images1La Iglesia católica española necesita una seria autocrítica. No se puede robar, aunque sea al amparo de  una legalidad injusta y de privilegio

El día 9 del pasado mes de febrero de 2017 la Coordinadora Estatal para la  Recuperación del Patrimonio Inmatriculado por la Iglesia católica —RECUPERANDO— que agrupa a una veintena de colectivos de todo el Estado, presentó ante la Comisión de Peticiones del Congreso de Diputados dos iniciativas parlamentarias.  Ambas iban dirigidas a buscar una fórmula global para la aplicación de las sentencias del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH) que considera “arbitrarias” las inmatriculaciones que la Iglesia católica ha practicado porque vulneran derechos fundamentales de personas individuales y colectivas.

Una de las iniciativas es para recabar el listado de bienes inmatriculados controvertidos en todo el país al amparo del derogado art. 206 de la Ley Hipotecaria,  y que el Ejecutivo central se ha negado a satisfacer en un ejercicio reiterado de encubrimiento y proteccionismo.  La segunda iniciativa está encaminada a pedir/exigir la creación de una Comisión Permanente no legislativa que estudie la situación generada por las recientes sentencias del 4 de noviembre de 2014 y del 20 de diciembre de 2016 del TEDH y señale el procedimiento a seguir para restaurar la legalidad conculcada.

Ambas sentencias del tribunal de Estrasburgo califican de “arbitraria y difícilmente predecible” la norma que desde 1948, en pleno franquismo, ha violado de forma continuada y masiva los derechos constitucionales y la normativa europea. Esta práctica especialmente fraudulenta se intensificó a partir de 1998 en que se reformó el Reglamento Hipotecario para ampliar  el registro hasta los templos y lugares de culto, completando de este modo un mapa que se extiende a miles de lugares e inmuebles desde la Mezquita-Catedral de Córdoba  hasta  ermitas, locales, viviendas, huertas y fincas, caminos y plazas, etc.  Es verdad que, forzado por la presión social y política,  el Gobierno del Sr. Rajoy se ha visto obligado a derogar este privilegio registral, graciosamente otorgado a los obispos, el 24 de junio de 2015. Pero esta derogación no ha resuelto jurídicamente bien el problema, sino que ha provocado indefensión ciudadana y amnistía registral de los bienes inmatriculados en fechas anteriores.

Las sentencias del tribunal del TEDH —que consideran nulas las inmatriculaciones practicadas por la vía de los  art. 206 de la Ley Hipotecaria y 304 del reglamento Hipotecario— suponen, a juicio de la Plataforma RECUPERANDO, un varapalo sin precedentes contra el privilegio registral de los obispos en la apropiación de inmuebles de carácter comunal e impone al Estado una indemnización record de 600.000 euros por su pasividad  en la protección de los derechos particulares y colectivos de la ciudadanía.

La actitud ante la justicia define tanto la calidad moral de las instituciones como el perfil de los Estados. Difícilmente podrá ser ejemplar y ecuánime un Estado que mantiene y ampara comportamientos discriminatorios entre la ciudadanía. Cuando la “justicia no es igual para todos/as”, cuando todas las persones y colectivos no son objeto de igual trato jurídico, como se está evidenciando sobradamente en estos días,  la convivencia se tensa y sufre y se pervierte su calidad democrática. Un Estado que no es justo con toda su ciudadanía está condenado al descrédito y a la desaparición. Y las inmatriculaciones, a parte del varapalo del TEDH —cuyas consecuencias vamos a tener que pagar todos los ciudadanos/as—,  son, entre otros, uno de los lugares más flagrantes de la desigualdad de trato y de encubrimiento de nuestro Estado de derecho. ¿Seguirán nuestros políticos y el actual Gobierno mirando al otro lado después de este juicio inapelable del Tribunal Europeo?

Desde Redes cristianas pensamos que la Iglesia católica española necesita, a este propósito como a otros muchos, una seria autocrítica. No se puede robar, aunque sea amparándose en  una legalidad injusta y de privilegio. Antes que la apropiación y posesión particular y exclusiva de unos inmuebles y lugares comunes está el respeto a la colectividad y la dignidad y el honor propios. Actitudes que, a nuestro juicio, están siendo conculcadas con las inmatriculaciones. ¿Dónde queda aquello de que “a Dios ya no se le da culto ni en este monte ni  en Jerusalén… sino en espíritu y en verdad” (Jn 4, 21-24),  y que, en realidad, “sois vosotros/as el verdadero templo de Dios” (1 Cr 3, 16)? ¿Tampoco tiene nada que decir,  a este propósito,  la “Iglesia en salida” o “Iglesia de puertas abiertas” como la quiere el papa Francisco (EG 46-49)? ¿No es la propia imagen de la institución Iglesia la que queda más dañada con estos fraudes? ¡Dignidad y honor queremos, no propiedades!

 
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