VII ENCUENTRO DE REDES CRISTIANAS
23 y 24 de octubre de 2021

 

El presidente peruano, Alan García, promulgó hoy la ley de Libertad Religiosa, que garantiza el derecho a la libertad de religión y su ejercicio público pero que los evangélicos (12% del país) critican porque aseguran que “ratifica la desigualdad” entre los credos.

En el acto de promulgación, el jefe de Estado afirmó que la ley es “un avance fundamental en la historia legal de nuestra democracia”, pues si bien es cierto que “la Iglesia católica, por su historia, aparece con un enorme peso en la ciudadanía, otros cultos, religiones e iglesias tienen espacio y han ido avanzando”.

García destacó que con la norma, promulgada dos semanas después de haber sido aprobada por el Congreso, el Estado reconoce la diversidad de las entidades religiosas y añadió que todas ellas gozarán en igualdad de condiciones de los beneficios y exoneraciones aprobados por ley.
De acuerdo a la nueva ley, el Estado, a través de las autoridades públicas, puede prestar cooperación técnica para la conservación del patrimonio artístico y puede suscribir convenios de cooperación con instituciones que hayan adquirido notorio arraigo.

Igualmente, la norma garantiza que cualquier persona pueda recibir asistencia religiosa en la prisión, hospitales y cuarteles, así como recibir sepultura de acuerdo a los ritos de su religión.
También se podrá ejercer la objeción de conciencia, cuando alguien esté impedido de cumplir un mandato legal por imperativo moral, según la entidad religiosa a la que pertenezca.
Asimismo, la ley facilitará a trabajadores y estudiantes conmemorar las festividades y guardar el día que se considera sagrado en su religión.

En opinión de García, la norma eliminó “cualquier residuo de intolerancia” respecto a todos los credos que se profesan en el país y remarcó su “enorme importancia para la historia de Perú”.
La directora ejecutiva de la Unión de Iglesias Cristianas Evangélicas de Perú (Unicep), Raquel Gago, dijo a Efe que tanto su organización como el Concilio Nacional Evangélico (Conep) están “absolutamente en contra” de la ley porque “ratifica la desigualdad y resalta los privilegios de la Iglesia católica”.

En concreto, Gago objetó la persistencia del Concordato con la Iglesia católica, el hecho de que la ley no recoja el principio de laicidad del Estado y que la obligatoriedad del curso de religión católica se haya resuelto exonerando de él a los niños de otras confesiones, en lugar de proveer cursos similares de otros credos.

Gago atribuyó a la Iglesia católica “presiones sobre los congresistas” para desnaturalizar un proyecto de ley que era más “igualitario”, y anunció que Unicep y Conep promueven la recogida de 5.000 firmas para iniciar un proceso de inconstitucionalidad de la nueva norma.

   
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