images1Como todos los años, en abril se abre el período de declaración de la renta, uno de los ejes de la política fiscal que permite financiar las políticas sociales públicas como la salud, la educación, las pensiones, los servicios sociales, etc. Los ingresos obtenidos por el conjunto de las administraciones públicas (algo más de 400.000 millones de euros en los últimos años, en torno al 38% del PIB) son fundamentales como mecanismo de redistribución social, y eso hay que celebrarlo, pero adolecen de dos fallos importantes: son escasos en relación a los países de nuestro entorno y además injustos en la medida que recaen principalmente sobre el consumo y las rentas salariales mientras se evaden las rentas del capital y de las grandes fortunas.

Con datos de Eurostat de 2016, los ingresos fiscales del Estado español en relación al PIB se sitúan como media 6 puntos porcentuales por debajo de la media europea. De los países de nuestro entorno, la carga fiscal de Portugal era un 14% superior, la de Francia un 39% y la de Italia un 24%. Esto, inevitablemente, se tiene que traducir en peores servicios públicos.

En segundo lugar, “la presión fiscal sigue recayendo muy desproporcionadamente sobre el consumo y el trabajo, mientras la riqueza queda prácticamente desfiscalizada y la contribución empresarial se ha desplomado. La recaudación por el Impuesto de Sociedades en 2015 es prácticamente la mitad que antes de la crisis y en ello juega un peso creciente la evasión fiscal a través de  filiales de las empresas del Ibex-35 instaladas en paraísos fiscales, que se ha multiplicado por 3,3 entre 2009 y 2014” (Oxfam-Intermon). Mientras grandes empresas españolas basan su éxito en la ingeniería fiscal, la deslocalización productiva y la precariedad laboral, los mercados transnacionales de deuda obtienen plusvalías multimillonarias por sus inversiones en España sin apenas contribuir a los ingresos públicos, siendo las clases trabajadoras y la población en general, a través del IRPF y el IVA, quienes más aportan.

Desde 1994 el gasto público ha sido superior a los ingresos fiscales, salvo en los años 2004-2007. A partir de 2008 el déficit fiscal del Estado rondó el 10% del PIB, bajando paulatinamente entre 2013 y 2016 debido, no  a un incremento de los ingresos, sino a la drástica política de recortes y contención del gasto del gobierno del PP, que no duda en bloquear la expansión del gasto social ni siquiera en aquellas administraciones –como el Ayuntamiento de Madrid- que habían logrado un amplio superávit de su cuenta corriente.

El déficit fiscal de España en 2016 (4,5% del PIB, 50.330 millones de euros) fue el más elevado de los 28 países de la UE, cuyo déficit medio era del 1,7%. La exigencia de la Unión Europea de reducir el déficit por debajo del 3% seguirá dando lugar a nuevos recortes y endeudamiento, salvo que se refuercen los ingresos públicos y se reduzcan la evasión y el fraude fiscal. De este modo, los derechos sociales y las condiciones de vida de las familias quedan supeditados al pago de la deuda más sus intereses.

Conscientes de esta realidad, desde Redes Cristianas apostamos y reclamamos un tipo de fiscalidad que suponga una efectiva redistribución de la renta y la riqueza entre todos los hogares. Convendría recordar el sabio lema en el que coincidieron socialistas utópicos, anarquistas y marxistas: “De cada cual según sus capacidades, a cada cual según sus necesidades”. Y, como mínimo, que se aplique también en este punto el mandato constitucional: “Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad”  (Art. 31 de la Constitución Española).

   
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