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El presidente del gobierno español anunció que se aprobará ya una ley para implantar un Ingreso Mínimo Vital, según proponía el PSOE en su programa electoral. El Ministerio de Seguridad Social indica que dicho Ingreso Mínimo garantizará a sus beneficiarios entre 462 euros y 1.015 euros al mes, según sea la situación familiar y que tal ayuda se podrá solicitar a partir del 1 de junio.

 

A la espera de conocer los aspectos concretos de esta ley tan necesaria y urgente, así como su posterior desarrollo, surge una pregunta inquietante y exigente a la vez: ¿va a ser para todas las personas? En principio, el mismo Pedro Sánchez ya ha dicho que NO, puesto que “Podrán percibir el ingreso las personas españolas e inmigrantes con permiso de residencia que lleven en España un año al menos. También podrán percibirlo las víctimas de trata y las de malos tratos, así como los solicitantes de asilo”.

 

Ese requisito de un año de residencia previa rompe el principio de igualdad y atenta gravemente contra el Artículo 14 de la Ley de Extranjería que establece: “Las personas extranjeras residentes tienen derecho a acceder a las prestaciones y servicios de la Seguridad Social en las mismas condiciones que los españoles”.

 

Además de discriminatorio, tal requisito no será eficaz para proteger a las personas, familias y menores más vulnerables. Por ejemplo, en el caso de una mujer inmigrante, recién regularizada por ser víctima de violencia machista, ¿quedaría fuera de esta prestación por no tener un año de residencia legal?  En el caso de muchas familias migrantes, ¿se exigirá dicho requisito a todas las personas miembros de la unidad familiar? ¿Cómo se protegerá entonces de la pobreza a los hijos e hijas en situación irregular? ¿Y qué pasará con las personas jóvenes solas que, al cumplir la mayoría edad, tienen que dejar el sistema de protección de menores y son arrojados a la calle?…

 

Vivimos en un tiempo social duro e incierto, agravado ahora con la pandemia mundial. Hemos entrado en una profunda crisis a todos los niveles que crecerá como una inmensa bola de nieve. La salida a la misma dependerá del tipo de respuesta que demos colectivamente como ciudadanía consciente. “En tiempo de crisis la imaginación está por encima del conocimiento”, dijo Einstein. De implantarse este Ingreso Mínimo Vital tal como ha sido presentado, quedarán fuera del mismo, miles de personas. El Gobierno quiere dejarlas pidiendo las ayudas de las ONGs, las Cáritas y las iniciativas ciudadanas de beneficencia.

 

Pero no cualquier tipo de ayuda benéfica es la solución. En situación de riesgo y de emergencia como la actual, hay que actuar de inmediato y ayudar, lógicamente. Pero la situación de riesgo no puede ser permanente, pues no es ayuda que libera tener una fila de necesitados pidiendo para comer todos los días. Al mismo tiempo habrá que exigir desde la igualdad de derechos. Es necesario estudiar y exigir soluciones estructurales permanentes a nuestros gobiernos central y autonómicos, y ser capaces de movilizarnos para salir libres del estado de alerta social, porque nunca el peligro fue mayor.

 

En este sentido, las Comunidades Cristianas Populares de Andalucía, junto a las organizaciones y grupos de apoyo solidario exigimos que, entre otras medidas, se implante ya en nuestro país la Renta Básica Universal e Incondicional. Más del 56% de los españoles están a favor de la misma. No es un imposible y podría implantarse ya.

 

          Somos solidarios cuando damos algo que nos sobra, en cambio, la Justicia es un imperativo que obliga a los que tienen a no acumular más mientras haya otros a los que les falta. “La solidaridad tiene que conjuntar la compasión con la conciencia política, la tarea asistencial y cercana al pobre con la visión lúcida de las determinaciones estructurales. La defensa y el avance hacia un Estado social requieren conciencia y capacidad de actuación política”.

 

Comunidades Cristianas Populares de Andalucía.

25 de Mayo de 2020.

   
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