La industria naval, la automoción o la pesca se desmoronan la provincia
Cádiz no ha sabido encontrar alternativas para reactivar su economía
Con un 40,6 por ciento de su población activa en paro -4,77 puntos por encima de la media andaluza y 14,61 de la española-, Cádiz sigue siendo líder en desempleo en España y Europa y, también, ejemplo de cómo no se han encontrado alternativas al desmoronamiento de los sectores productivos tradicionales.
Este artículo señala el contexto político en el cual ocurre la corrupción en las instituciones del Estado Español, subrayando que la gran mayoría de tal corrupción ocurre entre las fuerzas conservadoras y liberales que tienen históricamente relaciones privilegiadas con el capital financiero y la gran patronal.
Este artículo muestra que los supuestos que sostienen la sabiduría convencional (que enfatiza la necesidad de bajar los salarios –como medida de la devaluación doméstica- a fin de abaratar los precios y mejorar la competitividad, y por lo tanto incrementar las exportaciones, lo cual sacará a España de la crisis) son erróneos y/o falsos. Un análisis detallado de los datos existentes no permite llegar a las conclusiones que tal sabiduría convencional promueve.
Estuve en la manifestación del sábado día 12, bajo el lema “Derechos humanos. Solución. Paz. Presos y presas vascos a Euskal Herria”. Con todo mi respeto a quienes comparten el lema pero no la manifestación y a todos los que no comparten ni el lema ni la manifestación, quiero exponer con franqueza y sencillez por qué estuve en Bilbao.
1. Al igual que una inmensa mayoría de la ciudadanía vasca, reclamo cambios sustanciales en la política penitenciaria, empezando por el fin de la dispersión, la derogación de la doctrina Parot y la liberación de los presos gravemente enfermos. La dispersión castiga injustamente a las familias. La doctrina Parot ha sido unánimemente declarada ilegal por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. El mantenimiento en prisión de un enfermo gravemente enfermo contradice el sentido de la prisión según la Constitución: prevención y reeducación/reinserción. Las tres medidas fuerzan el derecho vigente. Y, sobre todo, vulneran los derechos humanos de los presos.
