descarga1Desde hace varios años, uno de los sectores de la ciudadanía más activos en la reivindicación de sus derechos son los jubilados. Con el lema gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden en Bilbao y en Madrid, en Valencia y en Zaragoza, en Rota (Cádiz) y en Tarancón (Cuenca) y etc., los mayores defienden reiteradamente la justicia que les es debida.

Sorprendentes han sido las dos marchas que, saliendo desde Bilbao y Rota, a las que se le fueron uniendo más gente por el camino, terminaron en una gran concentración ante el Congreso de los Diputados en Madrid. Estos luchadores de edad avanzada, que fueron capaces de traer la democracia al Estado español, ahora están demostrando combatividad por una sociedad justa a partir de reclamar al Estado un Sistema Público de Pensiones de calidad e igualitario para ahora y para las siguientes generaciones.
En España existen aproximadamente nueve millones y medio de pensionistas, cuya retribución media es de unos 993 euros. Pero hay innumerables jubilados que reciben pensiones muy reducidas y hasta menos de la mínima. Entre los más de diez millones de pobres que hay en nuestro país según Cáritas, muchos de ellos son pensionistas. Además, desde la crisis económica que comenzó en el 2008 y con el aumento del paro y de los salarios precarios, muchos jubilados con sus modestas pensiones han ayudado a sobreexistir a sus familias.
Redes Cristianas se solidariza con las propuestas de las organizaciones de pensionistas y jubilados, algunas pertenecientes a los grandes sindicatos, que reivindican: la derogación de las reformas laborales de 2011 y 2013 del Partido Popular, especialmente sus aspectos más regresivos; garantizar las pensiones dignas presentes y futuras en el ámbito del Pacto de Toledo; aprobar en el 2020 la cuantía de 1080 euros para las pensiones mínimas; revalorización automática de salarios y pensiones en función del IPC; especial preocupación por los jubilados en el mundo rural y las mujeres pensionistas; rechazo del factor de sostenibilidad que vincula la cuantía de las pensiones a la esperanza de vida de los jubilados; oposición radical a los intentos de privatización; apuesta por invertir más recursos para el Sistema Público de Dependencia y Sanidad Pública; asimismo, se solicita un incremento del 60% de la base reguladora para las pensiones de viudedad. Apoyamos un sistema solidario entre generaciones y territorios, en defensa de la Caja Única de Pensiones; y una reforma de la Ley Fiscal progresiva y que proteja a los sectores más desfavorecidos, entre los que se encuentran los modestos pensionistas.
Es evidente que las reivindicaciones de los jubilados y pensionistas se corresponden con los principios rectores de la política social, pues el art. 50 de la Constitución Española habla de garantizar las pensiones de calidad y de su poder adquisitivo. Asimismo, el art. 109 de la Ley General de la Seguridad Social sobre los aportes del Estado estima que debe darse una aplicación estricta. La Seguridad Social ha tenido superávit hasta el 2011. El déficit posterior es ficticio y ha servido para justificar la Ley de Sostenibilidad y la miserable subida del 0,25% en las pensiones durante el gobierno del PP. Un impuesto a la banca para garantizar las pensiones de nuestros mayores siempre es factible, aunque se opongan firmemente los poderes financieros con el Banco de España a la cabeza.
Estamos convencidos de que una sociedad que no respete a sus mayores, y les garantice una vida digna y de calidad, no es una sociedad civilizada. Para lograr este objetivo y defender el Estado de Bienestar social, nuestros poderes políticos legítimos tendrán que plantarle cara al sistema neoliberal, idólatra del dinero, que se opone directamente a las necesidades de las clases más vulnerables, las personas trabajadoras y jubiladas. La reivindicación de una sociedad justa e igualitaria ha de ser permanente en los movimientos reivindicativos y sociales, pues, parar en este empeño, siempre será un retroceso para el ser humano.

   
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