VII ENCUENTRO DE REDES CRISTIANAS
23 y 24 de octubre de 2021

 

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Prensa de frente

La trata de personas y la explotación sexual ocupan el tercer lugar en el ranking de actividades ilegales en el mundo (antes de la venta de drogas) con ganancias anuales estimadas en 12 mil millones de dólares. Millones de mujeres y niñas, en su mayoría pobres, son las víctimas. Las mujeres y niñas sometidas a explotación sexual, víctimas de tratantes y proxenetas, son reclutadas en el 90% de los casos en América Latina y el Caribe, Asia, Africa y Europa del Este.

Son más de 1 millón de mujeres y niñas al año las que son forzadas a ingresar en el circuito. La inmensa mayoría de ellas proviene de las clases más pobres y es muy común la captura en un país, para pasar a un segundo como destino final o como paso a un tercero que generalmente es en Europa.

La trata y la explotación sexual es un horripilante negocio que se estima -sólo al dueño de un prostíbulo- le deja una ganancia anual de 15.000 dólares por cada mujer/niña víctima.

En nuestro país operan estas redes de reclutamiento que se sustenta, desarrolla y crece con la complicidad (e incluso participación directa) de punteros políticos, fuerzas de seguridad, policía, funcionarios y autoridades de los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) a nivel nacional, provincial y municipal.

Muchos casos tuvieron resonancia como noticias, aunque intencionalmente aparecen mezclados en las secciones policiales de los diarios, la TV o la radio, siempre vinculados con problemas de la remañida y poco definida “inseguridad”. El sistema y sus medios de comunicación tergiversan la información y ocultan el significado de la desaparición forzada de estas miles de mujeres/niñas quitando la noticia del lugar que corresponde: violencia hacia las mujeres.

La trata de mujeres para explotación sexual
Al leer o escuchar relatos de muchas mujeres que pudieron escapar del infierno de la explotación sexual, aparecen en nuestra cabeza imágenes y voces de relatos de sobrevivientes del Terrorismo de Estado que sufrimos en nuestro país hace 30 años. La inteligencia y la “marca”, la desaparición forzada, la tortura, las amenazas, la reducción a servidumbre, los homicidios o la “zona liberada” para operar son solo algunos de los rasgos comunes de ambas desapariciones.

Gracias al coraje de muchas mujeres sobrevivientes de prostíbulos y proxenetas, como hace 20 o 30 años los sobrevivientes de los campos de concentración, se van conociendo detalles acerca del modus operandi de los traficantes de mujeres y niñas que por el momento parece que el Estado no escucha.

Una mujer/niña víctima de la explotación sexual es reclutada por pedido o porque hacen inteligencia y descubren su potencialidad al someterla a la explotación sexual, o porque por sus características podría ser muy bien cotizada (es el caso de las niñas). Una vez elegida un grupo, generalmente de 3 integrantes, la captura, la introduce por la fuerza en al auto, le venda los ojos, le ata las manos por atrás, la golpea y en muchas ocasiones la dopa para ser trasladada a prostíbulos o casas alquiladas a los únicos efectos de “guardarlas”. Las rejas en las ventanas, la prohibición de salir de los lugares de cautiverio, el cambio de nombres (le eligen el nombre con el que deberá responder los pedidos de los clientes), el teñido del pelo, el cambio de peinado, incluso la colocación de lentes de contacto de color y el cambio de estilo de vestimenta van completando los castigos y violaciones psicológicas y físicas a las que son sometidas.

Las presiones, sufrimientos y obligaciones no terminan allí. Cotidianamente reciben todo tipo de torturas físicas que van desde golpes de manos, con objetos, con cortantes y hasta balazos que terminan con la muerte de alguna de estas mujeres. Incluso los abortos que les realizan son compulsivos, decididos por los y las tratantes y proxenetas y sin ningún tipo de control ni asepsia.

Las mujeres y niñas victimas de la explotación sexual y de trata de personas sufren reiteradas violaciones, abusos y vejámenes de tratantes, proxenetas, dueños del negocio y de los clientes que, por 10, 20, 30, 60 minutos harán lo que ellos quieran con esos cuerpos y mentes esclavizadas. La obligatoriedad de responder a las órdenes está acompañada de amenazas de muerte a algún miembro de la familia. Pero además están obligadas a pagar todo lo que consumen aun sin decidirlo: la comida, la peluquería, el costo del traslado de una provincia a otra –decidido y ejecutado por sus raptores- y en muchos casos también deben realizar las tareas de limpieza en las casas de los y las traficantes sexuales y proxenetas que de entrada nomás se quedan con más del 50% del pago del cliente.

Una vez más: la impunidad
Estas redes se extienden en todo nuestro territorio. Hay jóvenes secuestradas en Santa Fe, llevadas a Buenos Aires, a Córdoba y luego a Santiago del Estero (como Romina Gamarra y María Cristina Ojeda), capturadas en Tucumán (como Marita Verón) o Misiones y trasladadas a La Rioja o a Río Gallegos, o desaparecidas en Río Negro y Neuquén como el reciente caso de Otoño Uriarte, entre miles.

En el largo camino de búsqueda de su hija, Susana Trimarco, mamá de Marita Verón, sin la ayuda del aparato del Estado, consiguió que salieran de las redes de la explotación sexual 19 chicas de entre 15 y 18 años en su mayoría. De todos los elementos que Susana Trimarco encontró en su lucha por hallar a Marita, pudo constatar que las victimas no son sólo argentinas; hay paraguayas, brasileñas o dominicanas. Muchas traídas a la Argentina y algunas luego llevadas a Europa con pasaportes que proxenetas y traficantes consiguen para las chicas. En estos días se visibilizó el ingreso de niñas a Uruguay, al departamento de Paysandú, que fueron reclutadas en Entre Ríos.

La impunidad de movimientos de tratantes, traficantes y proxenetas solo es posible si los Estados involucrados no actúan y si sigue habiendo clientes (si hay clientes hay explotación sexual y una violencia hacia la mujer/niña).

¿El Estado?
El Estado argentino firmó y ratificó la “Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional y para prevenir, reprimir y sancionar la Trata de Personas especialmente Mujeres y niñas”. Sin embargo, no hay ley que sancione los delitos ni tampoco el Estado o el gobierno aparecen con políticas activas masivas -aunque esté obligado a hacerlo- capaces de ser percibidas por cualquier habitante en cada rincón del país.

Más bien lo que está imponiendo es la invisibilidad de las violencias hacia las mujeres, tanto por decisión cuanto por omisión, porque el silencio es cómplice de las sistemáticas y variadas violencias que sufren las mujeres como:
– En la Provincia de Bs As cada dos días una mujer es asesinada por su compañero íntimo.
– Son casi 150 las chicas tucumanas (como Marita Verón) y al menos tres en cada provincia, desaparecidas-víctimas de la explotación sexual.
– Los violadores siguen impunes y las mujeres violadas son obligadas a dar explicaciones, son culpabilizadas.
– Muertes por aborto clandestino.
– Pobreza (la inmensa mayoría de las mujeres que sufren violencias son las mas pobres).

El Estado, sin dobles discursos, debe garantizar, cumplir y respetar nuestros derechos y lo que las mujeres decidimos.

   
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