VII ENCUENTRO DE REDES CRISTIANAS
23 y 24 de octubre de 2021

 

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El escándalo por el control ilegal de teléfonos llega a los tribunales
Entrevista con Bertrand Repolt, abogado “acusador” contra Pegasus
El escándalo Pegasus, denunciado por un colectivo de prensa en julio del año
pasado, será juzgado por tribunales franceses. Presentada por el grupo de
abogados Bourdon y Asociados, el tribunal de París acogió la denuncia contra
los fabricantes del programa que permite vigilar ilegalmente los teléfonos
celulares. Se espera a corto plazo la designación de un juez de instrucción
para que se haga cargo del caso.

De esta manera, se abriría formalmente una de las causas actuales más
emblemáticas para juzgar el poder “oculto” de los servicios de inteligencia que
espían impunemente a periodistas, políticos, gobernantes, defensores de derechos
humanos, universitarios, sindicalistas y diplomáticos.

En la mira de la denuncia se encuentra la empresa israelí de seguridad informática
NSO Group, con estrechas relaciones con medios gubernamentales. En su sitio Web
la NSO Group define su actividad como la promoción de “productos utilizados
exclusivamente por los organismos gubernamentales de inteligencia en el marco de
la aplicación de la ley para luchar contra el crimen y el terror”
( https://www.nsogroup.com/about-us/ ).

Descripción que no corresponde con la denuncia presentada en julio de 2021 por la
Forbidden Stories (ndr. historias prohibidas), iniciativa colectiva de investigación
periodística, con sede en Francia, la cual coordinó el trabajo de unos 80 periodistas
de diversos medios informativos de primer nivel mundial
( https://forbiddenstories.org/es/safebox-network-lanzamiento/ ).

Entre los que se encuentran Le Monde, Le Soir y Radio France, de Francia; Aristegui Noticias y Proceso, de México; el diario estadounidense The Washington Post; The Guardian, inglés; los Süddeutsche y Die Zeit, de Alemania, así como Daraj y Haaretz, de Oriente Medio.

Forbidden Stories, contó con el apoyo técnico del Laboratorio de Seguridad de
Amnistía Internacional, y pudo comprobar que los programas informáticos de control
de la NSO Group, en particular el Pegasus, son vendidos y utilizados para la
vigilancia ilegal por muchos gobiernos de Asia, África, Europa, América Latina y
Oriente Medio. La investigación constata que fueron controlados más de 50.000
teléfonos mediante este spyware o software espía. Entre ellos, al menos, los de 180
periodistas.

Guerra contra periodistas
La vigilancia y el control ilegal de periodistas “nos produce un malestar muy especial, porque significa un ataque directo a la libertad de la prensa, así como a la protección de las fuentes que nutren el trabajo informativo”, expresa el joven abogado francés Bertrand Repolt, uno de los miembros de la oficina jurídica Bourdon y Asociados y responsable directo de la causa contra la NSO Group.

La primera semana de mayo Repolt participó como observador en el Congreso de la
Federación Internacional de Periodistas (FIP) realizado en Mascate, la capital de
Omán. La seguridad de las y los trabajadores de prensa constituyó uno de los temas
esenciales de debate en la cita de Omán, donde 250 representantes de sindicatos y
asociaciones de 90 países de todos los continentes aprobaron por unanimidad dos
mociones específicas sobre el caso Pegasus.

Una de ellas, presentada por el Sindicato Nacional Francés de Periodistas (SNJ),
condena el uso del software Pegasus; les pide a las víctimas de esa vigilancia ilegal
que “emprendan sistemáticamente acciones legales” y le solicita al Comité Ejecutivo
de la FIP que implemente todas las acciones posibles, ante organismos
internacionales y tribunales, “para poner fin a estos verdaderos actos de guerra
contra los periodistas”.

La otra moción, promovida por el Sindicato Nacional de Periodistas del Reino Unido
e Irlanda (NUJ), sostiene que Pegasus no es más que uno de los tantos medios que
permiten el control de teléfonos, es decir, “una fracción de la industria de la vigilanciatelefónica” y le pide a la Federación que siga apoyando todas las campañas parainformar a los periodistas sobre los riesgos que corren (de ser vigilados) y que se exija una regulación internacional transparente de las técnicas de vigilancia con
protecciones explícitas a los y las periodistas.

En juego, la misma democracia
Bertrand Repolt, promotor del primer proceso contra Pegasus en Francia, reconoció
la importancia de estas iniciativas adoptadas por los representantes de más de
600.000 periodistas y trabajadoras-es del periodismo reunida-os en Omán. “Es
fundamental que de diferentes sectores de la comunidad internacional se levanten
voces críticas y se vaya creando un movimiento jurídico y político unitario contra
métodos cuestionables como el de Pegasus”, afirmó Bertand Repolt en entrevista
exclusiva con este corresponsal. “Las iniciativas jurídicas y las de los propios
periodistas son ladrillos en la construcción de una misma iniciativa que busca que se
termine con esta vigilancia contra los hombres y las mujeres de prensa y que se
logren condenas para quienes violen estos principios”.

La motivación de su grupo de abogados para lanzarse en esta causa titánica radica
en su inmenso respeto por los de derechos humanos esenciales, subraya Repolt. “El
caso Pegasus expresa la colusión, el pacto ilícito, entre Estados y sociedades
privadas –que carecen de todo escrúpulo– y aceptan el trabajo sucio de la vigilancia
en masa”. Según este joven abogado francés, dichos actores saben “que el
resultado de ese control ilegal se convierte en represión, en descubrir las fuentes de
los periodistas, y en censura. Ese pacto ilícito ataca el mero corazón de la
democracia”.

La justicia francesa, explicó Repolt, aceptó formalmente la denuncia, lo cual
constituye un primer paso esencial: “En poco tiempo esperamos que se designe un
juez de instrucción, lo que permitirá que comience la investigación de los hechos”.
Según Repolt, especializado en los derechos del periodismo (como el derecho de
trabajo, la libertad de prensa, compensación por injurias, derechos de los y las
periodistas independientes y defensa de la cláusula de conciencia, entre otros), una
vez que se designe un juez de instrucción se abre un proceso jurídico : tanto las
víctimas como las partes civiles y la misma Pegasus, pueden presentarse como
ante el juez para pedir que se profundice la investigación, solicitar la declaración deexpertos y el testimonio de las víctimas. Esta demanda, sostiene Repolt, no puede
ser rechazada arbitrariamente por el juez.

En perspectiva, si el proceso avanza tal como lo espera la oficina de Bourdon y
Asociados, podrían surgir obstáculos si las autoridades judiciales israelíes optan por
no cooperar. Dicha cooperación es imprescindible dado que los jueces franceses
solo pueden actuar dentro de su propia jurisdicción nacional. La no cooperación,
aunque significaría un riesgo para la causa, también representaría un costo político
para la contraparte israelí. De hecho, si en alguna ocasión los israelíes necesitaran
la cooperación de Francia o de otros Estados europeos, les resultaría muy difícil
conseguirla. De allí la importancia de que en el futuro se inicien causas similares,
también, en otros países. “Cuantos más numerosos seamos, más fuerte será la
presión sobre las autoridades judiciales israelíes y, por lo tanto, más difícil un posiblerechazo a cooperar”.

El objetivo de los demandantes franceses es claro: obtener una sanción penal
concreta, con penas de prisión para los responsables y lograr reparaciones en
concepto de daños e intereses para las víctimas. Conscientes, por supuesto, de que
el proceso podría extenderse durante varios años.

A pesar de considerarse un proceso jurídico de “vanguardia” (al que se podrían
sumar en el futuro iniciativas similares en otros países donde la prensa se ha visto
afectada por el mismo escándalo), la posibilidad de un éxito nutre al colectivo de
juristas. Hay precedentes interesantes y esperanzadores, explica Bertrand Repolt, Y
hace referencia al proceso que en 2008 impulsaron Transparency Internacional
Francia y la ONG Sherpa y que contó con el acompañamiento jurídico de Bourdon y
Asociados. En esa ocasión se denunciaron los bienes mal adquiridos en Francia por
parte de gobernantes de Guinea Ecuatorial ( https://transparency-
france.org/supports/presse/#.YqmENXbP3IU ).

Tras diez años de intensa litigación, el primer juicio por el caso de las ganancias
ilícitas se celebró en París del 19 de junio al 5 de julio de 2017. Teodorín Obiang,
vicepresidente de dicha nación, estaba bajo sospecha de haber acumulado una
considerable fortuna en Francia con dinero público desviado de su país de origen. El
27 de octubre de 2017, el Tribunal Penal de París dictó sentencia: tres años de
prisión en suspenso, una multa de 30 millones de euros y la confiscación de todos
sus bienes incautados en territorio francés –con un valor estimado en más 150
millones de euros. Fue la primera vez que un alto ejecutivo extranjero fue condenado
en Francia por blanqueo de capitales, incluyendo malversación de fondos públicos y
corrupción.

“Contamos con instrumentos jurídicos. El derecho nos ofrece un soporte para
promover hoy la causa contra Pegasus”, y por eso impulsamos esta iniciativa,
concluye Repolt.
Todos los medios para proteger el trabajo de los y las periodistas adquieren su
propia importancia. Así lo afirma Forbidden Stories, que además de publicar exitosas
encuestas promueve nuevas iniciativas específicas de protección
( https://forbiddenstories.org/es/protege-tus-historias/ )

El pasado 3 de mayo y con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa, dicha
organización lanzó oficialmente la SafeBox Network. La cual les permite a los y las
periodistas amenazados-as mantener a salvo su información sensible a través de
esta nueva red mundial. En caso de secuestro, encarcelamiento o asesinato de una-
un periodista, Forbidden Stories y otras organizaciones asociadas podrán continuar
sus investigaciones y difundirlas a nivel internacional.
* de regreso de Omán

   
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