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13 de enero de 2020
El presidente del Gobierno anunció “modificaciones legislativas para facilitar la recuperación de los bienes indebidamente inscritos”
Los colectivos ciudadanos piden la nulidad de todos los registros y el blindaje de los edificios y plazas de dominio público

La coordinadora Recuperando, que agrupa a una veintena de colectivos
ciudadanos de diez comunidades autónomas, exige al Gobierno que retire el
recurso contra el Consejo de Transparencia y haga público el listado de
inmatriculaciones de la Iglesia, en coherencia con el anuncio de investidura del
presidente Pedro Sánchez. La organización patrimonialista considera
incompatible anunciar en el Congreso la recuperación de los bienes
indebidamente inmatriculados y mantener en la opacidad la identidad de los casi
35.000 inmuebles inscritos irregularmente por la Iglesia desde 1998.

Es preciso recordar que el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno dictó una
resolución obligando al Ministerio de Justicia a hacer público el listado de
inmatriculaciones eclesiásticas y que el Ejecutivo, de forma incomprensible,
presentó un recurso para impedirlo. El primer paso, por tanto, para demostrar que
la voluntad de Pedro Sánchez es firme debe ser revelar la magnitud del
patrimonio expoliado por los obispos al amparo de un subterfugio jurídico que les
permitía inscribir bienes sin aportar títulos de propiedad.

En todo caso, Recuperando considera positivo que el presidente del Gobierno
haya incluido en su discurso de investidura una referencia explícita a las
inscripciones de la Iglesia y su propósito de promover las “modificaciones
legislativas oportunas para facilitar la recuperación de los bienes que hayan sido
indebidamente inmatriculados” por la jerarquía católica. La decisión de Pedro
Sánchez representa un claro reconocimiento del intenso y largo trabajo
impulsado por los colectivos ciudadanos en defensa del patrimonio público
injustamente apropiado por los obispos.

Recuperando se muestra dispuesta a cooperar con el Gobierno en la búsqueda de
soluciones factibles sobre la base de dos premisas básicas: la nulidad de todas las
inscripciones por ser notoriamente inconstitucionales y la consideración de que
los bienes de dominio público no son negociables. Los obispos han registrado a
su nombre decenas de miles de inmuebles y fincas, entre ellas plazas,
cementerios, locales, ermitas y monumentos pertenecientes al legado cultural
inmemorial, como la Mezquita de Córdoba, la Giralda de Sevilla o la Seo de
Zaragoza.

Los colectivos patrimonialistas exigen que el listado incluya los bienes
inmatriculados desde 1946, el año en que se promulgó la Ley Hipotecaria y su
polémico artículo 206, y no únicamente desde 1998 como se ha efectuado.
Además, estiman urgente limitar la capacidad eclesiástica para enajenar
inmuebles inmatriculados hasta tanto no se resuelva el problema. La Iglesia está
vendiendo a terceros decenas de bienes irregularmente inscritos, entre ellos
muchas casas parroquiales de titularidad municipal, que ya difícilmente serán
recuperables.

Contacto
Antonio Manuel Rodríguez
Portavoz de Recuperando y profesor de Derecho Civil
Móvil: 696 74 44 39
Andrés Valentín
Coordinador de Recuperando
Móvil: 630 08 01 01

   
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