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Descuido y ausencia de previsión
La pandemia del Covid-19, y últimamente los fenómenos naturales Eta e Iota, nos han despertado de un tajo a lo que somos como sociedad: una sociedad desprotegida y desprevenida. Ya lo sabíamos, ni que fuésemos insensibles ante nuestra deprimente realidad, que de acuerdo a los expertos y analistas más acreditados dentro del país como de reconocidos medios e instituciones internacionales, es conducida y gestionada por reducidos grupos de políticos ladrones e incompetentes.

Pero eventos extremos como los que nos han estremecido en el año, nos despiertan de nuestros tranquilos sueños, para unos tranquilos, para otros turbulentos. Ante estos eventos de riesgo damos respuestas improvisadas, dispersas, superficiales y con frecuencia populistas y demagógicas. Y alguna gente, la que duerme tranquila y a sus anchas, inevitablemente se despertó, pero volverá a su oficio y actitud de siempre: dormida y de espaldas a las realidades angustiosas de la inmensa mayoría de la sociedad.

En el caso de la tormenta Eta, todo mundo sabía dos semanas antes, incluso hasta pormenores de su intensidad y de su posible ruta, que en cualquier caso, siempre cruzaría territorio hondureño. El embate más fuerte de las intensas lluvias ocurrió en los días martes 3 y miércoles 4 de noviembre, pero sus aguaceros comenzaron desde el día domingo primero de noviembre.

Sin embargo, el día lunes 2 de noviembre, el gobierno siguió haciendo alharaca de la llamada semana de vacaciones morazánica. El propio titular del ejecutivo insistió en los más de doscientos mil pequeños empleos de turismo que se beneficiarían de esa semana, y que bajo ninguna circunstancia se suspendería. Esto se dijo y se ratificó mientras las alertas internacionales advertían de la peligrosa intensidad del evento y el indiscutible recorrido por territorio hondureño.

El miércoles 4 de noviembre, ya tarde de la noche, el gobierno convocó a Cadena Nacional para informar de los preparativos que se tenían, que incluía operativos de rescate y otras acciones a implementarse a partir del día siguiente. Esta información valiosa el gobierno la daba cuando decenas de miles de familias estaban damnificadas y muchas miles de personas llevaban más de 24 horas en los bordos de los ríos o en los techos de sus viviendas a lo largo de las comunidades del extenso valle de Sula.

El día viernes 6, siempre a altas horas de la noche, todo el equipo de gobierno responsable de conducir la emergencia, declaró en Cadena Nacional que las Fuerzas Armadas y las diversas instituciones del Estado estaban impulsando labores de rescate y emergencia, y se aprestaban a entregar 85 mil “comidas calientes” a las familias damnificadas. Sin embargo, las respuestas unánimes de los damnificados a la pregunta de si estaban atendidos por instancias del gobierno, ha sido que el gobierno está ausente, que nadie se ha hecho presente en las zonas inundadas y en los albergues. La inmensa mayoría de actividades, sea de rescate y atención urgente, fueron realizadas por iniciativas particulares de vecinos o de organizaciones improvisadas de jóvenes o personas que pusieron sus recursos al servicio de la magnitud de la emergencia.

El día sábado 7 de noviembre, el propio titular del Ejecutivo dijo que el operativo organizado para la emergencia se hacía bajo la consigna: “No están solos”. Sin embargo, para entonces se había extendido otra consigna por todos los ambientes de albergues y zonas inundadas: “Solo el pueblo salva al pueblo”, en base al testimonio universal de que el gobierno había dejado solo al pueblo, y que si no hubiese sido por las iniciativas particulares y de solidaridad surgidas de entre la gente, la población inundad habría muerto.

Mientras el gobierno declaraba que estaba destinando muchos recursos para la atención de los damnificados, un alto funcionario de COPECO confesaba en círculos muy íntimos que Casa Presidencial no respondía, que le suministraban nada para el trabajo de atención directa a la población afectada. Casa Presidencial dejó sola a la gente damnificada, así como unos pocos meses atrás había dejado sola a la población contagiada por el Covid-19, saqueando muchísimos de los millones aprobados para aliviar las consecuencias de la pandemia.

En el otro extremo, y siempre como expresión de la incompetencia e improvisación pública, el gobierno convocó a Cadena Nacional el día 12 de noviembre para decretar alerta roja a nivel nacional, cuando el fenómeno Iota estaba a 1500 kilómetros de territorio continental, faltaban al menos 92 horas para su llegada, y saltando los protocolos de las alertas verde y amarilla que significan preparación, organización y prevención inmediata, que preceden la alerta extrema de evacuación obligatoria. Esto conllevó no tanto a advertir a la población, sino a crear ambientes de pánico, de modo que a partir del anuncio del decreto de alerta roja, comenzaron a circular rumores de que rodo Lima desaparecería y que había de evacuarla, y que se avisaba a la población de El Progreso a desalojar por completo la ciudad porque las inundaciones arrasarían con toda la vida que encontraran a su paso.

Joh el desastre mayor
El régimen de Juan Orlando Hernández ha cumplido en diez años un imbatible y doble servicio destructor a la sociedad hondureña: por una parte ha destartalado la institucionalidad del Estado de derecho, y ha conducido a sus decisiones personales y discretas. Sea el Ministerio Público, sea la Corte Suprema de Justicia, sea COPECO o cualquier otra institución, subordinan sus acciones y funciones a los intereses del Titular del Ejecutivo, quien a su vez, no solo toma las decisiones por encima de los otros dos poderes del Estado, a través del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, sino que se permite inconsultamente de crear nuevas instituciones, como el Ministerio de Transparencia, dejando de lado varias instituciones que tienen justamente ese el oficio de auditar el uso de recursos públicos.

Y por otra parte ha dejado a la población en la intemperie ante la comunidad internacional. Nunca el Estado había tenido tan poca respuesta por parte de la cooperación internacional, como ha ocurrido en este tiempo de pandemia, y especialmente con el paso de los eventos climatológicos actuales. En otros eventos, no habían pasado ni 24 horas cuando era notable el anuncio de la comunidad internacional expresando su solidaridad y con el compromiso palpable de ayudar a las víctimas a través de las instituciones del Estado. En esta ocasión el perfil de solidaridad y ayuda ha sido muy bajo.

¿Por qué pasa esto? Basta el alto deterioro y desprestigio que ha alcanzado la administración de Juan Orlando Hernández para tener una respuesta. La comunidad internacional no está dispuesta a volcarse en ayuda al país por la experiencia que tiene y conoce –y que se dice a baja voz –cuando no hay micrófonos o ambientes protocolarios, por todos los pasillos de las embajadas y de organismos cooperantes– de las sospechas de los desvíos millonarios de los recursos por parte de los miembros de los equipos más cercanos a Casa Presidencial. Esta administración ha dejado en el abandono a la gente, por arrasar con la institucionalidad, y por ganarse la desconfianza de la comunidad internacional. Y en ambas situaciones, la población más empobrecida, paga todas las consecuencias en su propia vida. Por Honduras han pasado y están pasando varios eventos que han dejado desgracias, destrozos y desastres. Sin embargo, el desastre más grande que le ha ocurrido al país, al menos a lo largo del presente siglo, es una administración esencialmente corrupta, delincuente e incompetente como la de Juan Orlando Hernández.

Sociedad rota
Tanto el Covid-19 como los fenómenos climatológicos, como Eta, nos encontraron desprevenidos, tanto a la institucionalidad del Estado, como a los diversos sectores y organizaciones sociales y movimientos de la sociedad civil. Los miles de damnificados que salieron a los bordos de los ríos para salvarse, que perdieron todos sus enseres que tanto les costó, y que han tenido que guarecerse en improvisados albergues, eran damnificados mucho antes del evento catastrófico. Lo eran mucho antes de la pandemia, cuando progresivamente, y en especial a lo largo de estas dos primeras décadas del siglo, sus vidas se fueron degradando a la par de la degradación ambiental y ecológica y de la institucionalidad del Estado de derecho y la democracia.

Todo se fue viniendo abajo, y cuando a la población le cayó de un porrazo el Eta, ya era desde hacía mucho tiempo una población rota en todos sus tejidos humanos, familiares, políticos, culturales y religiosos. Todo está roto. A lo largo de lo que va del siglo, el pueblo hondureño se ha ido configurando en torno a un estado de indefensión y de damnificación.

Desconfianza y despolitización
Esa ruptura de los tejidos, se expresa en la desconfianza hacia todas las instituciones públicas y políticas, como ha quedado dicho en los diversos sondeos de opinión pública del ERIC realizados cada año a lo largo de una década. Se expresa en la migración constante de una confesión religiosa a otra, que convierte al pueblo hondureño en religioso pero con raquítica estabilidad en una institucionalidad confesional.

Se expresa en la despolitización de un porcentaje que supera el 40 por ciento de ciudadanos que dicen no pertenecer a ningún partido político, pero tampoco pertenecen a organizaciones comunitarias, sindicales, ambientales o de derechos humanos. Esa despolitización convierte al pueblo hondureño en un pueblo amorfo, fácil de dejarse manejar por políticos o grupos de fuerza, como las pandillas o estructuras del crimen organizado, pero a su vez en un pueblo taimado, que dice sí a todo lo que viene de arriba, pero para hacer lo que le ronque la gana. Lo convierte en un conglomerado bajo la única divisa posible del sálvese quien pueda.

Huir de conflictos
Esa ruptura de tejidos se expresa en huir de los conflictos, evitar confrontaciones, y defenderse ante las amenazas con el silencio, la sumisión o la violencia activa, y cargada de crueldad. Y se expresa en huir hacia afuera. El pueblo hondureño es especialmente crítico de los políticos, y de estos políticos que conducen el Estado bajo el liderazgo de Juan Orlando Hernández. “Es un gobierno basura”, se suele escuchar en diversos ambientes. Pero nunca o casi nunca pasa de la palabra a la acción pública. Y en lugar de organizarse o de responder al llamado a emprender el camino interno hacia la capital demandar la salid de quien es responsable inmediato de sus males, la población agarra unos poquitos maritates y emprende el camino en caravana hacia el norte, así lo convierte en héroe mundial de las migraciones, pero ratifica su rasgo taimado, de no resolver de frente y con los demás sus problemas sino huir hacia otros lados, lejos, donde no tenga que dar cuenta de lo que hace más que a su familia, a través del envío de remesas.

Más miserables que pobres

Esa ruptura se expresa en la agudización del empobrecimiento de la población mayoritaria en Honduras. Según expertos, al finalizar el 2020 ocho de cada diez personas estará en la línea de pobreza, y un alto porcentaje, muy por debajo de esa línea. Los desempleados que comenzaron el año, seguirán desempleados, y miles de personas que comenzaron empleados en la industria de la maquila, en el comercio o en la industria del turismo, terminan el año desempleadas. Es decir, avanzamos, y ya estamos en ella, hacia una sociedad con una alta dosis de miserables. Y esto es de alta peligrosidad, porque puede ser tierra fértil para levantamientos espontáneos y sin control, o tierra fértil para populismos y mesianismos que se alimentan de poblaciones miserables a las que se pueden manipular por una bolsa solidaria o un mendrugo, y la miseria se transforma en votos que legitiman autoritarismos y dictadores.

Desprevenidos desde la organización de base
Y un rasgo fundamental de esa ruptura de tejidos es esa actitud de dejar pasar, de llegar a ser una sociedad hondureña desprevenida, ya no solo desde una institucionalidad improvisada y puesta a la altura de los manejos discretos de quienes ostentan altos cargos de responsabilidad, sino a nivel de las organizaciones sociales o la sociedad civil. En esta esfera de la sociedad es en donde con más fuerza se hace sentir la desprevención. Cuando la furia de un fenómeno natural actúa sobre las poblaciones aledañas a los ríos, las organizaciones actúan con muy bajo perfil, algunas incluso desaparecen como por arte de olvido, y elevan su presencia a través de las redes sociales, desde donde lanzan sus dardos implacables en contra de la corrupción, ineptitud y mentira de las autoridades públicas. No es por falta de voluntad. Es falta de previsión, y como expresión de los tejidos rotos.

Como organizaciones sociales y de sociedad civil, se llegó imperceptiblemente a la incapacidad para construir puentes sólidos y auténticas relaciones de horizontalidad entre las diversas organizaciones que con el correr de estos años se han multiplicado y han brotado a borbotones hasta en los lugares más inverosímiles del territorio hondureño. En lugar de puentes e hilos para tejer los tejidos rotos, se consolidó el archipiélago hondureño en donde caben todas las organizaciones sociales, siempre que cada una se sitúa indefectiblemente como isla. Así, las organizaciones sociales de todo tipo y de sociedad civil se han anclado sobre el mar de calamidades hondureñas, como isla. La existencia de miles de islas con sus planes estratégicos, marcos lógicos, estrategias y compromisos, tienen una línea muy fuerte de verticalidad con organismos de cooperación, los cuales en muchos casos son los definidores y constructores de muchas de las islas.

La imagen es fuerte: cada isla con hilos verticales movidos por encima de cada una de ellas por financiamientos y temáticas de organismos cooperantes, en una relación asemejada a las marionetas que no tienen vida propia, sus movimientos se definen por los intereses y voluntad de las manos que desde arriba mueven los hilos. Al ser tantas las energías, creatividades y compromisos por dar informes, a las organizaciones sociales y de sociedad civil les queda muy pocas iniciativas y capacidades para buscar horizontalmente a otras islas, y entonces se quedan aisladas, literalmente, unas de las otras. Cada organización resuelve con sus destinatarios en otra línea imaginaria de verticalidad, en un mar de confusiones e individualidades.

Archipiélago en mar de calamidades
Este síndrome de archipiélago es la consecuencia extrema de los tejidos rotos y sitúa a cada una de las organizaciones sociales y de sociedad civil en estado de desprevención. Desprevenida la institucionalidad pública y quienes la conducen, desprevenidos los sectores privados, las diversas iglesias y las múltiples organizaciones sociales y de la sociedad civil.

Esto significa que un problema estructural hondureño es la ausencia de prevención. No es solo de un sector, es asunto que cruza a la sociedad entera, y no es solo ausencia de prevención en cada una de las instituciones centralizadas y de los departamentos y municipios. Es ausencia de prevención que ha invadido los dinamismos más profundos de la sociedad y de los miembros de la misma, hasta convertirse en un problema cultural. No somos prevenidos mi institucional, ni social ni política y culturalmente. No es falta de trabajo o haraganería. La gente vive trabajando, las organizaciones sociales y de sociedad civil trabajan arduamente. Muchas veces el trabajo es extenuante, agotador y estresante. Solo en hacer informes para los organismos cooperantes los miembros de las organizaciones se pasan horas enteras del día y de la noche.

Cultura de supervivencia y del corto plazo
La ausencia de prevención no es por falta de dedicación de la gente. Es porque cada organización está sacando sus propias tareas para sobrevivir en el competitivo archipiélago de millares de individualidades, cada una buscando estar a flote ante un modelo sistémico que obliga a la sociedad entera a vivir bajo el lema del sálvese quien pueda. Porque las estructuras estatales han adquirido el tamaño de la improvisación de quienes las conducen, y a fin de cuentas son reflejo de una sociedad que ya no le quedó energías ni capacidades para invertir en futuro, sino para la sobrevivencia cotidiana. La sociedad hondureña ha sido condenada a la cultura de la improvisación y no para tener reservar para el mediano y largo plazo.

Unos años atrás a alguien se le ocurrió proponer invertir seis años para algo de prevención que se expresara en un plan que culminara con una propuesta nacional en 2021, a propósito del bicentenario de la firma del acta de independencia de Centroamérica. Mucha gente oyó la propuesta, y mucha gente asintió con su cabeza a la propuesta. Pero así como se escuchó así aquella propuesta de la llevó el viento. Era una propuesta a trabajar en seis años, y en Honduras es un tiempo demasiado prolongado, y la gente está atareada en resolver asuntos de sobrevivencia. La sociedad hondureña quedó atrapada en el corto plazo, no hay mirada de mediano y largo plazo, aunque los papeles y computadoras cargan con los más elegantes y técnicos lenguajes.

Llegamos al 2021, y entonces mucha gente está preparando foros y actividades políticas y culturales sobre los desafíos hondureños frente al Bicentenario. Todo se redujo al corto plazo, y con frecuencia a remolque o contrapartida a las festividades y eventos oficiales. Aunque se elaboren propuestas a diez años o veinte años, muy poca gente tiene la osadía de ver más allá de los tres meses o a lo sumo el año. Todo lo demás se lo lleva el viento, porque la sociedad está por entero sumergida en la lógica de lo inmediato, se vive muy a pecho aquello de que a “a cada día le basta su afán”. Es la actitud de la cabeza agachada y el cuerpo encorvado. Una vez que pasan los eventos, todo vuelve a lo de antes, quedan las tareas de reportar con verificadores a los organismos donantes. Y a seguir en otro evento que permita tener vigencia en la coyuntura, no hay respiros de largo aliento.

Una sociedad y un Estado estructuralmente desprevenidos

Todos los fenómenos naturales, políticos o humanos se convierten en amenaza, peligro y finalmente en mayores destrozos y deshumanización. Incluso asuntos como procesos electorales o el sistema de justicia se sitúan en esta desprevención estructural, porque en lugar de ser dinamismos e instituciones para fortalecer democracia y justicia, son amenazas y peligros para la misma democracia y para la aplicación de la justicia.

El hecho de que el Estado esté capturado por reducidos grupos políticos que lo usan para negocios y saquear recursos de las instituciones públicas, confirma la desprevención en la que la sociedad entera se encuentra. Cuando se habla de que Honduras es el tercer país más desigual del planeta después de Sur África y Haití, o el segundo país más vulnerable del planeta junto con Bangladesh o uno de los dos países más corruptos del continente, confirma la desprevención de la sociedad. Cuando el sistema de salud no logra controlar el dengue, o cuando en plena emergencia de la pandemia subordina sus decisiones a las de un grupo político que decide comprar discrecionalmente hospitales móviles que están muy por encima de los costos, y luego resultan en una estafa, confirma la ausencia de prevención sistémica de la sociedad.

Cuando la institucionalidad del Estado en varias de sus dependencias, como las Fuerzas Armadas, la policía, el Ministerio Público, la Corte Suprema de Justicia, y la propia Casa Presidencial, fueron contaminados y penetrados por sectores del crimen organizado, primordialmente por el narcotráfico, confirma la ausencia de prevención de la sociedad y el Estado. La ausencia de prevención condujo a estas desviaciones y debilitamientos institucionales, sociales, sanitarios y políticos, y una vez que estas instancias o políticas se encuentran en un estado de alta precariedad, contribuyen a que se profundice la desprevención, como en un círculo perverso de retroalimentación.

Cuando la violencia ha dejado de ser desde hace mucho tiempo un asunto administrado exclusivamente por el Estado, sino que el Estado mismo ha delegado esta administración, por activa y por pasiva, a diversos grupos privados, regulares e irregulares, bajo la égida de la ley, pero sobre todo para legales e ilegales, de manera que se ha avanzado inexorablemente hacia el imperio de la ley de los fuertes, en donde cada quien se toma la justicia en su propia mano, confirma que la prevención es un asunto ausente y la sociedad entera queda en indefensión o víctima de una violencia sin control, en manos de sectores que de muy diversas maneras actúan en la impunidad y bajo el amparo del Estado.

Cuando la sociedad hondureña es productora de desempleo, a extremos que de cada cien hondureños con derecho a trabajar, unos setenta se encuentran en el subempleo o en el desempleo abierto, explica por qué Honduras sea mundialmente conocida por las caravanas de migrantes. Su gente se siente tan amenazada en su país que organiza estas caravanas, no para reclamar derechos dentro del país, sino para renunciar a vivir en su territorio, tras el convencimiento que su vida dentro del país se encuentra amenazada, sea por la violencia, sea por la ley de los fuertes, sea por el desempleo, sea el propio Estado que lo discrimina o lo reprime. Esto confirma la ausencia de prevención estructural de la sociedad.

Cuando los dinamismos estructurales de la sociedad conduce a que las riquezas se acumulen multimillonariamente en unas 200 personas, cinco de las cuales concentren una fortuna equivalente al salario mínimo anual de 2 millones de hondureños, y que existan centenares de miles de mujeres y hombres del campo que ganan un salario que apenas alcanza para una libra de queso y una libra de tres productos básicos, confirma que la sociedad está gobernada por un sistema de vida productor de desigualdades, y por eso mismo que anula sistémicamente la prevención.

Cuando existen centenares, quizás miles, de organizaciones sociales y de sociedad civil con temas transversalmente comunes entre unas y otras, con un discurso explícito o tácito, igualmente común anti capitalista, anti racista, anti patriarcal, en contra del extractivismo y de la privatización de los bienes y servicios comunes, inclusión de género, y trabajando con grupos o entre grupos metas comunes, pero que nunca, y rara vez se juntan para compartir un caminar similar, o para articulaciones duraderas. Rara vez aceptan estar en espacios comunes sin reivindicar su nombre y su logo, confirma que la ausencia de prevención cruza e invade también a esta dimensión de la sociedad que se sitúa desde las sectores humanos y sociales más vulnerables.

¿Cómo hacer frente a la desprevención?
Si cada vez, y de todas las aristas del país, se advierte la ausencia de prevención, no solo como un problema regional o coyuntural, sino como un asunto estructural hondureño, ¿qué toca, cómo abordarlo? Sin duda que desde una perspectiva de cambio estructural, y por grande que sean las actividades, por puntuales o coyunturales que sean los compromisos, solo situados desde esa perspectiva de cambio estructural es como tendrán rumbo y capacidad para no quedar reducidos a acciones y eventos temporales o asistenciales. Una labor puede ser muy coyuntural, o tener una tonalidad de asistencia, como llevar alimentos o agua a un albergue de damnificados, y repartir miles de raciones de alimentos para paliar el hambre, o entregar semillas a familias o grupos campesinos para la siembra, pero si se sitúa en una amplia perspectiva de construir institucionalidad y cultura de prevención, adquieren un valor trascendental.

Todas las situaciones de vulnerabilidad, todas las amenazas y todos los peligros naturales sociales, ambientales, sanitarios y políticos son prevenibles. Todos. Como dicen los expertos, los fenómenos naturales nadie los puede detener, ni las más altas investigaciones han logrado hasta ahora mecanismos que detengan los fenómenos naturales. Lo que se puede prevenir son los desastres. Bien dicen, nadie detiene los fenómenos naturales. Los desastres sí se pueden prevenir y detener. Igual con una pandemia como el Covid-19, una vez que el virus se desata, es difícil detenerlo, pero sí prevenir sus desastres. Las caravanas son las expresión de de un modelo productor de desigualdades y de hechos de corrupción oficiales. Ambos desastres se pueden prevenir, porque no son fenómenos naturales, son sociales, políticos, institucionales y humanos.

La prevención: un estado estructural de estabilidad y confianza

Seguridad y confianza ante todas las amenazas, por grandes que sean, y alcanzar capacidad para reducirlas, reorientarlas y convertirlas siempre en oportunidades. La prevención es un estado estructural de la sociedad para asumir todas las situaciones o eventos con un nivel de desafío y advertencia, y antes de que se presenten, la sociedad ya está predispuesta en positivo para asumirlos como desafíos y tareas. Y esto vale para todos los ambientes. Valen para fenómenos naturales, climatológicos o pandémicos, económicos, políticos, militares, culturales e institucionales.

Cuanta más se involucren las diversas instancias de la sociedad para poner en marcha procesos de prevención, más capacidad se tendrá para reducir las consecuencias. Y cuánto más cerca se esté en procesos que aborden las causas de los desastres, más capacidad se estará para que la prevención sea estructural y no puntal o coyuntural. Frente a situaciones de desastre en el Valle de Sula, en la costa norte y atlántica en general, y en la zona de la capital del país, se requiere la voluntad y la decisión política de quienes tienen las más altas cuotas de responsabilidad en tomar decisiones, en franca alianza con los diversos sectores privadas, municipales, comunitarios, sociales, eclesiales y ambientales y en asocio con la comunidad internacional.

Rompe con arreglos de cúpulas y líneas verticales, condición para construcción de prevención
La prevención institucional y cultural al tener una perspectiva de cambio estructural, nunca deberá sostenerse solo desde las líneas verticales, y definida solo desde cúpulas, como es la lógica del sistema actual. Sin negar el aporte de las cúpulas políticas, empresariales, sindicales, religiosas y sociales, la dinámica conductora ha de sostenerse en acuerdos nacionales con fuerte componente popular, y con participación de las bases, no como correas de transmisión de líneas diseñadas desde las cúpulas, sino como iniciativas y liderazgos indispensables. La prevención institucional y cultural ha de cruzar el corto plazo, pero orientado hacia compromisos en el mediano y el largo plazo. Ha de sustentarse en hechos y compromisos específicos y coyunturales, pero trascendiéndolos.

Retomando el ABC para Honduras
Años atrás ya se habló de una propuesta institucional y cultural de prevención que se llamó el “ABC para Honduras”, es decir los Acuedos Básicos Compartidos. En esta ocasión retomamos esta propuesta tan necesaria para estos tiempos cada vez mas inciertos.

Expertos hablan de degradación de la sociedad, tanto de su modelo económico, como del ambiente y la institucionalidad política. Cuando se habla de sociedad degradada. Se hace referencia a una sociedad y un Estado que finalmente son gobernados desde decisiones e incluso desde estructuras criminales organizadas transnacionalmente; donde ciertamente Honduras es una realidad muy importante, pero al final es sólo un eslabón más en la cadena multinacional de la violencia y el crimen.

Las elecciones son un factor imprescindible de la democracia política, representativa y participativa. Sin embargo, la sociedad hondureña actual está damnificada y la institucionalidad del Estado no sólo es precaria sino también rehén de quienes ejercen arbitrariamente el poder porque son fuertes e impunes. Participar en procesos electorales no se discute. Lo que está en cuestión es en qué condiciones se hace y bajo qué lectura política, porque a fin de cuentas las elecciones han pasado a ser un problema más en un Estado degradado que una respuesta para la democracia. Así como estamos, cada vez que vamos a elecciones hemos de tener la seguridad que saldremos todavía con menos democracia y estabilidad que antes de las mismas.

Lo que no acabamos de entender es que en este momento estamos en unas condiciones de tanto deterioro que la situación de Honduras se ubica en un estadio muy anterior a la democracia. Nos hemos desesmocratizado. Si acaso logramos tener en las últimas décadas una base de democracia política, la misma retrocedió y actualmente podemos hablar de una involución de la democracia. Las elecciones son la expresión y a la vez la garantía de la democracia. Pero si no existe democracia, ni Estado de Derecho en el sentido real, la apuesta primordial se sitúa en construir esas condiciones para que en efecto la realización de elecciones expresen y contribuyan a desarrollarlas.

Las elecciones que se han celebrado después de 2009 nos han dejado más chamuscados y confrontados que satisfechos. ¿Han cambiado las condiciones para creer algo distinto de las elecciones que se celebrarán en noviembre de 2021? Claro que sí, dirán los que pactaron las llamadas reformas electorales. Pero al ser un pacto de cúpulas dejando intactos los dinamismos de la confrontación, nada indica que las elecciones y sus resultados serán distintos que las tres elecciones últimas.

Mientras no estén sentadas las bases de la democracia y del Estado de Derecho, o dicho de otra manera, si nos cerramos en hacernos creer a nosotros mismos que el remedo de Estado que tenemos es Estado de Derecho y que el sistema que nos gobierna es la democracia, entonces las elecciones que se organicen en tal contexto estarán en correspondencia con la legitimidad que necesita ese adefesio jurídico y político que de Estado de Derecho y de democracia tiene lo que de caliente pueda tener un témpano de hielo.

Para hablar de un proceso electoral en democracia hemos de abrirnos ante todo a sentar las bases de la democracia y del Estado de Derecho que necesitamos fundar, refundar, construir o reconstruir, según como mejor queramos llamar a este proceso. Dicho de otra manera, no se trata sólo de hablar de elecciones y de meternos en ellas. Se trata, más bien, de re-pensar el país para re-hacerlo desde una nueva democracia y un nuevo Estado de Derecho.

La sociedad hondureña atrapada entre la inseguridad y el empobrecimiento, la corrupción y el narcotráfico, los políticos y la violencia y delincuencia policial, es una sociedad deprimida y damnificada. Y si todo lo que se ofrece es más de lo mismo en el proceso del hundimiento humano y social, más vale lanzarse hacia las quimeras que participar en la complicidad con quienes no ofrecen más caminos que la exclusión y la impunidad. Este re-pensar el país ha de tener como punto de partida la aceptación consensuada de que así como estamos, al lugar que hemos llegado, nadie tiene la capacidad para impulsar un proyecto de país por su propia cuenta, y peor todavía, imponiéndose a los demás.

Mínimos consensos: lo máximo a lo que podemos aspirar
Un punto de partida imprescindible para poner en marcha un proceso de propuestas que rompan con la lógica política excluyente es la aceptación consensuada de que el país está tan resquebrajado que en el corto plazo, y previsiblemente en el mediano plazo, no estamos en capacidad para impulsar una propuesta buscando “máximos”; sencillamente porque la realidad no ofrece esas posibilidades.

Los “máximos” que podemos alcanzar se encuentran en los “mínimos” que pueden sentar las bases para iniciar un auténtico proceso hacia la construcción de democracia y Estado de Derecho. Y esto es así porque hemos perdido lo mínimo que una sociedad necesita de bien común para su convivencia armónica. Esos mínimos perdidos son los que hay que recuperar como condición para poner en marcha procesos auténticos de construcción de la democracia y un Estado de Derecho real. Esos mínimos son lo que han de estar representados en lo que llamaríamos el “ABC hondureño”, es decir, los “Acuerdos Básicos Comunes”.

Este ABC lo hemos de concretar en contenidos y temas nacionales en los cuales se encuentren identificados los diversos sectores y estratos de la sociedad hondureña, que podrían significar una respuesta para enfrentar las tentaciones a las respuestas fáciles y carentes de ciudadanía en el contexto de una sociedad humana, ética, social e institucionalmente deteriorada como la nuestra. Cuando estamos en una situación de tanta inseguridad, de “anomia” colectiva, las religiones, los caudillos, las armas y las regalías se presentan como factores salvíficos. He aquí el gran peligro hondureño, si es que seguimos conforme a las percepciones que nos arrojan las encuestas.

Convocatoria nacional, ¿quién la lidera?
Para ello, habría que poner en marcha una convocatoria en la que se pongan las bases, metodología, tiempos y responsables del proceso. ¿Quién convocaría? Quizás es la primera cuestión a resolver, porque un rasgo del deterioro social de lo institucional es la ausencia de credibilidad de los actores, instituciones y personalidades. La convocatoria y el proceso deberán estar bajo la responsabilidad de instancias que involucren tanto a actores nacionales del más alto reconocimiento, que también existen, como a representaciones internacionales.

Un punto de referencia compartido es que el gobierno actual no puede estar entre los convocantes. Las iglesias perdieron la base de credibilidad con la que contaban tradicionalmente. Pero no pueden quedar fuera. El empresariado está disperso y sin sustento común, pero no puede quedar fuera. Los organismos de incidencia o las llamadas ONG son tan diversas y dispersas que resulta muy difícil encontrar en ellas la base para una convocatoria creíble y movilizadora. Pero no deben quedar fuera, por sus implicaciones en tan variados campos de la vida nacional y especialmente por su involucramiento en procesos muy cercanos a los municipios y comunidades locales.

Lo mismo puede decirse de los diversos sectores políticos y del movimiento popular, frecuentemente muy ensimismados en sus dinamismos internos y viendo a la sociedad desde sus particulares intereses y cálculos. Seguramente se necesitaría un componente convocador internacional que pudiera estar ligado a la defensa de los derechos humanos, sin descartar la participación de representantes oficiales de la ONU, aún con el grado de descrédito y desconfianza que ha acumulado.

Este componente internacional es imprescindible, no sólo por la ausencia de consensos en torno a convocantes internos, sino porque cualquier propuesta de solución al caso hondureño ha de pasar por negociaciones que involucren a la comunidad internacional, puesto que los actores y condiciones que definen la ingobernabilidad tienen ramificaciones transnacionales. Cada uno de los sectores, tanto populares, políticos, empresariales como territoriales y temáticos, habría de organizar su propio proceso de elaboración del ABC, de manera que todo el país se ponga en movilización y estado de construcción del ABC. Desde las asambleas comunitarias, pasando por las sectoriales, municipales y departamentales, hasta llegar a las asambleas nacionales. Teniendo cada organización o sector poblacional su propuesta de ABC, se habría de tener la convocatoria nacional para debatir y negociar entre todos los sectores hasta lograr el ABC hondureño, el cual deberá ser refrendado en una consulta nacional.

¿ABC sobre qué?
Desde un punto de vista general, en un ABC de Honduras debían estar incluidas algunas categorías de acuerdos:

La primera podría incluir acuerdos socioeconómicos y ambientales como la tenencia de la tierra y políticas agrarias, la protección y manejo de las riquezas o recursos naturales, empleo y producción, la vulnerabilidad ambiental, la educación, la salud, la seguridad ciudadana, la política fiscal, la vivienda. Es decir, con el rumbo de un nuevo modelo de desarrollo y de inversiones que rompa con la galopante inequidad, factor decisivo de la violencia e inestabilidad.

La segunda categoría buscaría acuerdos sociopolíticos como los derechos humanos, la defensa de las comunidades y su territorio, los derechos étnicos, relaciones de género, medios de comunicación, libertad de expresión y derecho al acceso a la información y derechos culturales.

La tercera categoría sería la político-institucional-jurídica y tiene que ver con el derecho a la organización y participación en la toma de decisiones desde una institucionalidad que garantiza una democracia representativa, participativa y directa; la transformación del sistema de justicia, la reconfiguración del Congreso Nacional, las Fuerzas Armadas, los organismos contralores del Estado, especialmente el Tribunal Supremo Electoral y la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas, y en general el diseño de una institucionalidad con capacidad para responder a las transformaciones contenidas en las dos primeras categorías.

Estas categorías no están separadas entre sí, cada una está remitida a las otras. La primera categoría contiene acuerdos mínimos en torno al empleo y la producción, lo que de inmediato vincula con acuerdos que se han de establecer en torno a la legislación que regula el empleo, como es el caso del Código del Trabajo, hasta lograr un acuerdo mínimo de estabilidad laboral de las trabajadoras y trabajadores. De igual manera, si se buscan acuerdos básicos compartidos en torno al empleo, se deberá establecer el vínculo con acuerdos básicos compartidos relacionados con la defensa de los derechos humanos laborales de miles de obreras y obreros en toda la industria como las maquilas.

De entre todos estos temas habría que definir los prioritarios, por cuál orden comenzar su tratamiento y el proceso y mecanismos para su implementación. Un ABC de Honduras de esta naturaleza debería orientarse finalmente a su ratificación en una Asamblea Nacional Constituyente que redacte una nueva Constitución Política.

El diseño de un ABC de Honduras ha de ser una propuesta aglutinadora, es decir, que no sea más de la misma lógica de exclusión que ha caracterizado a tantas propuestas anteriores. Esto no significa que todo se ha de hacer desde cero, porque se pueden tomar en cuenta experiencias exitosas que se hayan realizado en algunas zonas, municipios u organizaciones del país. Este ABC de Honduras ha de garantizar que no sólo en los objetivos se busque la inclusión social y la democracia participativa, sino que el proceso mismo ha de ser una experiencia de inclusión y de democracia participativa.

Para lograr el ABC de Honduras será necesario que existan acuerdos previos entre sectores con formas de pensar e intereses afines, y que sea dentro de estos sectores afines donde se deberá practicar la inclusión y la democracia participativa, con el fin de que el clima de confrontación se comience a superar a partir de quienes son parecidos en concepciones e intereses. Así como los sectores empresariales debieran buscar sus propios acuerdos, los sectores sociales y populares debían buscar sus propios acuerdos, sin quedar atrapados en el cortoplacismo ni en los enredos propios de concepciones ideológicas inflexibles o en la búsqueda de la defensa de intereses muy particulares o de gremio.

El camino para el diseño del ABC de Honduras supone una condición previa: que cada sector haga frente a sus propias crisis internas y construya sus propias propuestas de ABC sectoriales, y desde allí avanzar hacia la búsqueda de acuerdos con los otros sectores desde la lógica del debate y la negociación. Los sectores populares y comunitarios, mucho más débiles y en desventaja frente a los grupos políticos tradicionales y empresariales, debían fortalecer sus propias instancias e identidades, y desde su fuerza organizada desarrollar sus propios acuerdos para convertirlos en fuerza y poder en una mesa de negociaciones, con el propósito de que al final se evite que se imponga la ley del más fuerte, sino los intereses nacionales.

   
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