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(El plan para el exterminio de la comunidad bahá’í en Irán)
Desde su nacimiento en 1844, la Fe bahá’í ha sufrido una persecución prácticamente ininterrumpida a cargo de las autoridades religiosas y políticas en su país de origen: Irán.
Con la llegada de la República Islámica, sus condiciones empeoraron considerablemente, y actualmente a los bahá’ís (adultos, niños o ancianos) se les niega en la práctica cualquier derecho de ciudadanía, debido únicamente a sus creencias religiosas.

Encarcelamientos, torturas, destrucción y profanación de cementerios, denegación de acceso a la educación superior y a los medios de subsistencia constituyen solo ejemplos de lo que actualmente sufren los bahá’ís iraníes como parte de una campaña organizada para erradicar a esta pacífica comunidad, cuyas enseñanzas defienden, entre otros aspectos, la unidad de todos los seres humanos, la abolición de toda clase de prejuicios, la igualdad de derechos y oportunidades de hombres y mujeres y la obediencia a las leyes del país donde sus adherentes residan.

En los primeros años de la revolución, los líderes bahá’ís fueron ejecutados o hechos desaparecer, sus instituciones ilegalizadas, sus propiedades y lugares sagrados confiscados y en muchos casos arrasados, incluyendo sus cementerios. Más de 200 bahá’ís fueron ejecutados

En 1991, el Consejo Supremo Revolucionario emitió instrucciones (todavía vigentes) para bloquear cualquier progreso material o social de los bahá’ís, lo que incluía, impedirles el acceso a la universidad y expulsarlos de ella, si hubieran sido admitidos, tan pronto como fueran identificados; negarles el acceso a trabajos en la función pública, privarles de sus pensiones, dificultar sus actividades económicas privadas denegando autorizaciones para apertura de negocios propios, o presionando a dueños de empresas para que despidan a sus trabajadores bahá’ís.

Todo ello, además, acompañado de otras muchas medidas, como dificultarles la obtención de sus documentos de identidad, o de lugares para su entierro, y de las campañas de difamación en medios de difusión gubernamentales que incitan al odio contra la comunidad bahá’í, lo que con frecuencia se ha traducido en asesinatos de bahá’ís, o destrucción de sus propiedades, cuyos autores, o no fueron identificados o si lo fueron, jamás fueron castigados por ello.

Las numerosas condenas de las Naciones Unidas y su Comisión de Derechos Humanos, de gobiernos y parlamentos de todo el mundo, así como de organismos internacionales en defensa de los derechos humanos lograron frenas las ejecuciones iniciales del comienzo de la revolución, pero, entonces, las autoridades en Irán optaron por una presión más silenciosa y sistemática que se redobla cada año.

Una nueva vuelta de tuerca ha ocurrido recientemente, cuando en agosto pasado 27 familias bahá’ís de Ivel, un pueblo agrícola al norte de Irán, recibieron la sentencia de expropiación definitiva de sus tierras de cultivo y viviendas, sus únicas posesiones y medios de vida, después de más de tres décadas de haber intentado demostrar a las autoridades locales, provinciales y nacionales que eran sus legítimos propietarios y parte de esa comunidad desde hace más de 160 años.

La argumentación de la Sección 54 del Tribunal Especial para expropiar las propiedades baháʼís en Ivel fue utilizar el artículo 49 de la constitución de Irán, que permite al gobierno confiscar propiedades «ilegítimamente obtenidas mediante usura, usurpación, soborno, malversación, robo, apuestas, uso indebido de las dotaciones del gobierno islámico, uso indebido de contratos y transacciones del gobierno, terrenos baldíos y otros de uso público, casas de mala reputación y otras fuentes ilegítimas”. Además, el tribunal dictaminó que las propiedades confiscadas podrán ser transferidas a los residentes locales no bahá’ís de la aldea. Obviamente, ese artículo no era de aplicación en el caso de las propiedades ahora confiscadas, pero no fueron admitidas las razones y pruebas de los bahá’ís.

Este episodio reviste mayor gravedad porque puede sentar jurisprudencia para aplicar en el resto de país, y dejar a los bahá’ís sin sus propiedades y medios de vida. Hay que tener en cuenta, además, que cuando un bahá’í es detenido (hay redadas indiscriminadas y continuas contra ellos) se le exige como fianza depositar en el tribunal todas las escrituras de sus propiedades y sin ellas puede pasar en prisión años antes de ser juzgado.

Una vez más, ante estas situaciones de injusticia se necesita el apoyo y solidaridad de las autoridades españolas a nivel local, autonómico y nacional, organizaciones y activistas de derechos humanos, abogados, jueces, medios de comunicación, amigos de otras creencias religiosas que puedan emitir su apoyo público ante las autoridades de Irán, para manifestar que los bahá’ís en Irán  desean poder vivir pacíficamente, ganarse la vida por medio de un trabajo digno, acceder a la educación universitaria y completar sus estudios y aportar al desarrollo de su país al igual que sus compatriotas.

Puede brindarse ese apoyo a través de la siguiente página:

https://solidaridadbahai.com/firma/

Abundante información complementaria con documentación y fotos puede obtenerse en las siguientes direcciones:

https://iranbahaipersecution.bic.org/node

https://iranbahaipersecution.bic.org/taxonomy/term/832

   
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