Aunque un tanto ambigua y probablemente no compartida por el ala más dura de la Conferencia Episcopal, encuentro positivas algunas de las afirmaciones del presidente de la Conferencia Episcopal en su discurso de apertura de la última asamblea de la CEE. Me refiero mayormente a estas tres tomas de postura:

1ª) Al reconocimiento de la necesidad que tiene la jerarquía católica española de “ pedir perdón por actuaciones concretas”, tales como la beligerancia mantenida por algunos de sus más destacados miembros contra el gobierno legítimo de la II República (1931-1936); o por la justificación que hizo el episcopado en pleno (salvo el cardenal Vidal i Barraquer y el obispo de Vitoria, Mateo Múgica) del golpe militar que desencadenó la Guerra Civil (1936-1939); y por el apoyo y legitimación que prestó al dictador durante los cuarenta años de dictadura y represión franquista (1939-1975). Esta postura del obispo Blázquez, aunque tímida, representa una posición distinta a la doctrina oficial que ha venido manteniendo el episcopado español, al considerar a “la Iglesia, en la Guerra Civil, como sujeto paciente y víctima” únicamente. La petición de perdón que el obispo Blázquez parece dirigir exclusivamente a Dios será siempre insuficiente mientras no se dirija abiertamente a las víctimas, de cuyo sacrificio la jerarquía de entonces, por su postura de colaboración o de silencio, se hizo corresponsable.

2ª) Me parece también positivo el reconocimiento que hace el presidente de la Conferencia Episcopal de las víctimas del otro bando, “mostrando nuestro respeto, dice, a las personas que han servido a sus causas hasta las últimas consecuencias”. Encuentro en esta actitud un intento de superar el sesgado parcialismo y la clamorosa falta de piedad y de justicia que ha manifestado la jerarquía católica en la beatificación de los 498 mártires de la Guerra Civil. Según los historiadores, fueron decenas de miles las ejecuciones y asesinatos practicados por la represión franquista por defender la legalidad contra el usurpador y la justicia debida al pueblo. Entre estas multitud de víctimas, además de sacerdotes, religiosas y religiosos, hubo otros muchos más seglares cristianos (y no cristianos) cuya dignidad aún no ha sido oficialmente reconocida. También en este punto parece desmarcarse el obispo Blázquez del rechazo colectivo del episcopado a la Ley de la Memoria Histórica que se está tramitando en las Cortes, pues según él, “cada grupo humano tiene derecho a rememorar su historia”.

3ª) Considero también positiva y oportuna la referencia a Tarancón, testigo de excepción y defensor sincero de la mentalidad del Vaticano II, cuya petición de perdón “por no haber sabido ser ministros de reconciliación” durante todo el proceso desde el golpe militar hasta la muerte del dictador, no pudo culminar en la Asamblea Conjunta de Obispos y Sacerdotes de 1971. Tiene razón el presidente de la Conferencia Episcopal Española al afirmar que el cardenal Tarancón, “en una coyuntura crucial” como aquella, fue “un don de Dios para la iglesia y la sociedad española”.

Ojalá que los obispos españoles se encaminen por esta senda, tímidamente abierta por su presidente, que se orienta hacia la reconciliación, y ojalá que abandonen definitivamente toda colaboración con el ambiente de crispación y el intento de división entre los españoles. Por este camino encontrarán el apoyo y el reconocimiento de la inmensa mayoría del pueblo.

   
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