VII ENCUENTRO DE REDES CRISTIANAS
23 y 24 de octubre de 2021

 

El Estado español ha logrado construir en las últimas décadas un sistema sanitario admirado en todo el mundo. En pocos lugares se cuenta con una sanidad que, con un presupuesto tan modesto, proporcione una cobertura prácticamente universal, unas  prestaciones amplias, una medicación accesible; una atención, en definitiva, beneficiosa para cada persona y para la sociedad. El modelo, mejorable -todo lo es-, ha dado muestras sobradas de eficiencia. Y quizás la prueba más evidente es que, una vez exprimido el negocio de la vivienda, se hayan vuelto las miradas de muchos inversores hacia la sanidad.

La doctrina del shock aplicada al modelo de salud. Bajo la excusa de la escasez de recursos y la necesidad de recortar el gasto, se aprueba un conjunto de normas que en otras condiciones nunca serían aceptadas. Se presenta una serie de medidas como ineludibles y urgentes como las únicas capaces de evitar un mal mayor. Entre ellas, la exclusión de millares de personas, no sin antes haberlas identificado como causantes de la hipotética ineficiencia del sistema. Esto es precisamente lo que hace el RDL 16/2012: bajo la apariencia de establecer “medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones” oculta un cambio de modelo.

En lo sucesivo, ejercitar el derecho a la salud se supeditará a ser persona asegurada o beneficiaria de ésta. Con ello, un sector de la población se verá privado del acceso a un sistema que también está contribuyendo a sostener; y este sector irá ensanchando sus contornos si el resto de las personas, aliviadas por encontrarse aún dentro y satisfechas con la solución propuesta, se desentienden. Porque hoy, el desarrollo reglamentario de ese RDL excluye de la condición de aseguradas a las personas migrantes en situación irregular, esas presuntas culpables. Pero mañana serán muchas otras: está en manos del Gobierno volver a esgrimir la imperiosa necesidad de controlar el déficit para reducir el número de personas aseguradas o más bien aseguradas por ley, pues,  de lo que se trata,  es de que las excluidas paguen por la asistencia y puedan aumentar los ingresos de las aseguradoras. Si, además, se adelgazan progresivamente los costes (a cuyo fin también se recortan prestaciones y se aumenta la contribución al gasto farmacéutico), la privatización de la gestión resultará aún más atractiva a esas empresas y a otras deseosas de lanzarse sobre el negocio sanitario.

Que las personas que en la actualidad han sido despojadas de sus tarjetas sanitarias, o del derecho a obtenerlas, pertenezcan al sector más vulnerable de la sociedad, no es algo que parezca importar a los poderes públicos. Desde el pasado septiembre son miles los hombres y mujeres que no reciben la asistencia que precisan, por más que se asegure que en todo caso se atienden por urgencias. La pretensión de aliviar por esta vía situaciones extremas, obviando que buena parte del éxito de un modelo sanitario se encuentra en la prevención, no es sólo miope. Y tampoco es del todo exacto apuntar a la irresponsabilidad de los gobernantes. En este contexto, hablar de genocidio sanitario consciente no constituye ninguna exageración.

La única salida con que, ante leyes como esta, cuenta una colectividad ética, pero también cada persona consciente de su responsabilidad individual, es negarse a cumplirlas. No colaborar con quienes ejercen violencia sobre el conjunto de la sociedad en un perverso intento de que asuma la injusticia como algo inevitable. Sólo la inaplicación del RDL puede garantizar el derecho a la salud, que es un derecho tan vinculado con el derecho a la vida –con el derecho a la integridad física y con la dignidad– que no permite diferencias ni matices. Y por ello, numerosos colectivos y organizaciones, como “Yo Sí Sanidad Universal” (www.yosisanidaduniversal.net),  han iniciado diversas campañas de oposición, objeción y desobediencia al decretazo. Médic@s y personal de administración, enfermeros y usuarias se han unido para combatir desde diversos frentes la inmoralidad que comporta el RDL. Asambleas de barrio, asociaciones de migrantes, escuelas populares, parroquias y otros grupos de personas han decidido actuar, a no participar de la injusticia. Lo intentan acompañando a las personas excluidas en su demanda de atención, buscando el compromiso de quienes pueden conseguir que la reciban a través del sistema público, tal y como venía ocurriendo. Iniciativas como estas permiten seguir creyendo que aún podemos evitar convertirnos en una sociedad cómplice de la supremacía de la codicia sobre los ideales de solidaridad y de garantía de los derechos sociales, que han guiado y deben seguir guiando nuestro horizonte.

   
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