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El Foro Interétnico Solidaridad Chocó, la Mesa Permanente de Diálogo y Concertación de los Pueblos Indígenas del Chocó y las Diócesis de Apartadó, Istmina-Tadó y Quibdó, nos pronunciamos sobre la grave crisis humanitaria que se sufre en todo el Departamento del Chocó, ocasionada por la ineficacia Estatal, el accionar de grupos armados ilegales y delincuencia común.
El Gobierno colombiano ha avanzado poco en la implementación de los acuerdos con las FARC-EP y ha desconocido el Capítulo Étnico; tampoco ejerce control integral en los territorios dejados por las FARC-EP, sumiendo a los pobladores del Departamento en gran indefensión, a merced de grupos
paramilitares, ELN y otros actores armados, tal como lo afirmó la Corte Constitucional en el Auto 502 de 2017 y se ha documentado actualmente por las organizaciones étnicoterritoriales, por instituciones como la Defensoría del Pueblo y organizaciones como OCHA.

El Ejército y la Marina realizan operaciones en el territorio, pero no son
suficientes para contrarrestar el accionar de los grupos al margen de la ley. El
Ejército tiene una red de informantes de la población civil, lo cual es violatorio
del principio de distinción, y al implementar obras de infraestructura,
actividades sanitarias y de integración social, pone en grave riesgo a la
población civil por la intensidad del conflicto armado en la región. Además, la
Fuerza Pública no ha asumido sustancialmente las directivas 006 y 007 del
Ministerio de Defensa para su accionar en Territorios Colectivos.

En los grandes centros urbanos del Departamento, la tasa de homicidios
supera el promedio nacional; en ellos, actores armados ilegales ejercen control
territorial de extensas zonas, extorsionan a pobladores sistemáticamente,
construyen fronteras invisibles, imponen horarios para la movilidad de sus
pobladores, restringen el acceso de foráneos, ejercen el microtráfico, utilizan a
niños y adolescentes como informantes (campaneros), y con mucha frecuencia
violan a menores de edad.

La presencia del autodenominado Clan del Golfo, que ocupa y disputa
territorios étnicos es evidente. Este grupo ha incrementado su accionar en la
región: se financia con la economía ilegal en minería, participa en la cadena
de valor de la cocaína, extorsiona y obliga a personas de las comunidades para
que sean sus informantes.

El ELN, en los últimos meses, ha incrementado su presencia en todas las
subregiones del Chocó. Algunas de sus afectaciones son: control territorial
mediante el uso de las armas; instalación de minas antipersonales; financiación
mediante la economía ilegal (minería, narcotráfico, hurto de animales
domésticos, extorsión a pequeños tenderos); reclutamiento de menores de
edad afros e indígenas; presión a habitantes de las comunidades para que
sean sus informantes; señalamientos y amenazas indiscriminadas;
convocatorias obligadas para que las comunidades participen en sus
reuniones; programación arbitraria de actividades deportivas y eventos
culturales en los territorios colectivos; obstaculización a las comunidades para
realizar sus labores tradicionales. El 13 de mayo de 2018 el ELN interrumpió
una fiesta comunitaria y uno de sus integrantes asesinó a José David Hurtado
Mosquera en Pogue-Bojayá.

Algunas consecuencias del accionar de actores ilegales en todo el territorio del
Departamento son: desplazamiento forzado, confinamiento de varias
comunidades, temor generalizado y coacción de liderazgos comunitarios. Esta
crisis humanitaria se agrava por la crisis social y ambiental en la que viven los
chocoanos.
En nombre de las comunidades, exigimos:

1. Al Gobierno colombiano: que garantice la libre movilidad, la seguridad
integral a lideresas y líderes, comunidades y organizaciones en el
territorio chocoano; que cumpla las salvaguardas y compromisos
establecidos en el Capítulo Étnico del Acuerdo de paz; que desintegre a
los grupos armados ilegales, y que atienda la grave crisis humanitaria,
social y ambiental en el Chocó, acorde con la exhortación de la
Sentencia T- 622 de 2016, la cual reconoció al Río Atrato como Sujeto
de derechos.

2. Que los Organismos de Control ejerzan con mayor eficacia su
responsabilidad frente a la protección de los Derechos Humanos de los
habitantes del Departamento.

3. Al ELN y al Gobierno colombiano: que asuman las exigencias del
Acuerdo Humanitario, Ya!, y establezcan un Cese al Fuego Bilateral de
forma urgente, respetando los Derechos Humanos y el Derecho
Internacional Humanitario.

Iglesia y Organizaciones Étnicoterritoriales valoramos la solución negociada al
conflicto armado y hacemos un llamado al Gobierno Nacional para que se logre
la efectiva implementación del Acuerdo de Paz con las FARC-EP. Igualmente,
pedimos que continúe la Mesa de Diálogos con el ELN en La Habana, con
criterios de verdad y de coherencia, y en el respeto a la confianza del pueblo
colombiano.

Bogotá, 5 de julio de 2018.
Foro Interétnico Solidaridad Chocó
Mesa de Diálogo y Concertación de los Pueblos Indígenas del Chocó
Diócesis de Quibdó
Diócesis de Apartadó
Diócesis de Istmina – Tadó

   
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