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(Infolibre)
Audita Sanidad denuncia la “manifiesta presencia” de los lobbies “en el proceso de privatización de los servicios públicos”
Los lobbies empresariales dominan la sanidad madrileña. Es una de las principales conclusiones de Audita Sanidad, una organización ciudadana que a través de su informe Influencia de los lobbies en la sanidad madrileña constata la “manifiesta presencia e importancia que éstos tienen en el proceso de privatización de los servicios públicos y, en concreto, de la sanidad pública”. Según los datos recopilados por la plataforma, durante el año 2017 el 54,34% de todas las adjudicaciones fue a parar a manos de empresas privadas, que disfrutaron del 60,35% del gasto sanitario identificado. El principal efecto, tal y como denuncia Vicente Losada, portavoz de la organización, es que cada año “el dinero público recae en empresas privadas para efectuar labores que tendría que asumir el sistema público”.

En total, las adjudicaciones a empresas pertenecientes o relacionados con los lobbies se mantienen en 921 contratos por un importe total de 387.489.188,92 euros. Entre la treintena de lobbies que de forma más acusada dominan en la sanidad madrileña, destacan algunos nombres propios: la Fundación Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS), la Asociación España Salud, Farmaindustria, la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (FENIN) o la Sociedad Española de Directivos de la Salud (SEDISA), de acuerdo a la información que ofrece Audita Sanidad.

Las consecuencias de esta presencia cada vez más arraigada tienen que ver con la “formación y consolidación progresiva de los lobbies en el sector sanitario” con el objetivo de “facilitar su labor de visibilización y sensibilización del sector sanitario privado, reafirmando su papel esencial”, así como “dirigir o influir y propiciar políticas sanitarias públicas que les potencia y beneficia”.

Los contratos que han sido estudiados por los miembros de la plataforma ciudadana contemplan solamente aquellos efectuados mediante concurso de licitación. No están incluidos, por tanto, los acuerdos relativos a los hospitales PPP, de gestión 100% privada, ni tampoco los contratos menores, que no son objeto de licitación –se trata de “contratos a dedo”, denuncian los autores del informe–. A ese respecto, Audita Sanidad presentó el 17 de junio una denuncia contra la cúpula de Consejería de Sanidad por presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y fraude “por fuertes evidencias de fraccionamiento en numerosos contratos menores firmados en el año 2016″.

En sus conclusiones, el análisis detalla la existencia de un total de 570.031 contratos menores por un importe total de 850.547.693,24 euros. En tales contratos menores, que “suponen un 75% del importe de la contratación pública, aparecen los mismos grupos empresariales que ya están en los primeros puestos de los contratos adjudicados mediante concurso público que el presente informe analiza”.

“Una deuda ilegítima”
Los autores del trabajo vinculan además las prácticas de privatización con la deuda pública acumulada en la comunidad. Denuncian, en ese sentido, que la deuda se ha multiplicado por siete desde el año 2000 y en 2018 ya alcanzó los 33.270 millones de euros. La deuda acumulada, han explicado, supone un 153,7% del presupuesto marcado para 2018 y su pago es la tercera prioridad para el Gobierno de Madrid, por encima de las políticas sociales o de empleo.

El origen de la deuda, afirman, puede ser “muy heterogéneo: una fiscalidad regresiva y permisiva con el fraude fiscal, la privatización de servicios que habían sido públicos –y el sobrecoste generado por la gestión privada y por la pérdida de ingresos–, la financiación de proyectos o procesos que generen impactos ambientales, de género o de desigualdad social, o la corrupción de las instituciones son algunas de las causas que generan esta deuda ilegítima”.

   
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