images3Exigimos la renuncia del presidente Rajoy y su gobierno

El sistema imperante en el mundo es intrínsecamente perverso (Pablo VI), pues las minorías dominantes acumulan poder y riquezas a costa de exprimir, saquear y reprimir a las mayorías ciudadanas que tratan de vivir digna y modestamente. El papa Francisco ha sido firme en la denuncia del capitalismo neoliberal global al afirmar que los pueblos padecen el culto idolátrico al dinero que imponen las minorías hegemónicas. Ello trae consigo una “cultura del descarte”, pues cuando los trabajadores no les sirven a las élites para aumentar sus ganancias los desechan. No ayuda ni a la justicia ni a la paz –añade Francisco– cuando por todas partes se impone la “globalización de la indiferencia” ante las tragedias humanas causadas por la explotación económica y las guerras que provocan las potencias en sus confrontaciones geopolíticas.

Diríamos que, en la civilización avanzada actual donde resplandece en las constituciones democráticas el respeto a la dignidad de las personas y la defensa de los derechos humanos,  los principios éticos que más se violan son la honradez y el respeto a la vida, coincidentes con la Ley de Dios que nos anima a no robar y no matar. Hipócritamente se aparenta defender el bien común, la paz y la justicia de los pueblos mientras que, por el contrario, se les hace la guerra y se les explota. Por ello, masas ingentes de habitantes de naciones en vías de desarrollo se ven forzadas a emigrar y a refugiarse en países desarrollados  que, a su vez, contribuyen a las hambrunas y a las guerras. Muchos emigrantes mueren por el camino; así, el mar Mediterráneo se ha convertido en el cementerio de los empobrecidos, mientras los Estados europeos imponen trabas legales, muros físicos y  barreras policiales.

Por ello, si bien es positivo que los pueblos de Europa caminen hacia la unidad, denunciamos que en la Unión Europea prevalezca la Europa de los intereses financieros y de los mercaderes frente a los derechos de los pueblos. La democracia en Europa y en el mundo la han pervertido, pues los pueblos eligen ingenuamente a los gobernantes que se pondrán al servicio de los poderes económicos que, en su afán desmedido de beneficios, ocasionan evidentes perjuicios a las respectivas ciudadanías. Precisamente, son escasas las instituciones y autoridades mundiales que se molestan en acabar con los paraísos fiscales que favorecen el fraude fiscal y la corrupción. Repugna la política de austeridad implementada  en la UE con motivo de la crisis y hegemonizada por el Gobierno alemán, pues ello ha supuesto deteriorar el Estado de bienestar europeo y suprimir muchos derechos laborales para pagar la deuda irresponsable de los bancos y beneficiar a las multinacionales con perjuicio evidente de trabajadores y pequeñas empresas. Eso también es corrupción. Todavía más, se pretende exprimir más a las ciudadanías europeas con la aprobación del CETA y posiblemente del TTIP para favorecer a las multinacionales.

En España, la dictadura fue un sistema corrupto y represor. Una inmensa mayoría alabamos el advenimiento de la democracia,  pero, una vez finalizados los años de la euforia, desgraciadamente los pueblos del Estado español han entrado en el túnel de la corrupción  donde no se ve salida a corto plazo.  Al parecer,  se ha extendido entre los poderes locales, autonómicos y estatales la mentalidad de robar lo que se pueda, salvo honrosas excepciones.

Después del paro, la corrupción es la segunda preocupación de los españoles según el CIS. Ya se conocen más de ciento noventa casos de corrupción en las diecisiete autonomías, a los que habría que añadir los muchos casos menores en las alcaldías, sobre todo en las grandes ciudades. De los partidos políticos no se libra ninguno de tener algún caso de corrupción, destacando los dos grandes, PP con unos ochenta  y PSOE con cerca de cincuenta; sumarán entre todos ellos unos doscientos hechos corruptos. Pero todos estos casos son como la punta del iceberg, es decir, los partidos y las empresas practican sin escrúpulos la corrupción mientras hablan de justicia y bien común. Es indignante, según informa el CGPJ, que entre 2015 y 2016, haya habido 1.378 imputados por corrupción; a los que hay que añadir los casos de  condena, detención, arresto domiciliario y multas. Las autoridades judiciales suelen ser duras en aplicar la inmoral ley mordaza a los que reclaman justicia, pero muy lentas y permisivas con los delincuentes de la corrupción y el fraude.

El problema en España aumenta cuando observamos que también practican y amparan la corrupción profesionales del derecho, entre los que destacan algunos jueces, fiscales y abogados. Así pues, amparados por la impunidad,  se practica la corrupción en los tres poderes del Estado. Los medios de comunicación y la oposición partidaria suelen informar y denunciar los casos de corrupción de políticos en puestos relevantes en las instituciones del Estado, pero conceden menor atención a las empresas y entidades bancarias que delinquen financiando ilegalmente a partidos, a procesos electorales y a políticos sin escrúpulos. Mayor escándalo aún son las personas de la familia real que, amparados en su relevancia,  se benefician -legal o ilegalmente- de los bienes del pueblo que administra el Estado.

Mientras la pobreza en España ha aumentado un 23%, la corrupción y el fraude fiscal se elevan a más de 90.000 millones de euros, que son muy necesarios para pagar la deuda externa y atender las inversiones en empleo, sanidad, educación, dependencia, ciencia y otras necesidades sociales. Asimismo, se podrían atender con equidad los desahucios y la emigración juvenil española. A todas luces, es inmoral que el PP en el Gobierno haya concedido la amnistía fiscal a grandes defraudadores españoles, mientras a los ciudadanos humildes se les aumentan los impuestos.

Entre la gran cantidad de casos fraudulentos hay que destacar los de Bankia, Bárcenas, CAM, Campeón, ERE Andalucía, Fabra, Gürtel, Naseiro, Palau, Palma Arena, Rumasa, Blesa, Pujol, Púnica y Nóos. Pero el gran escándalo que rebasa el vaso de la paciencia son los muchos hechos de corrupción de los dirigentes del PP a nivel nacional, autonómico y local, principalmente en Madrid, Cataluña, Valencia, Baleares, Andalucía y Murcia. Todos ellos están mostrando, según algunos analistas, que no son casos aislados de un partido en el poder, sino que el Partido Popular se ha transformado en una mafia corrupta, en un entramado consolidado donde campean los delincuentes de “cuello blanco”. Extirpemos la corrupción si queremos renovar la democracia al servicio de las mayorías trabajadoras.

Mientras la corrupción aumenta, las religiones con presencia en España han dado hasta ahora una tibia respuesta, tal vez interesadas en los beneficios que el Estado les aporta. Sepan las autoridades de la Iglesia católica que, quien se calla ante la corrupción y la injusticia colabora con ellas.

Por todo ello, exigimos la renuncia del presidente Rajoy y su gobierno, para comenzar la regeneración de las estructuras democráticas del Estado español. Otra España es posible.

   
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