Por un nuevo pacto de convivencia en Catalunya

La Coordinadora estatal de Comunidades Cristianas Populares (CCP), reunida el 28 de octubre de 2017, preocupada por la situación de Cataluña, quiere hacer públicas las siguientes consideraciones por si sirvieran para pacificar y resolver el conflicto.

La Constitución española en lo que se refiere a Cataluña fue un pacto entre La Generalitat, presidida por el honorable Tarradelles y el Estado Central, presidido por Suárez. En este pacto la Generalitat reconocía que Cataluña es parte de España y que la soberaní­a nacional residí­a en toda la ciudadaní­a española. Y el Estado Central, por su parte, reconocí­a como President de la Generalitat al Presidente Republicano en el Exilio, reconocía que en el Estado Español habí­a regiones autónomas y “nacionalidades”, (término abstracto y ambiguo que se acerca al de nación), establecí­a una Cámara Territorial, donde se discutieran los problemas entre regiones y nacionalidades, y un Tribunal Constitucional en el que estuvieran representados los territorios, (por miembros nombrados por la Cámara Territorial) y el conjunto de los ciudadanos (nombrados por el Parlamento Nacional)

Alianza Popular propuso una enmienda a todo este artículo de la Constitución que fue rechazada. Y la Constitución fue aprobada en referéndum por una amplísima mayorí­a, siendo mayor el porcentaje del S͍ en Barcelona que en Madrid.

La constitución fue el resultado de un pacto en el que todos cedieron una parte de lo suyo para lograr una totalidad satisfactoria para todos. Es decir que podrí­amos decir que la constitución era inclusiva: un marco en el que todos nos sintiéramos a gusto.

Fue por lo tanto Alianza Popular desde el primer momento, y el PP después quienes fueron minando las instituciones y apoderándose de ellas para desvirtuar finalmente el sentido inicial de la constitución y así­:

-El Senado, que tenía que ser la cámara territorial, hoy, tiene allí la mayorí­a el PP que no tiene la mayorí­a de CCAA

-El Tribunal Constitucional, empieza siéndolo pero después pasa una etapa de desprestigio y parcialidad, acabando como un poder penal, muy discutible, según el espíritu de la constitución y dominado tanto por Alianza Popular como por el PP.

-Después  de no tener en cuenta que la constitución habla de regiones y nacionalidades, con leyes como la LOAPA y sin leyes se van recentralizando funciones ya transferidas.

-Se penaliza y castiga la simple disidencia, como en los tiempos de la dictadura. Ejemplos son “los titiriteros” acusados de enaltecer el terrorismo, la ley mordaza, o el tildar una manifestación pacífica multitudinaria de sedición y encarcelar a los organizadores sin fianza. Y por poner otro ejemplo claro de esta penalización tenemos el caso del referéndum. Hasta Aznar propuso que se considerara delito el hacer un referéndum como el que hizo la Generalitat y fue rechazado. Porque organizar un referéndum ilegal no es delito. Pero el PP cambia rápidamente las normas del Tribunal Constitucional. Le da facultades -no sólo para interpretar la Constitución sino para dar órdenes e imponer penas- y así puede dar la orden de que no se tenga el referéndum, convirtiéndolo en un delito de desobediencia.

En definitiva que en estos momentos el pacto constitucional está roto y esta ruptura ha producido un enorme enfrentamiento, por lo que hay que volver al diálogo y llegar a un  “nuevo pacto que restablezca la convivencia”. Justicia y Paz lo afirmaba así­ recientemente.

Nos parece también que los políticos de la Generalitat han llevado adelante un Procés secesionista que ha enfrentado gravemente a la Sociedad Catalana, incluso dentro de las mismas familias; pero aunque estén todos cesados o procesados o  encarcelados, sin voz y voto, perseguidos… y no tienen la plena posibilidad de diálogo y pacto, les exigimos que busquen por todos los medios este diálogo y nuevo pacto, que haga posible la vuelta a la convivencia ciudadana.

Creemos firmemente que todos los problemas políticos tienen que tener solución política y en un marco de diálogo. Por ello, La Coordinadora Estatal de Comunidades Cristianas Populares (CCP) abogamos porque se vuelva al diálogo hasta alcanzar un nuevo pacto de convivencia y condenamos sin paliativos la penalización de la disidencia, la manipulación de las leyes y el encarcelamiento de organizadores de manifestaciones pacíficas.

Coordinadora Estatal de Comunidades Cristianas Populares.

 

 

 

   
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