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La empresa norteamericana Caliburn además de ofrecer servicios en Irak, Afganistán y otras regiones, mediante su filial CHS recibe multimillonarios pagos por operar refugios de niños latinoamericanos migrantes no acompañados. Caliburn cuenta en su junta directiva con el exjefe del Comando Sur y exsecretario de Seguridad Nacional, John F. Kelly.
En abril de 2018, el entonces fiscal general de EEUU Jeff Sessions anunció la política de ‘tolerancia cero’ a la migración ilegal.
“El Congreso no ha aprobado una legislación efectiva que sirva al interés nacional, que cubra peligrosos huecos y financie completamente un muro a lo largo de nuestra frontera sur. Como resultado, ha estallado una crisis en nuestra frontera suroeste que requiere un esfuerzo mayor para procesar a quienes eligen cruzar ilegalmente nuestra frontera”, dijo el fiscal general.

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Asimismo advirtió que “entrarilegalmente en este país no será recompensado”, sino que se enfrentará a todos los poderes del Departamento de Justicia.
Dicha decisión hizo que miles de niños migrantes centroamericanos fueran separados de sus padres y alojados en instalaciones administradas por organizaciones no gubernamentales y empresas contratistas.
Como lo dispuso el Gobierno norteamericano, ésta política reemplaza cualquier política existente y si la adopción de la misma requiere recursos adicionales, cada oficina deberá identificar y solicitar dichos recursos.

Puertas giratorias
La política de “tolerancia cero a la migración ilegal” destina un multimillonario presupuesto a unas pocas organizaciones no gubernamentales, religiosas y empresas privadas, encargadas de administrar los refugios o albergues para niños, entre otras actividades.
Una de las beneficiarias es la compañía Caliburn International, mediante su filial Comprehensive Health Services, CHS, que administra las instalaciones más grandes para niños migrantes en Estados Unidos.

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Antes de unirse a la Administración Trump, según la misma fuente, el exsecretario de Seguridad de EEUU, John F. Kelly ya era parte de la junta de asesores de DC Capital Partners, una firma de capital privado propietaria de Caliburn.

Recordemos que Kelly al fungir como jefe del Comando Sur de EEUU de 2012 a 2016 tuvo la responsabilidad de “velar por el mantenimiento de las fronteras y el combate contra la inmigración ilegal y el tráfico de drogas”.
En 2017, el presidente Trump lo designó en el cargo de secretario de Seguridad Nacional. De 2017 hasta enero de 2019 se desempeñó como jefe de Gabinete de la Casa Blanca.
Queda claro que la información que posee Kelly y su entorno es colosal, en especial sobre los planes para frenar y disuadir la migración y sobre los métodos y negocios que giran alrededor de la problemática.

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Caliburn International ofrece consultoría e ingeniería en defensa nacional, salud, diplomacia internacional y seguridad nacional y sus clientes son tanto comerciales como gubernamentales.
Dicha compañía reconoció ante la Comisión Nacional del mercado de valores, SEC por su sigla en inglés, que identificó la política de inmigración como una oportunidad de crecimiento.

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Reportó a la SEC que a través de su negocio de servicios médicos y humanitarios, están involucrados en la prestación de servicios médicos y de la vida diaria para los niños que son detenidos en la frontera de EEUU y que esperaban que “estas operaciones sean parte de nuestro negocio en el futuro y que nuestros niveles de operaciones en estas áreas puedan aumentar”.
La compañía expresó en dicha ocasión su preocupación por la posible pérdida o reducción de sus contratos en Irak y Afganistán.

Advirtió que “si el Gobierno de EEUU cambiara su política con respecto al apoyo a estas regiones, ya sea por el aumento de las actividades insurgentes o la desestabilización, incluidos los disturbios civiles o la guerra civil en Irak o Afganistán, o el deterioro de las relaciones entre EEUU y estos países, nosotros podríamos estar imposibilitados de proporcionar servicios o nuestros contratos para proveer servicios podrían ser rescindidos”.

“Cualquiera de los aspectos anteriores podría afectar negativamente nuestro rendimiento operativo y podría resultar en costos adicionales y pérdida de ingresos” se quejaron.
Ahora Caliburn y sus filiales han ampliado con mucho éxito su ámbito de negocio, y al parecer encontraron una fuente de recursos que no parará de fluir al menos en un corto plazo.
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Según la agencia informativa CBSnews los registros de contratos federales muestran que la filial de Caliburn, CHS recibió al menos 222 millones de dólares para operar entre el 7 de julio de 2018 y el 20 de abril de 2019, y podría recibir mucho más.
Es decir que, en el transcurso de 270 días, recibió financiación de aproximadamente 800.000 dólares diariamente.

Entonces, no es para menos la alegría de James Van Dusen representante de Caliburn al decir que “con cuatro décadas de liderazgo militar y humanitario, una comprensión profunda de los asuntos internacionales y el conocimiento de los propulsores económicos actuales en todo el mundo, el general Kelly es una adición estratégica sólida para nuestro equipo”.
Además de Kelly, Caliburn incluye a otros exmilitares de alto rango.

Contratos multimillonarios y sueldos exorbitantes
Una revisión de los datos de contratos referidos a atención de migrantes ilegales realizada por Sludge, encontró que el Gobierno de EEUU ha gastado casi 3.800 millones de dólares en subvenciones y contratos en la gestión de “niños extranjeros no acompañados” (UAC), desde que el presidente Trump asumiera dicha política.

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Según la misma fuente los principales receptores de fondos son Southwest Key Programs (1.500 millones de dólares) y BCSF Health and Human Services (659 millones de dólares).
También reciben fondos las compañías privadas, como la firma de seguridad MVM (213 millones de dólares) y CHS Comprehensive Health Services (292 millones de dólares), la subsidiaria de la compañía donde John Kelly es miembro de la junta directiva.

La empresa CHS, según la misma fuente, cobra 750 dólares por persona por día, mucho más de lo que costaría un caro hotel, incluida la alimentación. La compañía opera otros tres refugios, todos en Texas, y tiene 292 millones de dólares en contratos gubernamentales en curso.
La investigación de Sludge indica que 10 de las entidades que reciben la mayor cantidad de dinero para las operaciones de UAC, pagaron a sus principales ejecutivos más de 300.000 dólares en compensación anual, hecho que habrían corroborado en documentos fiscales disponibles públicamente.

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Se sabe de denuncias de maltratos y abusos en varias de estas instalaciones de ‘refugio’, lo cual hace más indignante conocer los montos de los ‘honorarios’ de sus administradores, peor aun cuando se sabe que los consiguen a costa de niños, de la nacionalidad que fuera.
Queda claro que al negocio no le importa otra cosa que no sea lucrarse con la tragedia diaria.
Para enrarecer más el panorama, un informe del inspector general del Departamento de Seguridad Nacional de EEUU emitido el 2 de julio pasado advierte sobre el “hacinamiento peligroso” y la “detención prolongada” en varias instalaciones de procesamiento de migrantes de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP).

A menudo se escucha en los medios de comunicación a las autoridades gubernamentales de distintos países y de organismos internacionales referirse a la migración como un “fenómeno”, casi natural, y lo grave es que nos estamos acostumbrando a ello.
En este caso no se trata de un proceso regular de movilidad humana. La región centroamericana sufre una guerra solapada que expulsa miles sino millones, y que los convierte en parias, ante la mirada impávida de algunos políticos de turno y la ausencia o pasividad de organismos multilaterales.

En tanto, otros disfrutan de sus prósperos negocios, fruto de esa tragedia.

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