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En la vorágine de acontecimientos que  inundan nuestra vida diaria,  problemas  que en su día nos preocuparon pasan desapercibidos  sin que haya constancia alguna de que hayan sido resueltos.  Estas páginas ya se ocuparon  del reparto de alimentos, de la emergencia alimentaria que afecta a muchas familias madrileñas, de la pobreza y la insolvencia que han hecho del acceso a los alimentos un problema vital para tanta gente que sigue ahí, invisibilizada y sin oportunidades; lo que los cínicos podrían llamar los  efectos colaterales de la crisis.  Ya no estamos en crisis, estamos en sus resultados: la pobreza, la precarización, la malnutrición, y por eso no queremos que pase desapercibida la inminente presentación ante la Asamblea  de Madrid de la Iniciativa  Legislativa Municipal  titulada “Ley de Garantías  del Derecho Básico a la Alimentación en la Comunidad de Madrid”.

Una Iniciativa Legislativa municipal, a semejanza de la más conocida Iniciativa Legislativa Popular, es la capacidad que los Ayuntamientos disponen para presentar proyectos de Ley a la Asamblea autonómica,  en este caso una Iniciativa promovida por los Ayuntamientos de Madrid, Móstoles, Valdemoro, Rivas Vaciamadrid y San Fernando de Henares.  Una iniciativa que es el resultado de muchos meses de trabajo, elaboración y convencimiento de la Plataforma de la Carta contra el Hambre, en lo que podemos señalar como ejemplo de la participación activa de los movimientos sociales en la actividad municipal.

Solo con la presentación del proyecto de Ley ya señalamos dos cosas, la primera que  el reparto de alimentos no ha sido una cuestión coyuntural, sino que sigue ahí presente, a diario, como muy bien saben las organizaciones que se involucran en ello.  La segunda que no se trata de caridad o solidaridad, sino que es un cuestión de derechos, y por eso los ayuntamientos adquieren principal importancia en la justa repuesta al derecho a la alimentación, un derecho que no cierra espacios a la solidaridad, sino al contrario, la sitúa en su vertiente más política.

Hay dos cuestiones a señalar en la Ley que nos parecen de gran importancia, por una parte el apoyo a la creación de los denominados Centros Municipales de Cultura Alimentaria,  lugares de encuentro de las organizaciones sociales, de los interesados y de la propia institución municipal, que miran más allá del acceso a los  alimentos y deberán encarar el problema de la  malnutrición en nuestras ciudades.  Y de otra la creación del Observatorio madrileño del Derecho a la Alimentación,  una idea en la que la Plataforma de la Carta contra el Hambre ya confluye con universidades madrileñas que vienen trabajando en ella.

Con esta Ley se daría un gran paso para la solución de la emergencia alimentaria  que  nos ha generado la crisis, pero sabemos que una Ley no es nada sin voluntad de aplicarla, sin el respaldo social que luche por hacerla efectiva, sin la continuidad del trabajo de participación social que la ha puesto en marcha.

Desde Redes Cristianas celebramos el apoyo de las administraciones locales  a esta iniciativa ciudadana por la superación del mero asistencialismo y apostamos por su universalización más allá de la Comunidad de Madrid

 
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