VII ENCUENTRO DE REDES CRISTIANAS
23 y 24 de octubre de 2021

 

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El mundo en que vivimos. De nuevo una caravana de unas 6.000 personas, en su mayoría originarias de El Salvador, Honduras Guatemala y Haití, salió el día 23 de octubre de la ciudad de Tapachula, en el sur de México, con dirección a la capital mexicana, aunque quizá intente llegar a territorio estadounidense. Entre ellas hay 60 mujeres embarazadas y más de 1.000 niños y niñas.

Son parte de las decenas de miles (quizá más de 100.000) que se han ido hacinando en los últimos meses en Tapachula, huyendo de la pobreza y la violencia de sus países, a quienes las autoridades mexicanas de la región no les dan los “papeles” que les permitan radicarse, trabajar o transitar legalmente por México.

Acompañados por activistas mexicanos de los derechos humanos, intentan llegar a la capital de México para pedir al Instituto Nacional de Migración que regularice su situación y les proporcione documentos que les permitan trabajar y circular libremente. Al salir de Tapachula, debieron romper varios cercos policiales que les impedían avanzar.

Las caravanas comenzaron en 2018 como un mecanismo de defensa porque, según las estadísticas, el 29% de los migrantes centroamericanos son víctimas de violencia física, psicológica o sexual a su paso por México; seis de cada 10 mujeres y niñas sufren violencia sexual, y son habituales los secuestros y las desapariciones.

La mayoría de caravanas salían de Honduras, y se nutrían de otros países en su camino hacia Estados Unidos. Honduras es un país dominado por una élite oligárquica de 250 familias (aliada con las transnacionales y la burocracia política y respaldada por los militares y Estados Unidos) que poseen toda la riqueza, dejando a millones sin oportunidades para acceder a una vida en dignidad. Ocho de cada diez personas viven bajo la línea de la pobreza, atrapados entre la inseguridad y el empobrecimiento, la corrupción y el narcotráfico, la violencia de delincuentes y de policías… ¿Cómo no van a migrar?

De hecho, las remesas que los migrantes envían a sus familias desde Estados Unidos, representan una quinta parte del PIB de Honduras y una décima parte en Guatemala y Nicaragua.

El expresidente estadounidense Donald Trump amenazó a los gobiernos de México y Guatemala que, si no controlaban el flujo migratorio, impondría aranceles a los productos de estos países, cuya economía primaria-exportadora se sostiene en gran medida a través del comercio con Estados Unidos. El resultado fueron varios acuerdos de cooperación migratoria que han tenido como consecuencia una mayor militarización, más detenciones y deportaciones. Estados Unidos puede deportar a esos países a los solicitantes de asilo de El Salvador, Honduras y otras nacionalidades e inducirles a que solicitaran el asilo a Guatemala o México o que retornaran a sus países de origen.

Según cifras oficiales, las autoridades estadounidenses han detenido en lo que va de año a más de 1.7 millones de migrantes en la frontera entre Estados Unidos y México, la mayor cifra jamás registrada.

La Secretaría Episcopal para Centroamérica, instancia de los obispos católicos de la región, han solicitado a los gobiernos de Guatemala y México respetar el “derecho a emigrar y no rechazar a todos aquellos que necesitan protección internacional”. “Ataquen las causas que originan la migración y no a los migrantes indefensos”, han clamado los obispos.

   
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