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NUEVATRIBUNA
En plena tormenta sobre la financiación autonómica por la falta de presupuestos y de un Gobierno estable y con capacidad de legislar, vuelve a surgir el debate sobre la necesidad de acometer una reforma del sistema fiscal, a la que los sucesivos ejecutivos no han hecho más que poner parches desde hace décadas.
No obstante, y dada la dificultad que entraña el objetivo de alcanzar un amplio acuerdo entre las fuerzas políticas para abordar la referida reforma, hay cuestiones que deberían constituir una prioridad desde el punto de vista de la necesidad de dotar de mayor suficiencia y equidad al sistema.

En España, el tipo marginal máximo del IRPF se sitúa, al margen de algunas variaciones como consecuencia de los distintos tramos autonómicos, en el 45%, lo que nos sitúa en el puesto número 15 de la Unión Europea

Una de las más preocupantes es la caída de la recaudación del impuesto sobre sociedades, que en 2018 se quedó en poco más del 50% de lo conseguido en el año 2007, mientras que el IRPF y el IVA superaban ya con creces las cifras del mismo año.

Por ello, medidas que quedaron en el tintero tras la última disolución de las Cortes, como el establecimiento de un tipo mínimo en el Impuesto o el gravamen sobre determinados servicios digitales, deberían retomarse en este nuevo curso, si es que llega a comenzar.

Asimismo, el Impuesto sobre la Renta (IRPF) también debería ser incluido en esa lista de prioridades, dada la pérdida de progresividad que viene padeciendo desde hace años, como consecuencia de esa tesis, ahora desmentida por el propio Fondo Monetario Internacional, de que la progresividad era una rémora para el crecimiento económico. Y, en este sentido, debería atenderse a la recomendación de incrementar los tipos a las rentas más altas, que el FMI hacía en su informe Monitor Fiscal, de octubre de 2017.

En España, el tipo marginal máximo del IRPF se sitúa, al margen de algunas variaciones como consecuencia de los distintos tramos autonómicos, en el 45%, lo que nos sitúa en el puesto número 15 de la Unión Europea, teniendo por delante a los países más potentes económicamente y por detrás a los menos desarrollados. Es decir, existe un claro margen para modificarlo.

Otro asunto que se debería replantear, siguiendo esta vez las recomendaciones de la OCDE, es la dualidad del IRPF, por la que el 84% de la recaudación del Impuesto proviene del gravamen a los rendimientos del trabajo y sólo el 9% del rendimiento del capital. Esto provoca que, en realidad, tengamos dos impuestos: el de las nóminas y pensiones, por un lado; y, por otro, un impuesto sobre el capital a tipos mucho más bajos.

Por último, el impuesto de Sucesiones no está exento de debate y, ante los que defienden su supresión, utilizando en muchos casos argumentos que no se corresponden con la realidad, lo idóneo para mantener una buena distribución de la riqueza sería conservarlo, estableciendo cierta armonización. En esto coincide también el comité de expertos nombrados para abordar la modificación del régimen de financiación autonómica, en el que, por unanimidad, se abogó por su mantenimiento y por el establecimiento de unos mínimos, que eviten su desaparición de hecho, como viene ocurriendo en alguna Comunidad, en relación con las sucesiones entre los familiares más cercanos.

En definitiva, sería hora de dejar de poner parches a una política fiscal que necesita una reforma global y en profundidad para adaptarse a un modelo productivo propio del siglo XXI.

   
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