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(la marea)
La iniciativa pretende luchar contra quienes especulan con la educación, la sanidad, los cuidados (residencias de ancianos) y la deuda soberana.
Fondos de capital riesgo, fondos especulativos… Con el estallido de la crisis, creció en España la presencia de este tipo de multinacionales inversoras, conocidas popularmente como fondos buitre, que por lo general tienen su sede en un paraíso fiscal y se caracterizan por su afán extremo en conseguir una alta rentabilidad en sectores clave para el bienestar público y sin importar el coste humano, social, cultural o medioambiental de sus acciones.

El buitre es un animal carroñero, silencioso y discreto, que percibe el olor a muerte desde largas distancias, una metáfora clara del comportamiento de estos fondos (con la diferencia de que los buitres cumplen un rol en el ciclo de la naturaleza). Ahora, una larga lista de colectivos* se ha unido para lanzar la Plataforma Contra los Fondos Buitre, que surge con el objetivo de informar, concienciar, denunciar y promover una legislación que proteja a la ciudadanía de estos fondos especulativos.

La plataforma nace con cuatro pilares prioritarios: la deuda soberana, la vivienda, la sanidad y los cuidados (residencias de ancianos), los platos favoritos de los fondos buitre en España. Para entender esto hay que echar la vista atrás: irrumpieron con fuerza en España al estallar la crisis –en el caso español se puede hablar de ‘las crisis’, ya que coincidieron la de las subprime de Estados Unidos y la de la burbuja inmobiliaria, herencia de la Ley del Suelo del exministro Rodrigo Rato–. Por aquel entonces, hace ya diez años, España pedía dinero a los inversores internacionales (emisión de bonos) y estos exigían altas rentabilidades, ya que no se fiaban de la capacidad del país para pagar en el futuro (el termómetro habitual de ese miedo es la famosa prima de riesgo). Los fondos buitre sacaron provecho de esa situación (deuda devaluada debido a la incertidumbre) e invirtieron miles de millones en bonos españoles, adquiridos en mercados secundarios, para después exigir el pago de elevados intereses. Negocio redondo: el Estado español está obligado a priorizar el pago de esos intereses, por delante de cualquier otro asunto, desde que en 2011 PSOE, PP y Unión del Pueblo Navarro pusieron en marcha una reforma express de la Constitución y modificaron el artículo 135. Dicho de otra forma: primero comen ‘los buitres’, después el resto. Actualmente la deuda soberana española equivale al 100% del PIB.

España necesitaba ese dinero de forma desesperada y los fondos buitre no dejaron pasar la oportunidad. Además del pastel de la deuda soberana, España se caracterizaba por su inmenso parque inmobiliario tras varios años de fiebre del ladrillo. En plena crisis, los bancos españoles ejecutaron cientos de miles de desahucios y llegaron a poseer 3,5 millones de viviendas vacías, una verdadera patata caliente ya que el Banco Central Europeo les exigió deshacerse de esos activos inmobiliarios para reducir nuevos riesgos sistémicos (estableció como fecha límite 2019), y ahí volvieron a aparecer los fondos buitre. Casi al mismo tiempo las políticas de austeridad, con recortes y procesos de privatización en sectores como el de la sanidad, también dieron alas a estos fondos para seguir especulando en territorio español.

En definitiva, lo que pretende la plataforma, que se presenta este martes en el Teatro del Barrio de Madrid, es combatir “desde abajo” a unos fondos que “hacen negocios multimillonarios a costa de los pueblos”, explica Mercedes Revuelta, miembro de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), una de las organizaciones que integra la iniciativa.

Lucro o derecho a vivienda

El negocio inmobiliario es uno de los más rentables y atractivos para este tipo de organizaciones especulativas. Debido a ello, en este instante los fondos buitre están “comprando miles y miles de viviendas” en distintas ciudades de España. “La vivienda es un derecho, nos están estafando y en estos momentos volvemos a estar peor que en 2008: gente asustada que no sabe cuáles son sus derechos, cientos de inquilinos saliendo de sus edificios, con miles de desahucios invisibles en estos momentos”, lamenta Revuelta. Los fondos buitre, asegura, “están atacando a lo bestia la vivienda”.

Desde que el Banco Central Europeo ordenó a las entidades españolas deshacerse de sus pisos vacíos, estos han ido a parar principalmente a manos de fondos buitre, y no de familias y particulares. “En Madrid lo estamos viendo en todos los barrios, están comprando edificios enteros y echando a los inquilinos que llevan allí 50 años (…) a muchos ni les dejan negociar la subida del alquiler”, a veces superior al 400% del valor original, asegura Revuelta.

La llegada de fondos buitre no solo se nota en los precios de la vivienda y el alquiler, sino también en las condiciones: cada vez más entidades propietarias exigen varios meses de fianza, múltiples avales, pólizas de seguro, señala Revuelta. En su opinión, el poder político está en connivencia con estos fondos y cita como ejemplo la venta masiva de viviendas sociales a estas entidades especulativas cuando Ana Botella era alcaldesa de Madrid (su hijo trabaja para el fondo especulativo Blackstone), así como la reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), que redujo de cinco a tres años la duración mínima de los contratos de alquiler, entre otras medidas. “A los tres años tu casero [fondo buitre propietario] te puede echar y subir ese alquiler estratosféricamente”. Otro ejemplo es el de las Socimi, “grandes empresas dedicadas en el 80% de los casos al mercado del alquiler”, explica esta integrante de la PAH, que concluye recordando que los fondos buitre “no crean riqueza, no construyen fábricas, no contratan, no tributan en España”.

Entre otras medidas, la nueva plataforma exige que la Sareb (el ‘banco malo’ en manos del Estado que aglutina activos tóxicos –financieros e inmobiliarios– de los bancos nacionalizados ) ponga a disposición o priorice la venta de viviendas en su poder a ayuntamientos y comunidades autónomas para que puedan entregarlas a quienes las necesitan. “Actualmente hay fondos buitre comprando viviendas [de la Sareb] de 80 metros por 25.000 euros (…) La Sareb, que es pública y tiene avales públicos, debería tener una función social, alquileres sociales”, explica Revuelta, en lugar de dar prioridad a los fondos buitre o especular en bolsa a través de su socimi. “Igual que el precio de la barra de pan en España está protegido y regulado, la vivienda debería estarlo también”, concluye.

La sanidad como negocio

Los fondos buitre actúan tanto en la sanidad pública como en la privada, en esta última con más benevolencia, explica Vicente Losada, de Audita Sanidad. Para estos fondos, la máxima y única prioridad consiste en obtener grandes beneficios para sus accionistas, en detrimento de la salud de los pacientes y las condiciones laborales de los profesionales sanitarios. Losada cuenta que cuando estalló la crisis inmobiliaria, las constructoras se quedaron sin nicho de mercado y decidieron sacar tajada del sector sanitario promoviendo la construcción de hospitales. “Se han construido 11 hospitales en los últimos años, siete con el modelo PCI [construcción y gestión privada de los servicios no sanitarios bajo un canon a 30 años] y cuatro con el modelo PPP [acuerdo público-privado], iniciando de manera exponencial el proceso de privatización de la sanidad en Madrid y otras comunidades”, explica Losada. Varios estudios revelan que el modelo PCI, importado de Reino Unido, es entre seis y siete veces más costoso que el modelo 100% público. No todo son derrotas: en España destaca el caso de Valencia, donde el gobierno autonómico ha empezado a revertir contratos PCI.

Citando el ejemplo de Madrid, Losada explica cómo la Consejería de Sanidad lleva años firmando concesiones administrativas de 30 años a favor de ACS, FCC, Sacyr y OHL, entre otras empresas, para construir hospitales y gestionar la parte no sanitaria (alimentación, limpieza…). A su vez, estas grandes constructoras venden parte de sus acciones a fondos buitre y de capital riesgo. Al mismo tiempo, desde el gobierno autonómico hay “un proceso de derivación de pacientes de la pública a la privada, en manos de los fondos buitre”, sostiene Losada. Resultado: actualmente dos hospitales madrileños (Hospital del Sureste, en Arganda, y el Hospital Puerta del Hierro) son propiedad de fondos buitre (Aberdeen Infrastructure, del Lloyds Bank, y el fondo DIF, con sede en Holanda) y no queda rastro de las adjudicatarias originales.

En la sanidad privada, estos fondos también cierran filas para hacer negocio. Losada cita el ejemplo de CVC Partners, más conocida como Capital Partners, que en 2005 vendió el 70% de la empresa sanitaria IDC a la sueca Capio para después, en 2014, volver a comprar acciones de IDC (rebautizada como IDC Salud), dueña de los hospitales privados Quirón. Actualmente, esta firma controla tres de los cuatro hospitales PPP construidos recientemente. En 2017 Capital Partners vendió a Quirón a la empresa alemana Fresenius Helios, obteniendo un beneficio de más de 2.600 millones de euros (equivalente a más de la mitad del presupuesto anual del Ministerio de Sanidad).

Losada hace inciso en un tema crucial que pasa desapercibido: cuando los fondos buitre se adueñan de los hospitales, también toman el control de los datos clínicos de sus pacientes. Esa información llega después a manos de las compañías aseguradoras, que “se pueden permitir el lujo de denegar pólizas de seguro sanitario privado” a las personas que, por su historial clínico, resultan menos rentables. Por si fuera poco, estos fondos tienen su sede en paraísos fiscales o países con regímenes fiscales especiales. “Desde 2007 se han acumulado del orden de 23.000 millones de euros en concepto de evasión fiscal (…) Con ese dinero se podrían haber construido 164 hospitales públicos o se podría haber contratado a 400.000 profesionales sanitarios”.

Una ley contra los fondos buitre

Una de los grandes objetivos que se marca la Plataforma Contra los Fondos Buitre consiste en crear una ley que limite la capacidad de estos fondos en temas que afectan directamente a los derechos fundamentales de los ciudadanos. “No tenemos leyes que nos protejan contra los fondos de inversión”, explica Walter Actis, de Ecologistas en Acción, organización integrante de esta nueva iniciativa. En boca de sus portavoces, esta plataforma se inspira en el caso de Bélgica, donde la ley pone límite a los fondos buitre en sectores clave (aquellos que proveen derechos sociales) e incluso prioriza la prestación de ciertos servicios básicos por delante de la obtención de beneficios económicos. Además, la ley belga veta a los fondos con sede en paraísos fiscales, da poder a la justicia para dirimir si hay desproporción entre el precio de compra y de venta de ciertos negocios –tocando de forma directa el núcleo estratégico de los fondos buitre– y también determina que, en caso de crisis, estos fondos estarán obligados a negociar una reestructuración de la deuda soberana.

De momento, la Plataforma Contra los Fondos Buitre tiene como prioridad informar y concienciar a la ciudadanía. “A los fondos buitre no los vemos, no sabemos quiénes son, un vecino cualquiera no sabe que el edificio de al lado ha sido vendido a un fondo y sus inquilinos están siendo desahuciados”, justifica Walter Actis, de Ecologistas en Acción, aunque matiza que prestarán atención al diálogo con los partidos políticos porque “son ellos y sus leyes los que están provocando esto”.

*Colectivos que integran la Plataforma Contra los Fondos Buitre: ATTAC Madrid, Ecologistas en Acción, Auditoría Ciudadana de la Deuda en Sanidad (Audita Sanidad), Asamblea de Afectados por la Venta de Viviendas del IVIMA (AVVI), Comité por la Abolición de las Deudas Ilegítimas (CADTM), Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), Observatorio CODE, Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Alcobendas-Sanse, Fuenlabrada y Madrid, 15M Vivienda de Usera y Latina, y Sindicato de Inquilinas.

   
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