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Así no se puede hacer patria. Así no se puede amar algo abstracto como es una nación y una bandera. No distingo en España superestructura alguna: social, política, militar, eclesial, judicial… más allá de las escasas manifestaciones culturales y de escasa difusión, que merezca mi confianza y el respeto de la ciudadanía no sujeta a una ideología.

Por más que los ganadores de siempre y sus acólitos se empeñen en que ha desaparecido la lucha de clases, se puede pronosticar tranquilamente la sentencia condenatoria o absolutoria que nos espera, ante cualquier ilícito de resonancia en el que esté imputado un personaje de las clases sociales dominantes (a menos que sea catalán) y la dictada sobre un ciudadano de clases inferiores salvo que sirva a poderes superiores, institucionales o no.

En todo caso, en los asuntos más escandalosos se ve que la judicatura está decidida a hacer de la justicia una ramera de esas que ya no existen. Se ve que está resuelta, además en beneficio del fascismo, a sumir al pueblo en la frustración y en una depresión nerviosa que se una a la sanitaria y a la penuria cada vez más grave de grandes porciones de población. La conciencia de la justicia española como superestructura y centro de poder es laxa ante reos de postín como innumerables políticos de todos los niveles que vienen destacando década tras década en España por su habilidad para la apropiación del dinero público, para las maniobras villanas, para la trapisonda, para el engaño, para el fraude y para la chapuza… e implacable con la ciudadanía de extracción social inferior. Parece interesada en burlarse, con fintas y argucias leguleyas, de todos cuantos no forman parte de su pandilla ideológica involucionista y autoritaria.

La justicia española sentencia demasiado a menudo contra natura. De poco le sirve un principio que informa la interpretación de la ley en una democracia: la epiqueia; que no es ni más ni menos que el espíritu de la ley. De poco le sirve el sentido común, que en este caso sus profesos, cercanos y simpatizantes llaman demagogia, y por eso asimismo a menudo lo invierte el sentido disparatando con inferencias ajenas a la justicia social natural del fiel de la balanza. La justicia española, desde 1978, es el látigo de las clases populares y el refugio de las superiores. Y luego dirán que ya no hay la lucha de clases…

Ahora no despunta demasiado la Iglesia (aparte su voracidad inmatriculadora de bienes públicos) como aquella que sobresalía en el franquismo comandante con el dictador. Ahora es la justicia el objeto permanente de atención. Desde la transición es la justicia la que dirige los destinos de España y asegura a los poderosos involucionistas su continuidad. Las excepciones que hay en jueces, magistrados y fiscales no deformados por la mentalidad dictatorial reinante durante 40 años, son las que hay en toda regla general. Y las concretas que supusieron la intentona hace unos años por parte de jueces incorruptibles, llevándose por delante a otros a los que antes o después, depuran y neutralizan con cambios de destino…

Por otra parte, la prueba de esa falta de credibilidad y de solidez de la justicia española son las frecuentes sentencias del Tribunal de Estrasburgo contra España por no investigar las denuncias de torturas reincidentes en los últimos años. Pero también por vulnerar la libertad de expresión. Y aunque ese Tribunal no puede técnicamente entrar a valorar esa circunstancia y recuerda que las autoridades deben autocontenerse en el empleo de los mecanismos represivos penales, es evidente para el pueblo español la desproporción entre una marcada propensión de las autoridades a coartar la libertad de expresión de la sociedad civil situada en la contestación permanente, y una manifiesta permisividad hacia la libertad de expresión de miembros y simpatizantes de un partido político que vienen haciendo desde hace años exaltación del franquismo y del fascismo, y últimamente también del nazismo genocida del pueblo judío.

Es cierto que para opinar de las sentencias y de las leyes es preciso ser un experto estudioso de “leyes”. Pero el sentido de lo justo y de lo injusto está grabado en el corazón de todo humano, y cualquier ser humano con mínima sensibilidad, aun profano, presiente, siente y distingue lo justo de lo injusto. Esto, aparte de que en muchos casos la propia especialidad en una materia a menudo estraga, y por sí sola la “especialidad”, puede acabar deformando el sentido analítico del juzgador, siempre en España alejado del sentir del pueblo y cercano de la causa o interés del poderoso. Máxime cuando en España son muy raros los casos (no llega al 1 por ciento de los juicios que se celebran) en los que concurre el jurado popular en la modalidad de escabinato.

La justicia española, en fin, es benevolente con los transgresores (hombres y mujeres) de la ley que tienen o tuvieron altas responsabilidades públicas, pese a ser ellos los más obligados a ser el espejo en el que se mire la ciudadanía, y es implacable con los débiles sociales. Todo lo contrario de esas instituciones europeas citadas que se inspiran, por encima de todo lo demás, en los principios contenidos en la Declaración de los Derechos Humanos. El colmo de la regresión y la mentalidad jurídica que sobrenada en los magistrados de los altos tribunales que se fundan en el espíritu del privilegio para sectores de la sociedad española y concretamente la familia del dictador, es la sentencia de la Audiencia que abre ahora la vía a que la familia pueda volver al Pazo de Meirás al considerarles ¡poseedores de buena fe!, lo que les permitiría retenerlo hasta ser indemnizados…

En España, en fin, la justicia es una institución fallida que favorece la vuelta a un régimen político que se suponía superado, pues en ella subyace lo que aflora en superficie: el espectro de los principios del Movimiento Nacional del dictador y su cortejo de privilegios a todos sus seguidores, deudos y legados…

18 Febrero 2021

   
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