images2La expresión “fondos buitre” se utiliza para denominar a determinados fondos de inversión que, como la imagen sugiere, construyen su negocio “carroñeando”: aprovechando situaciones de vulnerabilidad de las administraciones públicas para obtener el máximo beneficio a costa de precarizar los derechos sociales de los ciudadanos.

La expresión comenzó denominando a fondos que adquieren deuda soberana de los Estados en apuros, ya emitida y subastada, pero que circula en los mercados secundarios devaluada.  La compran con descuento y luego buscan el negocio litigando contra el Estado emisor de los títulos para recuperar el valor nominal originario.

Los fondos buitre no son más que los agentes menos amables del “sistema deuda en que vivimos. Para garantizar el pago de la deuda se imponen programas de ajuste estructural (a través de instituciones financieras internacionales como el FMI o el Banco Mundial), sean cuales sean las condiciones económicas y sociales del país afectado y las consecuencias para sus poblaciones. Estos programas desembocan muy a menudo en la supresión o degradación de servicios públicos y en privatizaciones de numerosos sectores. La deuda sirve así como pretexto para imponer a los pueblos medidas de austeridad antisociales.

En nuestro país, por el Tratado de Maastricht de la UE, las administraciones públicas no pueden financiarse con el recurso a préstamos del Banco Central Europeo, sino que han de recurrir a créditos de la banca privada, alimentada, esta sí, por los créditos del BCE. Y la reforma de 2011 modificó el artículo 135 de la Constitución estableciendo que el pago de la deuda pública fuese lo primero a pagar frente a cualquier otro gasto del Estado: “Los créditos para satisfacer los intereses y el capital de la deuda pública de las administraciones se entenderán siempre incluidos en el estado de gastos de sus presupuestos y su pago gozará de prioridad absoluta”. Al día de hoy: “Bruselas exige recortar 7.800 millones de euros de gasto público, no de intereses de la deuda” (1). Es nuestra manera “europea” de estar sometidos al “sistema deuda”.

Esto quiere decir, por los recortes que lleva consigo en los Presupuestos Generales del Estado, que el gasto público en sanidad, educación, en residencias de ancianos, etc. se va reduciendo progresivamente, sus servicios se van deteriorando y se obliga, por pérdida de calidad, o incluso, por recomendaciones de los propios funcionarios de los servicios públicos, a acudir a las prestaciones de las empresas privadas, donde los fondos buitre están realizando sus rentables inversiones.

Y, con frecuencia, sus operaciones, curiosamente, no sólo no disminuyen ese gasto público, sino que a menudo lo incrementan, empeorando la calidad del servicio. Según la Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad, en la Comunidad de Madrid el 13% del presupuesto público se está yendo a hospitales de gestión privada. Y en algunos procesos pagamos los servicios hasta 6 veces por encima de su precio. Este dinero que es de todos se dedica a beneficiar a determinadas empresas, que además ni siquiera muchas veces tributan en España.

Esto quiere decir que las administraciones públicas, para controlar la deuda, privatizan a precio de saldo vivienda pública que debería servir para garantizar los derechos sociales y pasan a convertirse, en manos de estos fondos, en un negocio rentable: “La cuentas de Blackstone-Fidere informan de una “plusvalía latente” del 36% en dos años. El precio de mercado que ahora tienen sus inmuebles alcanza 317 millones de euros, cuando el valor que se le dio al adquirirlas suponía 201 millones.” (2)

Esta operación, y otras similares, fue fundamental para que los inversores internacionales vieran con qué facilidad se puede hacer negocio con la situación de debilidad de las administraciones públicas en España.  Y así, en estos últimos años, todos los alquileres en Madrid han subido casi un 50%. Son operaciones que consolidan la burbuja del precio de la vivienda y facilitan las operaciones especulativas, al aumentar las expectativas de revalorización del suelo y del inmobiliario en el conjunto de la ciudad.

En el ámbito de la economía privada actúan comprando-vendiendo empresas con fines especulativos.  Buscan acceder a su control y gestión para realizar las pertinentes operaciones de reorganización interna de los recursos, generalmente mediante la venta de activos o la reducción de plantilla buscando una rápida capitalización. Esta gobernanza, asociada a la obtención de ganancias en el menor plazo posible con una constante elevación del valor de las acciones, se traduce en una descapitalización de las empresas y subsiguiente crecimiento del paro.

Otra operación “carroñera” que realizan los fondos buitre, aprovechándose del recurso al juego que un creciente sector de personas utiliza para completar sus ingresos menguantes, es su presencia en los locales de apuestas: “Empresas como CODERE y SPORTIUM están muy vinculadas a fondos buitre que son sus principales propietarios” (3).  “Dos multinacionales del juego con vinculaciones con la derecha política infectan los barrios pobres con casas de apuestas. El sector mueve 13.000 millones de euros al año y deja un 10% de beneficio a los operadores.” (4)

En realidad, estos fondos hacen el “trabajo sucio” de los bancos, fondos de inversión: Detrás de Blackstone, por ejemplo, están altos cargos de Lehman Brothers, causante de la crisis de 2008, por su difusión masiva de hipotecas basura tanto en EE.UU. como en España. Nació como su empresa subsidiaria; sus fundadores venían de lo alto del organigrama de Lehman Brothers.  Y el “senior advisor” (asesor) en las áreas de capital riesgo e inmobiliario de Blackstone en España es Claudio Boada, anterior presidente de Lehman Brothers para España y Portugal.  Boada había sido también presidente del Círculo de Empresarios durante ocho años y había tenido altos cargos en el BBVA. (5)

Son situaciones que denuncia Francisco: “La deuda y sus intereses alejan a los países de las posibilidades viables de su economía y a los ciudadanos de su poder adquisitivo real. En este sistema, que tiende a fagocitarlo todo en orden a acrecentar beneficios, cualquier cosa que sea frágil queda indefensa ante los intereses del mercado divinizado, convertidos en regla absoluta.” (7)

Y el Comité para la abolición de las deudas ilegítimas ha propuesto en la ONU medidas (6):

– La realización de auditorías ciudadanas de la deuda pública, que permitirían identificar y anular las deudas ilegales, odiosas, ilegítimas e insostenibles.

– La suspensión del pago de las deudas cuando su reembolso impide a los poderes públicos garantizar los derechos humanos fundamentales de sus poblaciones.

– Especificar, en los títulos de la deuda que los estados emiten, la competencia de la justicia nacional en caso de litigio

– Que las instituciones financieras internacionales adapten sus recomendaciones al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales que consagra el derecho de los pueblos a disponer de sí mismos y a los derechos económicos, sociales y culturales.

– Algunos de estos criterios ya han sido tenidos en cuenta en la Ley aprobada por el Parlamento belga en 2008, “Ley relativa a la lucha contra las actividades de los “fondos buitre”.

NOTAS:

(1) www.rebelión.org,  2-8-2019

(2) “El fondo buitre Blackstone calcula que sus VPO ya valen 100 millones más de lo que le costaron”, “El diario”, 19-6- 2016

(3) “Vecinos y partidos de izquierda se aúnan para frenar aumento de locales de apuestas”, Público, 23-5-2019

(4) Luis Díez, cuarto poder, 3-6-2019

(5) “Blackstone convertido en el rey inmobilario”, Ter García, El Salto, 16-7-2019.

(6) Declaración de CADTM y CETIM en la ONU, Ginebra, 25 de febrero de 2015

(7) “Evangelii Gaudium”, 56

   
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