a la que se enfrentan oscila entre los 100.000 y 200.000 euros (cfr. Público.es de 02/06/2012). Este drama, que clama al cielo, se está desarrollando precisamente en un país donde, según el Instituto Nacional de Estadística, hay 5,6 millones de viviendas vacías, lo que representa un 20% del parque inmobiliario.

El engaño y la usura de las entidades financieras, promotoras y constructoras, unido a la falta de control y corrupción por parte de las administraciones públicas, han sido los principales causantes de este desatino. El estancamiento de los salarios, la multiplicación de los ERE y el vertiginoso incremento del desempleo (entre 2000 y 2007 se incrementó en 106% el m2 del suelo, mientras que el salario lo hizo solo en un 8%) ha empujado a la clase media y al sector inmigrante a endeudarse con hipotecas de hasta 40 años.

Los desalojos están quebrando el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, suscrito por España el 16 de diciembre de 1966 y que entró en vigor el 3 de enero de 1976 (cfr. art. 11.1). Por su parte, la Constitución española de 1978, en su artículo 47, dice expresamente: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación”.
Redes Cristianas reconoce que la vivienda, además de un derecho constitucional, es un bien de primera necesidad con el que no se puede especular impunemente. Defendemos que este tipo de deudas generadas por la usura, el engaño y la especulación éticamente no se deben pagar y apoyamos la acción que está llevando a cabo la Plataforma de Afectados por la Hipoteca recabando firmas para presentar en el Congreso de los Diputados una Iniciativa Legislativa Popular para exigir una “Proposición de Ley que regule la dación en pago, la paralización de los desahucios y el alquiler social”.

Invitamos a todas las personas a apoyar esta noble campaña que finaliza el 31 de octubre y a la que solo le faltan 80.000 firmas.

 

Se va a cumplir año y medio desde que estalló el movimiento social más pujante, imaginativo y esperanzador de la reciente historia de España. Primero fue una ola de indignación ante el modelo político y económico que había llevado a la crisis: “no somos mercancías en manos de políticos y banqueros”, se leía en la convocatoria del 15 de mayo. Una semana después, con motivo de las elecciones locales del 22 de mayo, se hizo patente el escepticismo ante la clase política (“nuestros sueños no caben en vuestras urnas”) y se fue consolidando también el rechazo de un capitalismo rampante, capaz de provocar extorsión económica y exclusión de amplios sectores de la sociedad, en especial de la juventud: “no falta dinero, sobran ladrones”.

El movimiento se extendió con rapidez por toda España y también por otros países, provocando acampadas, asambleas, comisiones de trabajo y movilizaciones masivas con dos mensajes básicos: activar la democracia, mediante la participación directa de la ciudadanía, y poner la economía al servicio de la población respetando el medio ambiente. En las asambleas de barrios y pueblos, y en las redes sociales que les sirven de apoyo, han confluido todo tipo de personas, mayores y jóvenes, con o sin etiquetas, empeñadas en buscar una salida de la crisis mediante nuevas formas de vida construidas desde el pensamiento y la práctica colectiva. Aprender desde la acción, apoyando a las familias desahuciadas, defendiendo los bienes comunes que se quieren privatizar, denunciando en la calle los rescates bancarios y las políticas antisociales del gobierno, etc.

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La reciente sentencia del Tribunal  Supremo a los recursos interpuestos por las Consejerías de Educación de Andalucía y de Cantabria ha vuelto a traer a palestra el recurrente debate entre las ventajas y los inconvenientes  de la coeducación y de la educación segregada de chicos y chicas.  La sentencia del tribunal establece que las administraciones educativas no deberían conceder el concierto económico a aquellos centros que escolarizan únicamente a estudiantes de un sexo, ya que estarían incumpliendo la Ley Orgánica de Educación (LOE) que establece que los colegios no podrán discriminar a los alumnos por razón de sexo. Más allá de la decisión que finalmente se adopte en el ámbito jurídico, lo importante es reflexionar sobre los argumentos pedagógicos en los que se sustentan ambas posiciones que, por otra parte, deben ser los que fundamenten las normas que rigen nuestra sociedad.

Quienes proponen una educación diferenciada por sexos han venido apoyando su opción en ciertas investigaciones que encontraban mejores resultados académicos cuando los alumnos y alumnas estudiaban en centros diferentes. Como se muestra en un reciente artículo de la prestigiosa revista Science[1], la mayor parte de estos estudios carecen del rigor metodológico que permitiría dar por buenas sus conclusiones. Esta falta de fundamentación es por sí misma una poderosa razón para descalificar los modelos de educación segregada, junto al hecho de que se han publicado varios trabajos que muestran que la educación diferenciada por sexo incrementa los estereotipos de género.

Desde nuestro punto de vista de Redes Cristianas,  el argumento más importante a favor de la coeducación es el principio de normalización en el que se basa la escuela inclusiva. La educación escolar tiene que preparar para poder formar parte de la sociedad en la que el alumnado va a desenvolverse a lo largo de su vida. Los colegios e institutos deben ser lugares en los que convivan todo tipo de personas. La diversidad que de hecho existe en los grupos sociales debe estar presente en las aulas. En el aprendizaje de esta convivencia se basa la cohesión social y los derechos y deberes de los ciudadanos. El sexo es uno de los elementos de esta diversidad y garantizar que se superan los estereotipos sexuales, que todavía hoy en día tienen por desgracia una clara presencia, implica que la escuela cumpla con el papel que le corresponde en esta tarea. Enseñar a convivir juntos no supone negar las diferencias, significa saber tenerlas en cuenta en la práctica educativa. Sin duda no es una tarea fácil, por lo que el esfuerzo debería concentrarse en la formación de los equipos docentes en las estrategias de atención a esta característica de la diversidad, como a otras igualmente relevantes.

Desde esta posición, nos parece claro que el Estado debe apoyar a las escuelas que optan por la coeducación y no estaría justificado, por tanto, gastar dinero público en subvencionar a colegios concertados que no permiten el acceso con igual derecho de las chicas y los chicos e impiden con ello que aprendan a convivir juntos.


[1] Halpern y otros (2011). The Pseudoscience of Single-Sex Schooling. Science, 333, 1706-1077

 

Cuando el mar estaba en calma, llegó Gallardón. Y con él, por motivos ideológicos y partidistas, la minoritaria voz del nacionalcatolicismo emerge con fuerza hasta alborotar la pacífica posesión de la “Ley Orgánica de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo” del 2010. En buena sintonía con los Derechos Humanos y las últimas adquisiciones de las ciencias antropobiológicas, esta ley nos sitúa ética y jurídicamente entre los países modernos de nuestro entorno sociocultural. Es consecuencia de las recomendaciones de organismos internacionales tales como la ONU, la OMS y el Parlamento de Europa sobre “salud reproductiva y eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer” (cfr. María Duran i Febrer, en Éxodo 98, abril de 2009).

Crear un problema social, –con el 83% de la ciudadanía en contra de la anunciada reforma– en estas circunstancias, es una temeridad y una torpeza política de primera magnitud. ¿Se trata de un capricho personal, de sometimiento político a una ideología religiosa, de una cortina de humo para encubrir problemas más graves? Remover las aguas en un tema tan delicado nos parece un juego tan peligroso que nos autoriza a preguntar –como a otro propósito hiciera Fray Antonio de Montesinos– ¿“con qué derecho” se puede jugar políticamente con la sensibilidad de las personas poniendo en peligro la paz social?

Ni el programa de elecciones 2011 del PP, ni las recomendaciones del Comité sobre Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU de 2006 exigen una reforma de la Ley como se anuncia. Para nada se habla allí de “malformación del feto” sino de garantizar el derecho a la vida de las personas discapacitadas “en igualdad de condiciones con los demás” (art. 10 y 25). Desde el momento de la concepción hasta la “suficiencia autónoma” del feto existe un proceso –mucho más amplio en casos de malformación–, estudiado por la ciencia e ignorado por el Ministro, del que depende su estatuto ético y jurídico. Ignorarlo voluntariamente es caer en un fideísmo oscurantista que en nada ni a nadie beneficia.

Desde Redes Cristianas pensamos que no se puede hacer política partidista a cualquier precio y, mucho menos con un tema que, como este, afecta vitalmente a la sociedad. Ya está suficientemente devaluada la acción política como para cargarla con nuevas torpezas y prepotentes desatinos. Más que de una nueva regulación regresiva, lo que está necesitando la sociedad en este tema es una mejor educación en la salud sexual y reproductiva y unas políticas eficaces de apoyo a las personas discapacitadas y a sus familias. A nadie se puede obligar a llevar una vida heroica, aunque esta sea siempre admirable. Por eso pensamos que es más inteligente y eficaz el acompañamiento y la compasión con las personas que se ven en situaciones de gran dificultad y sufrimiento que la penalización de prácticas que se ponen gratuitamente fuera de la ley.

 

Después de tantos años y en tantas ocasiones posicionándonos contra las actitudes y pronunciamientos de la jerarquía, corresponde que seamos también muy claros: somos y nos sentimos Iglesia porque somos y nos sentimos seguidores de Jesús; continuadores de la Iglesia de las primeras comunidades, la de los mártires, la de los que rechazaron el poder del Imperio; la del pobre de Asís, la de Bartolomé de las Casas, la de tantos y tantas que fueron condenados como herejes por querer una Iglesia pobre; la de los que viven su fe en una comunidad sencilla, sin ostentaciones ni privilegios, la de los que acompañan a los desheredados; la Iglesia de aquellos y aquellas que hoy, ante tanto dolor, son capaces de dar esperanza y palabras y hechos de consuelo. Nos alegra formar parte de esta Iglesia, la Iglesia acogedora. Somos miles y miles. Es la herencia de Jesús.

Por eso, ante posibles confusiones, debemos preguntarnos ¿a quién nos remitimos exactamente cuando nos referimos a Jesús? ¿quién es Jesús para nosotros hoy? Porque con su mensaje, su cruz y resurrección, Jesús es la crítica más dura y más radical desde dentro a la estructura de la Iglesia existente. Además, por el hecho de hacer referencia continuamente a él, la Iglesia está como sentada en un barril de pólvora: basta escuchar o aplicarse aquellos terribles “Ay de vosotros…” de Mt.23, dirigidos a los responsables de la institución de entonces.

Probablemente en la raíz de la crisis social y política de la Iglesia de hoy hay una crisis de confianza en ese Jesús. Por eso la transformación que buscamos en el “exterior”, en la Iglesia e incluso en los movimientos, en las luchas de los oprimidos, debe brotar del “interior”, de la médula misma de nuestra vivencia de la fe, del ayudarnos unos a otros al seguimiento de Jesús.

Este es nuestro compromiso como Redes cristianas.

 

Tres factores hacen hoy del Oriente Medio el espacio más conflictivo del planeta, en el que las grandes potencias no esconden su voluntad de injerencia: su posición geoestratégica como punto de encuentro de tres continentes; sus reservas energéticas de petróleo y de gas, el 65 % de todo mundo; y el proceso de creciente identidad de la comunidad árabe, confrontada con Occidente. Cualquier fenómeno en esta zona, desde el Pacto de Quincey (1945) por el que Estados Unidos se aseguró la provisión de petróleo por parte de Arabia Saudí a cambio de respetar la dictadura en este país,  a la creación del Estado de Israel (1948) y sus posteriores conflictos con el pueblo palestino y los países vecinos, o las invasiones de Irak, Afganistán y previsiblemente de Irán, etc., deben analizarse bajo esta triple perspectiva.

En este marco,  las transformaciones que tienen lugar en muchos países árabes (Túnez, Egipto, Libia, Yemen, Bahréin, Líbano… y con menos intensidad en el resto) a raíz de la primavera de 2011, hay que interpretarlas con sentido crítico. Los medios de comunicación las presentan  apoyadas por Occidente, que dan lugar –a veces mediante cruentas guerras civiles- a posteriores procesos de liberación.

Sin embargo, nos asalta la sospecha de que estas guerras de destronamiento del dictador tienen otros objetivos más determinantes que generalmente se ocultan al gran público: el dominio geopolítico de la zona y el control de las materias primas, lo  que exige nuevas formas de colonización por parte de aquellas potencias que han venido manejando los hilos de la región, básicamente Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia y Alemania, siempre con la punta de lanza cómplice del Estado de Israel. En todo caso, los movimientos populares, que integran a una gran cantidad de fuerzas religiosas y progresistas de la región, deben tener en cuenta estos condicionamientos.

¿Qué está siendo y qué representa la Primavera Árabe? ¿Cuál es su fuerza de arrastre actual, su capacidad de alternativa, su geopolítica de cara al futuro? ¿Qué papel está jugando la religión en esta revolución de los jóvenes y qué papel se espera que tenga en el futuro? Redes Cristianas, que defiende la autonomía y libertad de las personas, los pueblos y las culturas y que apuesta por una planetarización de la articulación humana, mira con simpatía y apoya decididamente la alternativa no violenta (contra todo fanatismo destructor)  de la Primavera Árabe, con democracia y justicia social, a la vez que alerta sobre los riesgos de recuperación por los poderes vigentes.

 

Oficialmente se habla de  generosidad  en la Zona Euro  destinando 100.000 millones en ayuda a la maltrecha economía española que necesita salir  de la recesión  y  crear empleo. Pero no es verdad. Si se persiguieran estos nobles fines, el dinero vendría  a organizaciones ciudadanas y organismos  estatales destinados expresamente a estos fines, como el Instituto de Crédito Oficial, las pequeñas y medianas empresas, las  cooperativas de crédito, etc. Contrariamente,  la generosa ayuda va directamente a entidades financieras que ya han demostrado sobradamente su incompetencia y malversación. La finalidad principal  de este crédito la desvela abiertamente Peter Böfinger, consejero de economía del gobierno alemán: “Las ayudas a la banca (de los países en dificultades) no tienen que ver con el intento de ayudar a tales países en sus problemas, sino ayudar a nuestros bancos que tienen gran cantidad de deuda de aquellos países”.

Una  verdad tan agresiva pudiera parecer hasta correcta si  “nuestros bancos” no fueran parte determinante del destrozo de la economía en los países periféricos. Porque durante los años de la burbuja inmobiliaria, los bancos alemanes, en tanto que acreedores, fueron,  junto a los especuladores nacionales, impulsores del disparate y beneficiarios del suculento pelotazo que hizo crecer  sus arcas. Cuando la crisis que ellos mismos han provocado deja ahora al descubierto sus torpezas y usuras, es vergonzoso que pretendan ocultar su responsabilidad tras de una ayuda engañosa (en realidad, rescate  en beneficio propio) que acrecienta exponencialmente nuestra deuda y en nada asegura la reactivación económica. Tampoco sus políticos, verdaderos capataces de sus engañosos mercados, tienen derecho a frivolizar este asunto, culpabilizando al pueblo de sus disparates y haciéndole cargar con tan graves consecuencias. Pues ello es una grave injusticia y una escandalosa inmoralidad.

Si es cierto que las deudas, fruto de la justa transacción bilateral, hay que pagarlas,  cuando estas son consecuencia de la estafa,  la falsedad y el robo,  como en el caso que nos ocupa, y el gobierno se hace cómplice de esta farsa,  la víctima tiene derecho a decir no. Negarse a pagar hoy esta deuda es para el pueblo una virtud, un ejercicio de honradez y dignidad.  Bien claro aparece en la ética que da fundamento a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Cuando se viola abiertamente  el sagrado derecho de la dignidad y libertad de un pueblo, entonces “la insurrección es para el pueblo, y para cada porción del pueblo, el más sagrado de sus derechos y el más indispensable de sus deberes” (cfr. Declaración de los Derechos del Hombre de 1793).

 

Como ciudadanos y demócratas nos avergüenza lo ocurrido en Paraguay. Pero nos avergüenza doblemente como cristianos. Mientras la mayor parte de estados de América Latina condenan el golpe, el Estado del Vaticano, y por lo tanto el papa, a través de su embajador en Paraguay, Mons. Eliseo Arrioti, ha sido el primero en reconocer a las nuevas autoridades. El mismo Sr. Franco, el nuevo presidente, dijo inmediatamente que había tenido el apoyo unánime de la Iglesia católica. Y una de sus primeras imágenes después del golpe fue su asistencia a misa celebrada por un obispo.

Fue un escándalo el apoyo de la jerarquía española a Franco en el 36 y hasta su muerte; fue un escándalo el silencio del Vaticano ante Hitler; fue un escándalo su apoyo a la mayoría de los golpes de Estado en América Latina en la década de los setenta, Argentina, Uruguay, Bolivia, Brasil. Fue un escándalo el apoyo del cardenal Andrés Rodríguez de Madariaga en Honduras. ¿Por qué el Vaticano apoya los regímenes y golpes de Estado vinculados a las oligarquías?

Ante lo que esto significa, cualquier intento de “nueva evangelización” no solo será vano, sino que objetivamente es la instrumentalización del mensaje de Jesús al servicio de los ricos.

 

El pasado viernes, día 22 de junio de 2012, se cerró en Riocentro, Brasil, la Conferencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible. A esta Cumbre de la Tierra o “Río+20” asistieron 130 jefes de Estado y diferentes organizaciones ambientalistas y movimientos sociales. Se esperaba una continuación de las orientaciones marcadas por la “Cumbre de la Tierra de 1982”, pero no fue así.

Los objetivos parecían claros: “desarrollo y bienestar mundial a nivel económico, social y medioambiental, concretado en siete áreas: empleo, energía, ciudades sostenibles, seguridad alimentaria y agricultura sostenible, agua, océanos y desastres naturales”. Pero el documento final, “El futuro que queremos”, es realmente decepcionante. No se han tenido en cuenta los “objetivos del milenio”, desplazando hacia un futuro impreciso la urgencia de políticas dirigidas a erradicar la pobreza y el hambre en el mundo, a proteger los océanos, a reducir los gases de efecto invernadero, a asegurar, frente a la privatización, una “economía verde” defensora de los recursos naturales e intereses de los pueblos. Se ha impuesto el egoísmo de los países ricos, con EE.UU y La UE a la cabeza, y la resistencia de los países emergentes a implicarse más a fondo en lo que afecta a la salud de la humanidad y del Planeta. Al fin, una gran decepción.

La Contracumbre de los Pueblos, integrada por movimientos sociales de ámbito mundial (indígenas, feministas, ecologistas, sindicalistas, estudiantes, obreros, campesinos, etc.) y celebrada en el mismo lugar y fecha, denunció esta ceremonia de la confusión y apostó abiertamente por un nuevo orden mundial, solidario y de cooperación con todos los pueblos, justo con las personas y respetuoso con el planeta. Un nuevo orden alternativo al neoliberalismo, defendido también dentro de la Conferencia por el G77 que agrupa bloques de países del Sur, entre los que se encuentran el ALBA, el Grupo Africano y el Grupo Árabe.

Redes Cristinas, desde sus raíces religiosoculturales, apoya decididamente la necesidad de alternativas al neoliberalismo actual y se suma a la denuncia de estas Conferencias irresponsables y frívolas que están jugando con la vida de la humanidad y la viabilidad futura del planeta tierra.

 

Varios países Latinoamericanos han empezado un lento proceso de autodeterminación, principalmente Venezuela, Bolivia y Ecuador que,  con Cuba,  van formando una unidad que enfrenta a la opresión imperial.

Los gobiernos populares de estos tres países han sabido abortar los golpes de Estado organizados por Estados Unidos con el apoyo de las oligarquías nacionales y van haciendo progresar el bienestar social y el desarrollo económico. Las respectivas burguesías se encuentran desconcertadas, pues ni con el apoyo de Estados Unidos consiguen recuperar el poder.

Asimismo, otros países como Brasil (considerado uno de los Estados emergentes llamados los BRICS), también Argentina, Nicaragua, Paraguay, Uruguay y alguno más, se han unido al proyecto por la  soberanía nacional y latinoamericana.

Como fruto de este esfuerzo liberador, han ido surgiendo varias organizaciones regionales tales como el ALBA (con unos 10 países adscritos ya); además, se han constituido las estructuras de PETROCARIBE, Banco del Sur, Grupo de Río, UNASUR (donde se pretende integrar al Mercosur y ala Comunidad Andina). Todas ellas están potenciando, política y económicamente, a los países de América Latina para competir en plan de igualdad con la gran potencia el Norte, superar la deuda y los ajustes estructurales que les impone el FMI, así como frenar el saqueo de las empresas multinacionales.

Últimamente, con los promotores de la independencia de los Estados del continente, se ha creado la “Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC) sin la participación de Estados Unidos ni de Canadá. Es evidente que instituciones latinoamericanas bajo el férreo control de Estados Unidos, comola OEAy los TLC, están llamadas a desaparecer.

Además, los gobiernos de Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Venezuela han fundado un Consejo  Americano de Defensa y han abandonado el TIAR; pues éste organismo, junto con las bases militares, favorecen el dominio imperial.

Ahora que los países de Europa,  atrapados por la crisis económica,  están siendo “rescatados”,  tendrían mucho que aprender del caminar esperanzador de América Latina.

 

La polémica creada en torno al pago por parte de la Iglesia católica del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) debería servir para una reflexión sobre las relaciones Iglesia-Estado que es preciso reformar en profundidad. Por otra parte, la reforma del IBI en relación con la Iglesia debe ir enmarcada en una reforma global de este impuesto que clarifique entidades, servicios, tipos de operaciones comerciales y tipos de exención. La complejidad, la casuística, la enorme cantidad de bienes patrimoniales, incluso no censados y de diversos usos, tanto por parte de la Iglesia como de otras entidades, políticas, sindicales, entidades con finalidades no lucrativas u otras, aconsejan un debate de fondo, más que una reforma precipitada.

Reclamar el IBI, aparte de meternos en un berenjenal complicado, es quedarnos a medio camino de una reflexión necesaria que, precisamente para ser fieles al espíritu de Jesús, debería incluir las siguientes cuestiones:

1. Las relaciones del Estado con Iglesia católica deben ser las mismas con las que se regula la relación del Estado con las otras entidades privadas. Lo exige la neutralidad del Estado y el respecto a la conciencia del conjunto de los ciudadanos. La Iglesia, en consecuencia, debe ampararse bajo la misma normativa legal que las otras entidades civiles. No queremos privilegios de ninguna clase.

2. Esto supone la denuncia del Concordato de 1953 que consagró el nacionalcatolicismo y los Pactos de enero de 1979, continuación del Concordato, que otorgan a la Iglesia un trato de favor con indiscutibles y enormes privilegios políticos, culturales y económicos, de los cuales el IBI es solo una pequeña parte.

3. La neutralidad del Estado no supone relegar la religión al ámbito de lo privado. Cualquier ciudadano tiene derecho a expresar públicamente sus creencias filosóficas, políticas, religiosas, artísticas o deportivas y a organizarse según sus afinidades para expresarlo públicamente. Es obligación del Estado velar por la libre expresión y respeto de todas ellas sin diferencias ni privilegios.

4. Ante la política indiscriminada de recortes,  es un escándalo ante la sociedad, y para los cristianos profundamente hiriente, que la única entidad que se salve de los recortes sea la Iglesia y que la jerarquía, por su parte, se niegue a dar un primer paso para dar ejemplo.

 

Con el lema “Desmontando mentiras, construyendo soluciones” ha tenido lugar el Foro de Madrid en el Mayo Global, uno de cuyos ejes ha sido la deuda pública. La primera mentira tiene que ver con el origen de la deuda, cuando se dice que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades, sin considerar que el poder adquisitivo del salario medio, principal sustento de la mayoría de la población, se ha estancado en los últimos 20 años, mientras que ha subido como la espuma la concentración de riqueza en la élite empresarial y financiera (tres billones de euros en los últimos 15 años).

La segunda mentira consiste en afirmar que los recortes sociales son imprescindibles para resolver el déficit fiscal del Estado, sin tener en cuenta que las rentas del capital aportan la mitad que las rentas del trabajo y que, según los inspectores de Hacienda, tres cuartas partes del agujero fiscal proceden de la banca, las transnacionales y los grandes patrimonios.

Según el Banco de España las clases adineradas siguen acumulando riqueza en la actual coyuntura de crisis, mientras se socializan las pérdidas derivadas de la especulación financiera. De muestra un botón: los 534 consejeros y miembros de la alta dirección de las empresas incluidas en el Ibex 35 percibieron en 2011 una media mensual por persona de 73.000 euros, 25 veces más que el salario medio de sus empresas, además de cobrar indemnizaciones millonarias en caso de abandono del cargo. La equidad brilla por su ausencia en una sociedad modelada por los intereses del capital privado, lo que justifica una creciente indignación ya que “no queremos ser mercancías en manos de políticos y banqueros“.

 

 

La crisis económica mundial es una crisis sistémica. Para salir de ella, las medidas que se han adoptado han sido cargar sobre los trabajadores los costes y beneficiar a los poderes financieros causantes de la misma.

En España, los gobiernos sucesivos de Zapatero y de Rajoy están sometidos a las agencias de calificación y a los dictados de UE. Por ello,  han realizado reformas laborales, que en la práctica, suponen un descalabro para el Estado de Bienestar y una violación flagrante de los derechos humanos, constitucionales y laborales de nuestros trabajadores.

Con la Reforma Laboral en España, el gobierno del PP –aplicando solo criterios de austeridad–, ha aprobado una serie de medidas como las siguientes: trabajo precario, despido libre y barato, temporalidad en el empleo, jubilación a los 67 años, horario laboral flexible, posibilidad de despido de quienes,  durante dos meses,  pidan baja médica más de 5 días al mes, e inutilidad de los convenios colectivos. A su vez, las empresas podrán libremente trasladar de lugar y rebajar la categoría a sus empleados, así como declarar un ERE sin necesidad de aprobación de la administración oficial. Se pretende, con el visto bueno de la CEOE, ir mermando la capacidad de afiliación y convocatoria de las centrales sindicales.

Mientras tanto,  el gobierno del Partido Popular ha favorecido con una amnistía fiscal a los corruptos y evasores de impuestos y privilegiado con dinero del erario público a los bancos transgresores.

Para pagar la deuda inmoral,  el gobierno de Rajoy va rebajando la inversión en ciencia, en educación y en sanidad públicas, priorizando las privatizaciones; lo que implica: reducción de personal científico, educador y sanitario, cargando parte de los costes a  estudiantes y pacientes. En este despropósito, es particularmente grave e inhumano la negación de la tarjeta sanitaria a “los sin papeles”. Para el 2013 se va a aumentar el IVA.

Los resultados son escandalosos: más 5.600.000 parados  (24,44%),  1.800.000 familias  sin ingresos por empleo, emigración creciente de españoles a otros países y va disminuyendo la inmigración de extranjeros.   

Redes Cristianas con gran número de economistas piensa que,  con sólo austeridad económica sin inversión productiva y vergonzoso sometimiento a Merkel y los mercados, nunca saldremos en España de la recesión ni disminuirá el paro. Asimismo, nos solidarizamos con la JOC y la HOAC, así como con otros sectores cristianos de base, que valientemente se están poniendo de parte de la clase trabajadora; por ello rechazamos las actitudes descalificadoras de algunos obispos, entre los que destaca Antonio Rouco de Madrid.

El pueblo está indignado; entre las muchas protestas hay que destacar la huelga general del 29 de abril y la manifestación del 1º de Mayo que fueron seguidas por millones de trabajadores en toda España. CCOO y UGT, otros sindicatos de clase y el Movimiento 15M, prometen seguir con las  manifestaciones populares, aunque Rajoy quiera criminalizarlos. Como parte que somos del pueblo,  estamos también indignados y apoyamos decididamente los rechazos y manifestaciones populares.

 

Al comienzo pudimos creer que la crisis había aparecido como algo inevitable como un fenómeno de la naturaleza. Después hemos ido sabiendo las causas, los principios sociales y económicos que la han guiado, la perversidad de los acuerdos, la crueldad de sus agentes a pesar de ser conscientes de los efectos malignos de sus decisiones, la inmoralidad de un sistema que abandona a millones de personas al paro o sin vivienda, a jóvenes sin esperanza y a los sectores mas frágiles de la población sin subsidios ni servicios. Con la crisis ha crecido con velocidad pasmosa lo que Juan Pablo II llamó “estructuras de pecado”.  Pero nuestros obispos callan.

Quizá también creímos que, como la tormenta, la crisis afectaría a todos por igual. Después hemos visto que hay quien saca provecho con el desastre colectivo. Los hemos podido identificar con sus nombres y vinculaciones a los grandes negocios, empresas, bancos (p.ej., los  que forman Ibex-35). Ni ellos mismos se privan de publicar cómo a pesar de la desgracia de la mayoría, se aumentan el sueldo, incrementan escandalosamente sus beneficios y algunos siguen robando (el fraude fiscal calculado en España oscila entre los 40.000 y 80.000 millones de euros, aproximadamente la misma cantidad de los recortes). Además de lo estructural hay, pues, también responsabilidades individuales. Estamos hablando de situaciones inmorales y delitos graves. Ante esto los obispos callan igualmente.

Sin embargo la mayoría de los documentos salidos de nuestras diócesis en referencia a la crisis dan la culpa implícitamente a la población, con argumentos como “hemos gastado demasiado, queremos servicios que el estado no puede pagar..”. Con ello, sin distinguir más, se echa la culpa de la desgracia a los mismos perdedores. Es la costumbre del neoliberalismo. Y en los últimos peldaños de la sociedad, esto supone la criminalización de los pobres, considerados culpables de su propia pobreza. Se castiga a las víctimas en lugar de castigar a los delincuentes. Frente a esto parece que el deber de todo obispo debería ser proteger al rebaño en lugar de echarle la culpa.

Es ya un tópico afirmar que esta crisis va más allá de lo económico, y que alcanza lo político, lo cultural, lo ético, lo religioso. A menudo nuestros obispos dicen que una de las causas de esta profunda crisis es el alejamiento de nuestra sociedad de Dios. Sin embargo cabe preguntarse si este abandono de Dios que reprochan a los demás no les afecta también a ellos, porque el primer fruto de la fe en Jesús es la misericordia, el acompañamiento del pobre, la capacidad de profecía, ser voz de los de abajo. Su silencio supone una opción de oídos sordos al sufrimiento y un alejamiento de Dios.

 

Nueva web de Redes Cristianas

Amigos y amigas, esta web de Redes Cristianas inicia hoy algunos cambios significativos con los que aspira a proyectar mejor su identidad y alcanzar una mayor expansión.

1. Cerramos con notable éxito una etapa que nos ha servido no solo para darnos a conocer con un discurso crítico y una articulación nueva en la Iglesia católica, sino para servir también de altavoz de otras formas de pensar y de actuar alternativas que se están dando en la sociedad y en la misma Iglesia. Nos han sorprendido gratamente las más de 3.000 visitas que a diario han accedido a nuestra página. Esto nos da pie para pensar que “ hoy por hoy somos muchas más personas de las que creemos” las que estamos en una línea similar de búsqueda y creación.

2. Esta segunda etapa se propone ahondar en la rica identidad de los muchos colectivos que estamos en Redes para elaborar y expresar desde ahí una posición más particularmente nuestra sobre lo que está ocurriendo. Aspiramos a articular una voz propia que, con responsabilidad y absoluta libertad de espíritu, se deje oír denunciando, proponiendo y defendiendo la dignidad de los seres humanos en todas las instancias en que actualmente está siendo humillada.

3. Iniciamos un “tiempo de transición” en el que, de forma progresiva y sin brusquedad, vamos a ir reemplazando lo que hasta ahora está siendo “una revista de prensa” por una página web con identidad, en la que tanto las secciones como los contenidos lleguen a reflejar más directamente la vida, el discurso y los programas de nuestros propios colectivos con los siguientes criterios:

  • Dar mayor relevancia a las expresiones y discursos colectivos que a los personales; a lo común y público que a lo exclusivo y privado; al estado de bienestar que a la beneficencia; a la distribución de la renta que a los resultados macroeconómicos.
  • Apostar antes por lo que nace y se recrea que por la fijación y la conservación; por la creatividad que por la seguridad; antes por la justicia que por la legalidad.

4. Desde estos criterios pretendemos ser suficientemente claros y decididos: seremos implacables con la corrupción política o religiosa, con la mentira como táctica del discurso y praxis política, así como, y sobre todo, con la injusticia sobre las víctimas. Cuando las señales de estas antisociales y aberrantes prácticas sean suficientemente objetivas, no recurriremos al anonimato para ocultar a los responsables. Este país y esta religión necesitan una pasada por la dignidad humana, por los derechos humanos en todas sus cuatro generaciones. No podemos seguir asistiendo a la degradación del rico patrimonio cultural, ético y espiritual de la humanidad que hemos heredado.

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