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Tamayo3El gesto simbólico de Pedro Sánchez, las once ministras y los seis ministros de prometer su cargo sin la presencia del Crucifijo ni la Biblia abriga la esperanza de que pueden producirse cambios importantes en las relaciones entre política y religión y, más en concreto, entre la Iglesia católica y el Estado español. Todos los presidentes anteriores, cualquiera fuere su ubicación política –derecha, centro e izquierda- prometieron o juraron su cargo delante del Crucifijo, la Biblia y la Constitución, colocados al mismo nivel, con la carga simbólica de confesionalidad católica que implicaba.
Y lo más llamativo es que la Biblia estaba abierta por el capítulo 30 del libro de los Números, que regula los votos y las promesas de las mujeres. En él se establece que si una mujer es soltera y hace una promesa, solo está obligada a cumplirla si el padre se lo autoriza. De lo contrario no puede cumplirla. Si está casada, solo puede cumplirla con la autorización del marido. Sin ella, le está prohibido cumplirla.

Siempre me ha resultado difícil definir al Estado español en su relación con la religión. Ciertamente no es un Estado ateo, que la persiga, ni laicista, que la reduzca a la esfera privada, como tampoco confesional, en la medida en que tenga una confesión única, ya que la Constitución afirma en el artículo 16.3 que “ninguna religión tendrá carácter estatal”. Pero no me atrevería a llamarlo “laico”. El propio texto constitucional disuade de tal calificación e incurre en una contradicción manifiesta cuando, a renglón seguido, coloca a la Iglesia en un lugar de honor y en una situación de privilegio al declarar que “los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”.

Para justificar tamaña muestra de confesionalidad se apelaba –y algunos todavía siguen haciéndolo hoy- a tres argumentos aparentemente sólidos, pero realmente falaces. Uno es el de la mayoría sociológica católica, que, a mi juicio, resulta un mito, ya que la práctica religiosa del catolicismo en España no pasa del 10% de la población. Otro argumento es la apelación a la llamada “tradición católica”, que se impuso a través de la expulsión de las comunidades judías y musulmanas, la represión violenta del movimiento protestante y la condena de las corrientes ilustradas.

El tercero es la autoridad moral de la jerarquía eclesiástica, que a veces se comporta como un cuarto poder y se presenta como garante y ejemplo de moralidad, cuando su credibilidad deja mucho que desear, su voz es cada menos escuchada y sus orientaciones apenas son seguidas.
La sociedad española es una de las más secularizadas y religiosamente descreídas del continente europeo. Sin embargo, el Estado español conserva todavía importantes restos de nacional-catolicismo y da constantemente muestras de desigualdad en el trato a las religiones. Y lo hace en el propio texto constitucional, como acabamos de ver, en las leyes y los acuerdos con las religiones y en la actividad política cotidiana. Veamos algunos de los ejemplos más significativos.

Los Acuerdos con la Santa Sede de 1979, de rango internacional, firmados por el ministro de Asuntos Exteriores del Gobierno español y el secretario de Estado de la Ciudad del Vaticano dota a la Iglesia católica de todo tipo de beneficios: fiscales, económicos, educativos, culturales, militares, sociales, sanitarios, patrimoniales. La Ley Orgánica de Libertad Religiosa de (1980) es claramente discriminatoria, ya que establece varios tipos de religiones: la Iglesia católica, de primera categoría, las confesiones de notorio arraigo, de segunda, las confesiones con acuerdo, de tercera, y el resto, de cuarta.

La religión católica cuenta con en torno a 15.000 profesores de catolicismo, nombrados por los obispos, al margen del sistema general de acceso del resto de los profesores y pagados por el Estado. Recibe una pingüe financiación económica del Estado a través de la asignación tributaria, que este año ha ascendido a 251 millones de euros, exenciones fiscales y otras ayudas, incumpliendo el Acuerdo Económico de 1979, en el que la Iglesia católica asumía el compromiso de autofinanciarse, cosa que no ha logrado durante casi cuarenta años.
Otros actos simbólicos de especial relevancia en la confusión entre religión católica y política son la presencia de dirigentes políticos en cuanto tales en actos oficiales de la Iglesia, como los funerales católicos de jefes de Estado y otras personalidades políticas y las ceremonias católicas con motivo de otros acontecimientos de la vida social y cultural, así como la presencia de autoridades religiosas e cuanto tales en actos políticos.

A la vista de estos datos y de otros muchos que podríamos aportar, creo puede afirmarse que en España todavía no ha tenido lugar la transición religiosa en España o al menos no con la coherencia y celeridad que hubiere de esperar atendiendo a las transformaciones religiosas, socioculturales y políticas producidas durante los últimos cuarenta años. Para que podamos hablar de una verdadera transición religiosa son necesarias transformaciones fundamentales, tanto en el ordenamiento jurídico como en la práctica política.

Empezando por la Constitución de 1978 hay que reformular el artículo 16.3, al menos en la segunda parte, por ser contrario a la laicidad, a la igualdad de trato de todas las religiones y a la neutralidad del Estado en materia religiosa. Debe modificarse igualmente el artículo 27, que establece el derecho de los padres “para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral de acuerdo con sus propias convicciones”.

Los cambios constitucionales indicados nos llevan derechamente a la necesidad de revisar, e incluso anular, los Acuerdos del Gobierno Español con la Santa Sede de 1979, que son una continuación modificada del Concordato de 1953, por tanto pre-constitucionales y, en varios temas, inconstitucionales. Pero también hay que anular los Acuerdos con las comunidades evangélicas, judías y musulmanas, de 1992, que siguen concediendo privilegios, aunque en menor grado a las tres confesiones religiosas citadas.

Debe sustituirse la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, de 1980, que responde a una situación socio-religiosa superada, ya que, de entonces para acá, la sociedad española ha sufrido importantes cambios, sobre todo por mor de la secularización, la presencia de nuevas religiones y nuevos movimientos espirituales, el pluralismo cultural, el avance de la increencia y la indiferencia religiosa.

Hay que suprimir la enseñanza de la religión confesional en las escuelas, ya que los lugares más adecuados de la educación religiosa son las instituciones formativas de cada religión. Soy partidario de una asignatura de historia de las religiones, que analice el fenómeno religioso de manera científica, no adoctrinadora, con sentido crítico, no apologético, desde una perspectiva laica, no confesional.

Es hora de introducir en el sistema de enseñanza la asignatura de educación para la ciudadanía que fomente:
– el laicismo frente a la confesionalidad directa o indirecta, todavía presente en los diferentes niveles y grados de la escuela y en no pocas instituciones del Estado.
– la conciencia crítica y transformadora, frente al pensamiento único;
– la interculturalidad, frente a una educación en la cultura única, en nuestro caso euro-céntrica; en la igualdad, la paridad y la justicia de género, frente a una educación patriarcal, sexista y homofóbica;
– la decolonialidad y el diálogo de saberes frente a la injusticia cognitiva y al colonialismo ambiente;

– en el horizonte utópico, frente a una educación reproductiva del pasado, instalada en el presente y sin perspectiva de futuro, repetitiva y sin creatividad. Creo que la educación debe orientar a educadores y educadoras, padres y madres y estudiantes a la construcción de “Otro Mundo Posible” en sintonía con el lema de los Foros Sociales Mundiales.
Debe eliminarse toda subvención del Estado a las religiones para fines y tareas específicamente religiosas y optarse por la autofinanciación, que, a mi juicio, es la mejor muestra de su mejor muestra de su autonomía y madurez. En materia de impuestos, las exenciones deben ser las mismas que las que afectan a otras organizaciones similares, como ONG’s.

Hay que elaborar un Estatuto de Laicidad en los ámbitos autonómico, municipal y nacional, que impida la confusión de planos en la vida pública, la confesionalización de los actos cívicos y la politización de actos religiosos. Así se evitarían actos contrarios al Estado laico como la presencia de las autoridades religiosas en actos políticos o la presidencia de actos religiosos por parte de las autoridades políticas.

Mientras no se adopten estas medidas, seguiremos en un Estado de confesionalidad indirecta, de religión tutelada o protegida, pero no laico. El Estado laico es el marco político, cívico y jurídico más adecuado para el reconocimiento y respeto de la libre expresión de las diferentes ideologías políticas, culturas, creencias y no creencias religiosas.
El laicismo, lejos de oponerse a las religiones o de ser beligerante con ellas, lo que hace es ofrecer un espacio para el ejercicio de sus actividades en igualdad de condiciones y sin discriminaciones. Por ello, las religiones están llamadas también a colaborar en la construcción de dicho estado laico, y muy especialmente la Iglesia católica en España, renunciando a sus pingües privilegios. Para ello tiene que cambiar de paradigma: de la religión única, tutelada o protegida, al reconocimiento del pluriverso religioso.

Juan José Tamayo es director de la Cátedra de Teología y Ciencias de las Religiones “Ignacio Ellacuría”, de la Universidad Carlos III de Madrid. Sus libros más recientes son: La utopía, motor de la historia (Fundación Areces, Madrid, 2017); Teologías del Sur. El giro descolonizador (Trotta, Madrid, 2017); ¿Ha muerto la utopía? ¿Triunfan las distopías? (Biblioteca Nueva, Madrid, 2018); Dom Paulo testimunhos e memórias sobre o Cardeal dos Pobres (editor y coautor con Agenor Brighenti), Paulinas, Sâo Paulo, 2018)

   
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