images3“Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad”. “Toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general.” (Constitución Española, Art.31 y 128).     Evidentemente, este pacto constitucional se ve cada vez más vaciado de su contenido para favorecer a los grupos oligárquicos que ostentan el poder real en nuestra sociedad.

España soporta uno de los sistemas fiscales más regresivos e injustos de la U.E. Según Eurostat-2015, los ingresos fiscales en nuestro país representan el 38,6% del PIB, muy por debajo del 46,8% que, como media, se registra en los 19 países que forman parte del euro.  Sin embargo soportamos una de las más altas en rentas de trabajo (IRPF): el 42% del total de recaudación; y en IVA,  el 30%. Mientras que las rentas del capital, que alcanzan el 53% del PIB, aportan menos de un 20%.  Un asalariado español paga 26% menos que un sueco y el 1% de población más rica paga el 80% menos que en Suecia.

Algunos mecanismos legales que lo facilitan: El impuesto de sociedades es nominalmente del 30% para las grandes empresas, pero en realidad se permite, por deducciones y compensaciones, reducírselo hasta al 8%. El Sindicato de Técnicos de Hacienda (GESTHA) asegura que el Impuesto de Sociedades acumula una pérdida de recaudación del 58,2% desde el inicio de la crisis. Y  atribuye este desplome sobre todo a las posibilidades que tienen las mayores empresas de reducir su factura fiscal.

Otros mecanismos legales: las Sociedades de Inversión de Capital Variable (S.I.CA.V.) tributaron entre 2012 y 2014 menos del 0,5%, según la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV); o la supresión de impuestos que beneficia a los más ricos, como el de patrimonio: Madrid dejó de recaudar más de 10.700 millones en beneficio de los grandes patrimonios en el ejercicio de 2015.  El conde Romanones, ministro en el sistema bipartidista de la monarquía de Alfonso XIIl,  se permitía manifestar públicamente: “Hagan ustedes las leyes –  decía –  que ya haré yo los reglamentos”. Nada parece haber cambiado en este país en los últimos cien años.

A esta serie de medidas legales añadamos el escaso control que los organismos públicos competentes (más bien incompetentes) ejercen sobre el delito fiscal: 1) fraude fiscal:  la economía sumergida (no la de subsistencia) alcanza en nuestro país 25% (la media europea es del 10%); el 72% de esta economía sumergida corresponde a las grandes fortunas: unos 60.000 millones / año; 2) evasión fiscal: según GESTHA “El Plan de Control Tributario de 2016 dejó impune el 81,6% de la evasión fiscal, ya que la AEAT (Agencia Estatal de Administración Tributaria) centra su investigación en los contribuyentes con menores ingresos: PYMES, autónomos y trabajadores, en vez de perseguir el fraude sofisticado de multinacionales y corporaciones empresariales”; 3) paraísos fiscales: casi todas las empresas del IBEX-35 operan en paraísos fiscales, operaciones que son facilitadas por las entidades financieras y consentidas por la autoridad fiscal.

Una noticia reciente  pone de relieve la vinculación entre las interminables noticias de corrupción y la complacencia de las instituciones políticas: “Hacienda ha inspeccionado sólo al 11% de los amnistiados fiscalmente en el año 2012… Cinco años después  comprobamos que no hay caso de corrupción que no se haya acogido a la amnistía fiscal” (“20 minutos” 11-5-2017). El Gobierno español no solo no hace todo lo posible para reducir las bolsas de fraude y corrupción que merman los fondos disponibles, sino que ha elevado el IVA para  cargar sobre las personas menos favorecidas una aportación desproporcionada a los ingresos que precisa el Estado.

La opinión pública, cada vez  más condicionada por estas mismas corporaciones empresariales y entidades financieras, accionistas de los grandes medios de comunicación, parece ir asumiendo, como algo natural que, en esta etapa de capitalismo  irresponsable, probablemente tendremos que ir renunciando a nuestros derechos sociales constitucionales, conseguidos tras largos años de lucha. Que habremos de considerar el bienestar, la sanidad, la educación, los derechos laborales, etc. etc. como una concesión compasiva y benefactora que los poderes fácticos nos otorgan.  Así, apenas hemos conocido que Inditex-Zara esquivó 585 millones en impuestos gracias a la ingeniería fiscal, según un informe presentado en el Europarlamento en diciembre-2016. Mientras que en marzo-2017, los medios de comunicación publicitaban ampliamente que su Fundación había donado 320 millones de euros para  hospitales públicos de toda España.

Hemos de reconocer que la actuación de la Iglesia en este sentido no difiere gran cosa de la de estos “benefactores”. Es cierto que los principios de su doctrina social son claros: “Los ingresos fiscales, el pago de impuestos y el gasto público asumen una importancia económica crucial: el objetivo hacia el cual se debe tender es lograr unas finanzas públicas capaces de ser instrumento de desarrollo y de solidaridad. Finanzas que capaciten al Estado para actuar como garante de los sistemas de previsión y de protección social” (“Compendio D.S.I.”, nº 355).

Pero a la hora de la verdad, acepta gustosamente el mecenazgo y las donaciones de estas grandes corporaciones y entidades financieras, sin cuestionar para nada la ética de sus negocios y la falta de ética en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias.  Y los mensajes que divulga en sus medios de comunicación, los contenidos de sus plataformas de formación responden más a una visión caritativa y benefactora de la acción social que al reconocimiento y sostenimiento de un Estado moderno cuya obligación es garantizar que todos los ciudadanos disfruten de los derechos sociales.

Las mismas prácticas institucionales de la Iglesia dejan mucho que desear. Con demasiada frecuencia nos encontramos con noticias como ésta sobre la falta de transparencia en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias: “La Iglesia oculta las cuentas millonarias de la Mezquita de Córdoba. En el apartado de transparencia de la Diócesis no aparecen los ingresos por el monumento, pero sí más de 8,5 millones de “aportaciones voluntarias”El Cabildo se beneficia de una fiscalidad de ONG pese a su actividad empresarial e inversora.”(infolibre, 30-4-2017).

Redes Cristianas se ha afiliado a la Plataforma por la Justicia Fiscal, la cual aboga por una imposición más equilibrada y justa de los tributos necesarios para financiar los servicios que nos presta el Estado y por la desaparición de los llamados paraísos o guaridas fiscales adonde algunas empresas y particulares desvían sus fondos para eludir impuestos.

Por nuestra parte, como ciudadanos, hemos de mentalizarnos de que, cuando aceptamos pagar pequeños servicios sin IVA, estamos perjudicando tanto a la sociedad en general como a nosotros mismos por el efecto acumulativo que suponen las mermas en la recaudación. Como cristianos, en la campaña del IRPF, mantenemos las recomendaciones contra la financiación de la Iglesia Católica y los Fines Sociales desde los ingresos generales del Estado, y tendríamos que plantearnos seriamente la financiación de la Iglesia por los católicos, sustituyendo al Estado.

Se hace necesario que, en la convivencia social, los reglamentos y las prácticas institucionales se correspondan con la ley marco del Pacto Constitucional. Es imprescindible asimismo que las orientaciones y la práctica eclesial, institucional e individualmente, se adecúen a su propia doctrina social, por encima de los intereses de los grupos de poder. Ya nos advierte el Evangelio sobre la costumbre de estos grupos, que parece ser constante a lo largo de la historia, de combinar la dominación política, el sometimiento del pueblo con una cuidada imagen pública de beneficencia  y “caridad”: “Los reyes de las naciones las dominan, y los que ejercen el poder se hacen llamar bienhechores. Pero vosotros nada de eso; al contrario, …  el que dirige en medio de vosotros iguálese al que sirve ” (Luc. 22, 25-26).

 
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