20180830_123922“Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos” (Constitución Española, art. 47).

Sin embargo, los hechos desmienten estas declaraciones: “Tenemos trabajos basura y alquilan zulos por 900 euros, ¿cómo nos vamos a independizar los jóvenes?”. El 53,1% de las personas entre 25 y 29 años y el 24,7% de entre 30 y 34 años vive con sus padres”. (1)

“La vivienda se ha convertido en el principal factor de exclusión social, por encima del desempleo. El 18,4% de la población de nuestro país, 8,5 millones de personas, lo que supone 1,2 millones más que en 2007, se encuentra en exclusión residencial. Según el VIII Informe Foessa-2019 ”. (2)

“El precio del alquiler se ha disparado un 40% en Madrid desde 2013. Y los precios de compraventa subieron un 49 %”. (3)

Parece claro que nos hallamos ante la contradicción que plantea la realización efectiva de los derechos humanos, exigidos y proclamados por un sistema político democrático, por una parte, y, por otra, las leyes de un mercado capitalista cada vez más desregulado y salvaje, y la inacción de las Administraciones públicas para cumplir el mandato constitucional. ¿Cuáles son los mecanismos que están produciendo este desfase entre las grandes declaraciones políticas y las condiciones de vida de millones de familias?

La actuación de Blackstone representa un caso significativo de lo que significan estas leyes del mercado y el papel que juegan las Administraciones públicas. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha llevado a este fondo buitre ante la Audiencia Nacional por fomentar la burbuja del alquiler. Denuncian que compra viviendas a precios irrisorios y no las vuelve a sacar al mercado para que aumente de precio por escasez de oferta. En ocasiones, la compra de viviendas se ha traducido en subidas del 30 o el 50% de los alquileres. Blackstone está considerado el mayor casero privado del país, con una cartera de 32.000 viviendas. Sus activos suman casi 20.000 millones de euros. (4)

En este escenario, las Administraciones públicas no sólo se están desentendiendo de cuidar que el derecho a una vivienda digna sea efectivo, sino que colaboran con estas grandes corporaciones facilitándoles la venta de su propia vivienda pública, como ocurrió con la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo del Ayuntamiento de Madrid que en 2013 vendió 1860 pisos de protección oficial a Blackstone. Con el agravante, según el Tribunal de Cuentas, de que “el precio de venta de todos estos inmuebles, que estaban sometidos a un régimen de protección pública por razón de función social, fue inferior al mínimo jurídicamente exigible”.

Dos años después informaban de esta rentable operación: “La cuentas de Blackstone-Fidere informan de una “plusvalía latente” del 36% en dos años. El precio de mercado que ahora tienen sus inmuebles alcanza 317 millones de euros, cuando el valor que se le dio al adquirirlas suponía 201 millones”. (5)

O como ha ocurrido con las viviendas de la SAREB (Sociedad de Activos de Reestructuración Bancaria): Tras el rescate, los bancos se han deshecho de sus hipotecas e inmuebles, haciéndose cargo de ellos la SAREB. Este organismo, creado por decisión gubernamental, que tiene su 55% de capital privado y el 45% público, hubiera podido ser una herramienta para hacer frente al problema de la vivienda de tantas familias. Sin embargo, la SAREB ha repartido estos activos inmobiliarios en grandes paquetes entre fondos buitre en condiciones muy ventajosas, a las que no han podido optar las familias desahuciadas. En la actualidad, estos fondos-buitre venden o alquilan las viviendas por el doble de lo que pagaron.

Leilani FARHA, relatora de la ONU para el derecho a una vivienda digna, declara que “el mercado ha transformado un derecho humano en un activo financiero con el que especular y ganar dinero. De la noche a la mañana, firmas de capital privado se han convertido en los mayores caseros del mundo, corporaciones sin rostro que causan estragos”.

La reacción de Blackstone refleja, sin ningún pudor, cuál es su lógica, la lógica del mercado: “En un comunicado, la firma Blackstone respondió que la relatora retrata un tema de política económica (el acceso a la vivienda) y lo convierte en un problema de derechos humanos. Hemos actuado siempre de una manera correcta y, por ello, nos estamos defendiendo frente a sus múltiples acusaciones falsas”. (6)

¿Qué pueden hacer los poderes políticos? El mismo World Economic Forum, nada sospechoso de “tentaciones colectivistas”, en un reciente informe insta a los gobiernos a poner en marcha políticas activas de vivienda: “Es un desafío internacional que requiere de políticas activas por parte de las autoridades gubernamentales, en todos los niveles de sus Administraciones”. (7)

Sin ser exhaustivos, seleccionamos algunas propuestas e iniciativas que ya se están planteando en nuestro propio país:
* Hay que considerar la vivienda como un derecho fundamental, a la vez que un bien económico que debe de estar sujeto a reglas.
* Aprobar una Ley Estatal de Vivienda que haga efectivo este derecho constitucional.
* Propuestas para esta Ley:
– Multiplicar el gasto público en vivienda hasta el 1% del PIB (ahora, unas escasas décimas de PIB).
– Creación de un parque de viviendas públicas de alquiler asequible, impulsando las iniciativas de los ayuntamientos.
– Forzar, para la provisión de este parque de viviendas, la cesión obligatoria de vivienda a los bancos y a los grandes tenedores de vivienda.
– Añadir, con las negociaciones precisas, viviendas ahora remansadas en los balances bancarios y en la SAREB.
– Regular y fijar un techo a la subida abusiva de los precios del alquiler en determinadas zonas, tal y como ya se hace en París, Berlín o Nueva York.

NOTAS
(1) El diario, 5-4-2019.
(2) Kaos en la red, 12-6-2019.
(3) Cómo ha cambiado Madrid , El diario, 24-5-2019.
(4) EFE, Público, 18-12-2018.
(5) “El fondo buitre Blackstone calcula que sus VPO ya valen 100 millones más de lo que le costaron”, El diario, 19-6- 2016.
(6) “La ONU responsabiliza a Blackstone, principal inversor inmobiliario en España, de la burbuja del sector”, Voz Populi, 27-3-2019.
(7) “El 90% de las ciudades son incapaces de ofrecer vivienda asequible a los ciudadanos”, Público, 7-7-2019.

 
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