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Otra vez me informo en Religión Digital, y, una vez más, en un artículo de Jesús Bastante (22/11/2019), titulado “Los obispos siguen negándose a indemnizar a las víctimas de abusos o a investigar la pederastia en la Iglesia”. Pero en el que no sólo trata del tema de la Pederastia, sino de otros, como la “Eutanasia·”, la polémica en el tema de la “Educación”, el resultado económico positivo de los medios de comunicación Cope y 13TV en el último curso, y la opinión de la futura cooperación de la CEE con el Gobierno PSOE-Unidas-Podemos, si éste sale. Así que intentaré tratar por orden estos apartados, de manera breve, pero con claridad y sinceridad. Permítaseme, sobre todo, cumplir con los tres últimos requisitos.

1º) La pederastia

La CEE sigue con la canción, que todos sabemos, de que no tiene ninguna autoridad para exigir a cada una de las diócesis españolas ningún comportamiento o acción especial. (Y esto sucede porque si bien al terminar el Concilio Vaticano II muchos teólogos, pastoralistas, y eclesiólogos, entre los que destacó Joseph Ratzinger, abogaban por una autonomía de las Conferencias Episcopales que les permitiera disponer de una gran facilidad para tomar decisiones, incluso imperativas, sobre las diócesis de su ámbito, después cambiaron de opinión, empujados por la Curia Vaticana, a la que no le hacía gracia, ni poco ni mucho, esa autonomía. ¡Siempre será más fácil y simple la relación del Vaticano con una diócesis, que con un número plural, de mas de treinta, incluso, más de cincuenta, representadas por una única persona jurídica!). Así que la CEE se hace la distraída, y normalmente puede hacerlo, ante los requerimientos del Gobierno, o de los jueces. Pero la cosa, actualmente, no es exactamente, así: el Vaticano transmitió a la Conferencia Episcopal Española, en febrero del año pasado, esa autoridad, con el mandato de actuar en relación a cada una de las diócesis, durante un año. Sólo quedan tres meses, y muy pocas diócesis han hecho uso de esa autoridad para cumplir el mandato vaticano.

Y al final del último Plenario de la CEE, no solo no tomó ninguna iniciativa nueva en este tema, sino que ni siquiera ha nombrado al sustituto de monseñor Menéndez, obispo de Astorga, –fallecido en mayo de un infarto– como presidente de la comisión anti-pederastia. Y todo esto a pesar de que las Conferencias Episcopales de Irlanda, Australia, Estados Unidos, Austria, Alemania, Suiza, Italia, Francia, y hasta la conservadora de Polonia, por hablar solo de las europeas, han tomado iniciativas y exigido de sus diócesis responder a los requerimientos judiciales y administrativos que los afecten en el tema “casi sacrílego”, en palabras del portavoz de la CEE, monseñor Luis Argüello.

2º) La Eutanasia.

En este asunto, la CEE insiste en que “el debate sobre eutanasia y suicidio asistido no es planteado como una cuestión médica, sino más bien ideológica, desde una determinada visión antropológica. Este planteamiento olvida que la dignidad de la persona radica en el hecho de ser humano, con independencia de cualquier otra circunstancia, incluida la salud, la edad o la capacidad mental o física”. Interesante, y revelador, este párrafo. Los señores obispos olvidan que, efectivamente, el debate es “ideológico”, y que nadie está obligado, ni simple ciudadano, ni Gobierno de cualquier Estado, a aceptar exclusivamente la “antropología” del Magisterio de la Iglesia. Y no es muy coherente, ni lógico, que la jerarquía de la Iglesia apele a la dignidad del “ser humano”, es decir, de la persona, cuando el Vaticano no ha firmado, todavía, “la declaración de los derechos humanos” . Y hay otro argumento demoledor: el suicidio no es un delito. No debería serlo tampoco el que, siguiendo las indicaciones libres de una persona que no puede practicarlo, otra le ayude en esta tarea. Y ya va siendo hora de que en la Iglesia no nos arroguemos el derecho a proclamar, y exigir su cumplimiento, de todos los criterios éticos.

3º) La educación

El portavoz episcopal insiste, al término de la última reunión plenaria del Episcopado, en que la ministra de Educación en funciones, María Isabel Celaá Diéguez, está equivocada al afirmar que la Constitución Española no declara el derecho de los padres a elegir centro educativo. La mayoría de los expertos en el tema han afirmado que, además de que la ministra no hizo una afirmación general de que la Constitución española asegurara o no ese derecho, sino que el artículo 27 de la misma no lo garantizaba. Y leído con mucha atención el mencionado artículo, parece tener razón. Difícilmente puede ser declarado por la Constitución un derecho de los padres si para su cumplimiento no están habilitados todos los ciudadanos, como sucedería eso si para obtener la plaza en un determinado Centro Concertado hubiera que pagar algo, mucho o poco, para una educación declarada gratuita por el Estado. El Estado tiene que velar por que no existan esos vacíos legales por los que se cuele una flagrante injusticia social. Y la Iglesia, por su carácter evangélico, más que empresarial, también debería velar porque no se den condiciones para esa discriminación. Es decir, la Constitución puede garantizar, y lo hace, la libertad de educación y de enseñanza. Pero no puede incluir, en ese derecho, la libertad de elección del centro, lo que obligaría a que los centros de educación privada tuvieran que ser totalmente gratuitos.

4º) El resultado económico de Cope y 13TV, medios de Comunicación de la Iglesia, ha sido positivo en el último curso, según, Fernando Giménez Barriocanal, gerente del Episcopado y responsable de TRECE y Cope. Se escucha, en medios clericales, que este señor, muy buen administrador y gerente, tiene, como es natural y lógico, una mentalidad más cercana a lo empresarial que a lo pastoral y evangélico. Claro que lo mismo se puede oír, y es mucho más grave, de los propios obispos. La COPE, con el estrellato de Carlos Herrera, y a la vista de sus proclamas radiofónicas, que, de vez en cuando leo en internet, no son excesivamente fieles a los criterio evangélicos, y es muy conocida en España la opinión crítica, pero fundada y argumentada, del obispo emérito de Tánger Santiago Agrelo Martínez, (Asados, Rianxo, La Coruña, España, 20 de junio de 1942), tanto de la inocua pastoralidad de la COPE, como de la insoportable tertulia, no solo poco evangélica, sino con mucha frecuencia, anti-evangélica, de “El Cascabel”.

Es decir, el resultado económico de los medios eclesiásticos de comunicación no debería ser, nunca, el principal objetivo. Lo peor de estos dos medios es que, a pesar de su futilidad en el área fundamental de la Iglesia de la Evangelización, fueron mantenidas por la CEE a pesar del gravamen deficitario que suponía para las arcas de la Iglesia española. Y es preciso recordar también el sesgo político de derechas de estos medios eclesiásticos, que no eclesiales, legítimo en cualquier otro medio de comunicación, pero ilegítimo en la Iglesia, que es católica, y que tiene, como todos sabemos, fieles de todas las tendencias sociales, culturales y políticas.

5º) La futura cooperación de la CEE con el Gobierno PSOE-Unidas-Podemos. Todavía no ha salido la investidura del nuevo Gobierno, y los obispos ya se han adelantado a suponer, o imaginar, las trabas que éste puede poner a la acción de la Iglesia. Y estos temores se hacen evidentes en el tema de la Enseñanza, de la financiación de la Iglesia, y de los convenios del Estado español con el del Vaticano. El desenfoque interesado de las palabras de la ministra en funciones de Educación María Isabel Celaá Diéguez, y las implicaciones sociales que advendrían del derecho de los padres a elegir centro, ya lo he comentado en el apartado 3º. Sobre la polémica de la clase de Religión católica en un Estado aconfesional, somos muchos los que opinamos que, además de que más que enseñanza rigurosa se trata de adoctrinamiento, es preciso admitir que éste, como el que hubo en la España de nacional-Catolicismo franquista, no ha servido de mucho, no ya para eliminar, sino tan siquiera para frenar el desapego de la ciudadanía española a los valores cristianos, que son los que, teóricamente, tendrían que haber sido inculcados en los alumnos.

Y nuestros obispos tendrían que aprender a aceptar, como lo hacen los episcopados de nuestro entorno, la realidad de una sociedad multi-cultural y multi-religiosa, y que los Gobiernos tienen que atender las expectativas y deseos de la mayoría social, más que la minoría que supone la existencia del Magisterio eclesiástico. Y esto mismo sirve para el tema vidrioso de las relaciones del Estado español con el Vaticano, y la misma existencia de convenios firmados entre ambos, clara y abiertamente anacrónicos, cuando ya el propio Concilio Vaticano II insinuó que la relación más fluida y provechosa, y bien informada, entre las Iglesias locales y los Gobiernos nacionales, sería la que protagonizarían las Conferencias Episcopales, y los Gobiernos políticos correspondientes.

   
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