VII ENCUENTRO DE REDES CRISTIANAS
23 y 24 de octubre de 2021

 

La Jornada

Los retos que les llegan de afuera a las comunidades religiosas son oportunidades para tomar posición ante asuntos que tienen variadas formas de verse, de interpretarse. Este es el caso de la nueva ley de interrupción del embarazo, aprobada en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Las reducciones fáciles pusieron todo en términos de partidarios de defensa de la vida contra activistas por el derecho de las mujeres a decidir sobre llevar a término, o no, el embarazo.

Un grupo de mujeres pastoras y teólogas protestantes y evangélicas dieron a conocer el lunes su punto de vista sobre la despenalización del aborto en el DF. Para empezar aclaran que la suya es una voz entre muchas, que no pretenden hablar en nombre de las instituciones eclesiales a las que pertenecen (bautista, luterana, Iglesia Unida de Cristo y metodista). Este es un buen punto de partida, contrasta con el protagonismo de la gran mayoría de líderes protestantes/evangélicos, casi todos ellos varones, los que sin consultar a quienes dicen representar se sumaron a la campaña excomulgadora del cardenal Norberto Rivera Carrera.

Lo interesante del documento que estamos comentando es que desde una perspectiva teológica se pronuncian por la libertad de conciencia y la laicidad del Estado. Esto demuestra que hay varios caminos para llegar a conclusiones similares. Consideran que es necesario conceptualizar la vida de una manera integral: “Como acción y fundamento del Evangelio, Jesús proclamó la vida en plenitud para todo ser humano (Juan 10:10). Las mujeres y los hombres de fe que defendemos el derecho de las mujeres al aborto legal y seguro, amamos y defendemos la vida en abundancia. No promovemos el aborto, mas sí reconocemos la necesidad urgente de detener los abortos clandestinos que matan a miles de mujeres cada año en nuestro país, y la de evitar la muerte de niños recién nacidos abandonados en los basureros, a los pocos meses por desnutrición, o a raíz de la explotación y el abuso… Afirmamos el respeto a las decisiones informadas y responsables de quienes toman como opción última interrumpir un embarazo no deseado… Afirmamos que el papel de las iglesias es acompañar con respeto las decisiones de las mujeres.”

Para sustentar su hermenéutica hacen mención del ejemplo de Jesús, “quien promovía la libertad de conciencia cuando anteponía la vida humana a la ley y las tradiciones de su época”. Después anclan su pronunciamiento en “la Reforma protestante del siglo XVI (que) promulgó, desde sus inicios, el ejercicio (de) la libertad de conciencia, y la no imposición de ninguna autoridad moral o religiosa sobre los creyentes”. Esta parte habría que matizarla, porque casi todos los reformadores del siglo XVI (Lutero, Calvino, Zuinglio, Farel, entre los principales) criticaron el absolutismo y autoritarismo de la Iglesia católica -así como su unión con el Estado para preservar la integridad del catolicismo- cuando defendieron el derecho a creer de manera diferente a la establecida por el papado, pero una vez que el poder político les fue favorable en algunas regiones de Europa hicieron a un lado su defensa de la tolerancia y cayeron en la tentación de forjar la simbiosis Iglesia-Estado, buscando así que sus ideas religiosas fueran generalizadas en la población. Pero fue entre sus principales críticos, también protestantes/evangélicos, donde se fortaleció la idea de separación entre el Estado y las iglesias, así como el derecho de diferentes confesiones religiosas a coexistir en un mismo territorio. De esto da cuenta, de forma brillante, Perez Zagorin, en su How the idea of religious toleration came to the West (Princeton University Press).

Sin pretender irme por el lado de juzgar lo que le falta al comunicado de las pastoras y teólogas, sí menciono que pasaron por alto que un muy importante porcentaje de embarazos no deseados son resultado de relaciones sexuales sin control de la fertilidad. Todas las iglesias a las que pertenecen las firmantes del desplegado apoyan el derecho de las mujeres a usar distintos métodos anticonceptivos, y esto es destacable ante la cerrazón clerical católica que prohíbe a sus feligresas recurrir a vías que considera antinaturales para evitar el embarazo.

Me gustaría comentar otros puntos del documento, pero no hay espacio suficiente para hacerlo. Así que concluyo con el posicionamiento final de este grupo de mujeres sobre el Estado laico: “Es responsabilidad del Estado legislar para el bien común, mientras que cada confesión religiosa es responsable de su propia ética y conducta de acuerdo con sus dogmas o doctrinas. Es necesario reconocer la separación de las iglesias y el Estado, para que cada institución ejerza sus derechos y responsabilidades. En consecuencia, comprendemos la ley por la despenalización del aborto en el Distrito Federal como una legislación de salud pública y de compromiso con los derechos de las mujeres. A las iglesias nos corresponde afirmar y promover la convivencia, el diálogo, el respeto a la diversidad y la pluralidad de opiniones”.

   
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