A cada uno, según su sensibilidad, le preocupa uno u otro de  los problemas de la sociedad. Creo que estamos obligados a reflexionar sobre ellos y a formarnos al respecto un criterio ético de comportamiento en consonancia con el humanismo que cada cual haya asumido. El mío, que es resultado de varias influencias, me ha hecho especialmente sensible  a la situación de los colectivos marginados en la sociedad. Creo que uno de ellos puede ser la población más pobre de los reclusos de los centros penitenciarios, donde también hay un grupo importante de indigentes, necesitados de todo tipo de ayuda. Algunos, por distintas razones, carecen hasta de un lugar donde salir a disfrutar de los permisos de salida a los que tendrían derecho. Precisamente mi servicio de voluntariado lo hago en una ONG que trata de ser un hogar adecuado de acogida. De ahí mi preocupación por la situación de las cárceles en este difícil momento en el que vivimos, impactados por el agresivo coronavirus.

Podemos informarnos de la normativa que el Ministerio de Interior dio para afrontar la situación en prisiones y también podemos conocer los problemas que hay entre los funcionarios de prisiones, que, sin duda, ellos mismos deben disponer de todos los medios preventivos seguros para no contagiar ni contagiarse. Sería importante que la sociedad recibiera información detallada sobre la situación en todas las prisiones. Este un colectivo de muchísimo riesgo si no se cumplen las normas y no se disponen de los medios necesarios para prevenir el contagio.

Por mi parte, quiero unirme al escrito que un grupo de asociaciones han enviado hace unos días al Ministerio del Interior y a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. En él solicitan, “dada la crítica situación de la asistencia sanitaria dentro de prisión y de los efectos que el coronavirus puede tener en una población especialmente vulnerable, una serie de medidas urgentes para velar por los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad”, mostrando su preocupación por “los efectos que puede tener el coronavirus en la salud y en los derechos de las personas presas”.

Piden además en el referido escrito que se refuerce de inmediato las plantillas de personal sanitario dentro de prisión; que las medidas preventivas que se adopten no les supongan más restricción de los derechos fundamentales de la que ya tienen en la actualidad por su propia condición de reclusión; cualquier aislamiento que deba adoptarse por medidas de prevención de contagios debe hacerse con criterios estrictamente médicos; se pide que los centros penitenciarios hagan un esfuerzo comunicacional para que los reclusos mantengan la relación con su familia y la sociedad; se solicita la “gratuidad de las llamadas telefónicas extras. Hay que tener en cuenta que se han anulado todos los permisos penitenciarios y la entrada en la cárcel de las ONGs y de otros agentes externos habituales. También piden estas asociaciones que se valore la posibilidad de que, en determinados casos, se puedan adoptar otras medidas para internos enfermos graves y de más de 70 años por constituir un grupo con doble riesgo, y también para los que están en prisión preventiva.

Estas organizaciones sociales, académicas y profesionales, dedicadas a la promoción de los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad, señalan que se trata de “adoptar medidas urgentes que eviten, por un lado, la propagación del coronavirus dentro de las cárceles y, por otro, que se garanticen los derechos fundamentales en igualdad de condiciones con la ciudadanía”.

Marzo  de 2020

José María Álvarez Rodríguez (Foro Gaspar García Laviana)

   
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