VII ENCUENTRO DE REDES CRISTIANAS
23 y 24 de octubre de 2021

 

descarga.png4El año 2020 será recordado por una terrible pandemia a escala mundial, que provocó muchas muertes y cortó en picado la lenta salida de la crisis que arrastrábamos desde hacía más de una década. Recordaremos que, en este caso, la Unión Europea reaccionó mejor que en 2008, comprometiendo abundantes recursos para los países afectados y asegurando una política de vacunación gratuita a nivel europeo. En particular, en nuestro país, el recién estrenado gobierno de coalición dedicó 47.000 millones de euros en el ejercicio de 2020 a “medidas contra la crisis de la Covid-19”, tal como se recoge en un informe de la AIReF que hace un balance completo del gasto público consolidado en dicho año.

Un tercio de esas medidas se dedicó a sanidad y dos tercios a garantizar la renta de los sectores más afectados por la crisis: personas asalariadas obligadas a dejar el empleo (ERTEs), pequeños negocios en situación crítica (Ayudas a autónomos) y población en extrema pobreza (Ingreso Mínimo Vital).

Hasta aquí todo era coherente con el principio de “no dejar a nadie atrás”. Sin embargo, sorprende el peso absolutamente marginal de la tercera de esas ayudas, el IMV, que percibió 492 M€ mientras los ERTEs recibieron 20.756 M€ y las Ayudas a autónomos 7.114 M€. Dicho de otra manera, a los beneficiarios de ERTEs y Autónomos (en torno a 4 millones de personas) se les asignó ¡57 veces más! que a los 5 millones de personas en pobreza severa. La cena se sirvió a quienes habían perdido su empleo y las sobras (1,7% del total de las tres ayudas) se repartieron entre los pobres. ¿Qué ha ocurrido para llegar a esto?

Desde que se puso en marcha el IMV hasta febrero de 2021, sólo se aprobaron una de cada cinco solicitudes y el 30% seguía pendiente de trámite. Se suponía que la garantía de rentas desde la Seguridad Social mejoraría la cuantía de las Rentas autonómicas pero no ha sido así. La cuantía media de la nueva prestación (460 euros/mes) es un 5% inferior a la de las Rentas autonómicas en 2019 (482 euros/mes). Resulta paradójico que la cuantía garantizada por el IMV no permita salir de la extrema pobreza pues sólo asegura complementar los ingresos hasta el nivel correspondiente a la “pensión no contributiva” (469,9 euros/mes en 2021), cantidad que se sitúa por debajo del umbral de pobreza severa existente en España (500,5 euros/mes en 2019) y muy lejos de las prescripciones de la Carta Social Europea (750 euros/mes).

Como han denunciado diversas ONGs y plataformas de apoyo mutuo, quizás nos hallamos ante un fiasco, concepto que la Real Academia define como “un desengaño o resultado adverso en una cosa que se esperaba sucediese bien”.

   
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