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La exhumación de los restos de Franco ha ido sorteando numerosas dificultades, tanto de formaciones políticas como de la familia del dictador. La sentencia del Tribunal Supremo autorizando el traslado de los restos hubiera debido poner punto final a este proceso, pero han surgido nuevos obstáculos ante la pertinaz actitud de la comunidad benedictina que custodia la basílica del Valle de los Caídos.

 

Se ha oído en los medios de comunicación algunas demandas dirigidas a los sectores católicos para que manifestasen su opinión al respecto. La Conferencia Episcopal Española y el propio Vaticano han hecho explícito que una sentencia está para acatarse.

 

Coincidimos en esta posición de la jerarquía eclesial y también queremos, como cristianos de base encuadrados en la Comunidades Cristianas Populares, dar a conocer la nuestra.

 

En un Estado de Derecho, como es el caso de nuestro país, las leyes atañen a toda la ciudadanía, independiente de sus credos religiosos. La ley de Memoria Histórica pretende restañar situaciones sumamente injustas que se impusieron por la fuerza de las armas de un golpe de estado en julio de 1936, que acabó con un gobierno legítimo, elegido en las urnas, e instauró una dictadura durante casi 40 años. Parte de la Iglesia católica jugó un nefasto papel en esos hechos.

 

La democracia consolidada en nuestro país, con una Constitución que proclama el carácter laico y aconfesional del mismo, supone que las leyes están para cumplirse. Por tanto negamos la capacidad de la comunidad benedictina, con su abad a la cabeza, para invocar leyes divinas que alteren las sentencias de los altos tribunales. Hacen un flaco servicio a las personas que nos confesamos cristianas con posturas propias de partidos políticos ultraconservadores, que sólo sirven para desprestigiar a la Iglesia ante la opinión pública.

 

Comunidades Cristianas Populares de Zaragoza

 

Este comunicado se ha enviado a la prensa de Zaragoza

 

   
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