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37 Congreso Teología1.- MUJERES, SEXUALIZACIÓN Y SUBALTERNIDAD SEXUAL
Los cuerpos de las mujeres han sido, históricamente, foco del ejercicio del poder patriarcal. Todas las culturas han promovido, en mayor o menor medida, las condiciones materiales y simbólicas necesarias para garantizar la dependencia social, la sumisión afectiva y la subalternidad de las mujeres a efectos de garantizar su uso sexual y reproductivo (MACKINNON, C.A. 1989: 299). Con tal finalidad de privatizar su sexualidad y proteger el privilegio de cualquier varón de disponer del monopolio sexual y reproductivo de una mujer en exclusiva, la institución del matrimonio tradicionalmente le ha garantizado linaje y descendencia. Y para ello es tarea conveniente imponer un mandato punitivo y moralizador que condicione la propia subjetividad de las mujeres y determine su comportamiento sexual.
La privatización de su sexualidad cumple con algunas funciones, pero no con todas.

Es preciso también contemplar el derecho sexual patriarcal de acceder al cuerpo de un abanico variable de mujeres que, lejos de privatizarse, se colectivizan1. Y ahí tenemos la prostitución como una institución que ofrece la disponibilidad sexual de mujeres a demanda como un privilegio masculino más.
Pero, con objeto de evitar posibles fugas o tentaciones de autonomía respecto a su función social, es preciso circunscribir la identidad de las mujeres a sus funciones corporales, ya sean estas sexuales o reproductivas y construir un imaginario de las mujeres como naturaleza objeto de dominación carente de racionalidad. Su cuerpo sexualizado puede ser entonces colonizado como un territorio de conquista más.

Los patriarcados de coerción2 administran la privatización de la sexualidad a través de severos códigos familiares que supervisan y garantizan que se cumpla con la conducta sexual admisible: la virginidad antes del matrimonio, la subalternidad y la fidelidad conyugal. Sin embargo, en los patriarcados por consentimiento, los cambios sociales y legislativos han restado fuerza al mandato de privacidad o sexualidad subalterna y al control que ejercían tradicionalmente las familias. Pero no por ello han perdido la capacidad de convertir a las mujeres en cuerpos sexualizados. La creciente hipersexualización de las mujeres y niñas en los países donde las mujeres gozan de cierta autonomía personal y económica es una dinámica habitual que cumple -mediante otro recorrido, eso sí- con tal mandato. Y, en mayor o menor medida, la socialización sigue contribuyendo a que sean consideradas objetos sexuales de carácter instrumental que se valoran en función del atractivo o reclamo que suscita en terceros. Una reificación de la identidad femenina que alimenta algunas formas de violencia de género como es el caso de la prostitución, la pornografía o la violencia sexual.

Los avances en igualdad y la pretensión de las mujeres de adquirir un estatuto de sujeto (dejando atrás su consideración de objeto) se han visto acompañado de una “reacción” (según terminología de FALUDI, S. 1993) que refuerza y exalta el mandato de ser un cuerpo atractivo (entendido como esbelto, joven y disponible) y un canon estético que convierte a las mujeres bien en seres valiosos y deseados o en fallidos proyectos del deseo ajeno, determinando su propia consideración y autoestima (WOLF, N.1992 y GREER G. 2004). Y así mientras para los varones su sexualidad es una actividad más de su vida, la sexualización de las mujeres se convierte en identidad (BARRY, K, 1994). Las mujeres, ahora sujetos de derecho, son convertidas en objetos sexuales sin que ello parezca plantear inconsistencia alguna.

2.- LA PROSTITUCIÓN DE MUJERES: UN SISTEMA EN EXPANSIÓN
La explotación sexual de mujeres y niñas es un fenómeno histórico transversal al patriarcado. Pero, a efectos de garantizar un correcto usufructo, varían usos, formas y maneras de dicha apropiación. En la actualidad, la prostitución representa un negocio en expansión que permite colectivizar la explotación sexual de las mujeres en el que confluyen las sinergias e intereses del patriarcado y del neoliberalismo. Ambos conforman un sistema orientado a generar las condiciones necesarias para garantizar tanto el derecho sexual patriarcal de acceder al cuerpo de las mujeres como la expansión del lucrativo mercado que supone su mercantilización.
El sistema prostitucional representa, por tanto, el conjunto estructurado de normativas sexuales patriarcales, intereses económicos y mandatos de género, que se relacionan entre sí y que tienen como resultado que la mayoría de las personas prostituidas sean mujeres (normalmente en situación de vulnerabilidad), que los clientes o puteros sean hombres de cualquier edad, territorio o condición social y que ello comporte importantes beneficios económicos. Un fenómeno que, en su proceso sistémico, retroalimenta la erotización de la subordinación femenina y la reificación de las mujeres, proyectando una imagen concreta de qué es una mujer y para qué sirve (De Miguel, A. 2016).

Como se apuntaba con anterioridad, en nuestro entorno más inmediato, los avances en materia de igualdad se han visto acompañados de una hipersexualización de las mujeres y niñas y de una expansión de la denominada industria del sexo no ajena a su creciente sexualización. El tráfico y la trata de mujeres con fines de explotación sexual es cada vez mayor y el mercado del sexo resulta cada día más variado, sólido y lucrativo3: prostitución, pornografía, turismo sexual… Prácticas que simbolizan la desigualdad sexualizada y que permiten obtener cada vez más beneficios de la prerrogativa histórica masculina de acceder, controlar y explotar la sexualidad femenina.

La alienación o expropiación de la sexualidad femenina característica del sistema patriarcal ha encontrado un estratégico aliado: un sistema neoliberal según el cual todo puede ser objeto de mercantilización, desde el cuerpo de las mujeres, hasta la Naturaleza, las especies en extinción o las situaciones de indigencia o vulnerabilidad. Un hecho posible gracias a la paulatina transformación de las economías de mercado en sociedades de mercado4 que propugnan un modelo de vida basado en tener deseos y satisfacerlos. El modelo de consumo impuesto se basa en el “usar y tirar” y sacralizar la novedad en un mercado donde el precio o el dinero libera al consumidor/a de cualquier responsabilidad ética o moral5. Es legítimo comprar todo lo que se encuentre en venta, sólo es preciso contar con la capacidad económica requerida. Por ello, aunque las mujeres han sido vendidas y compradas para su uso sexual a lo largo de la historia, nunca ha sido con la dimensión actual. El sistema prostitucional se ha adaptado al consumo del “usar y tirar” y ofrece una variada oferta de mujeres sexualizadas, variadas y disponibles en calles, pisos y burdeles. En el caso concreto de éstos últimos y, a efectos de ofrecer novedad, es frecuente que las mujeres prostuidas roten cada cierto tiempo de local a local. .

Pero esta exposición y venta de mujeres que no se interioriza siempre como un sistema que aúna las peores estratagemas del neoliberalismo, el patriarcado y rentabiliza las desigualdades se sexo y clase. Con demasiada frecuencia se presenta y representa como una forma de ocio, entretenimiento o incluso de libertad sexual. Es más, la prostitución cuenta con el beneplácito de instituciones como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, que aprueban tácitamente una práctica que cumple con el deber de las naciones deudoras de explotar y exportar “todos sus recursos naturales”, mujeres incluidas6. En el caso de la eurozona, los beneficios generados pueden incluso computarse como Producto Interior Bruto (PIB)7.

Así que, en la práctica, convive cierta tolerancia con un sistema prostitucional muy lucrativo que evita cuestionar el proceso ni las condiciones por las que una mujer es prostituida, mientras que hacia la misma se proyecta rechazo o reprobación (máxime si carece de recursos y ejerce en lugares públicos). De forma tal que el repudio social termina recayendo sobre la víctima y no sobre el sistema o sujeto victimario. Quizás algo tenga que ver con que el lucrativo negocio del mercado del sexo otorgue beneficios suficientes como para financiar lobbys y costosos bufetes profesionales que desvían la atención de la trata y normalizan o incluso glamourizan la prostitución.

Con objeto de abaratar costes e incrementar los beneficios obtenidos, el neoliberalismo sexual8 y la industria del sexo rentabilizan las contrageografías de la globalización9, la creciente feminización de la pobreza y la existencia de unas fronteras cada vez más infranqueables en los países más favorecidos. Mafias -supuestamente vinculadas al tráfico de personas- que aprovechan la clandestinidad de la situación del tráfico para lucrarse también con la trata. De hecho, aunque pueda existir prostitución voluntaria, el mercado prostitucional se alimenta, fundamentalmente, de la trata de mujeres o de un abuso de poder o situación de vulnerabilidad, que reúnen los requisitos necesarios para ser considerado trata10.
La aparente normalización del consumo de prostitución y la especial situación de vulnerabilidad de mujeres y niñas, provocan que entre 1,3 y 4,4 millones de mujeres y niñas se encuentran explotadas por las redes de trata sexual11. Paradójicamente, dichos datos y evidencias conviven con la percepción de que los casos de trata para la explotación sexual son hechos aislados. Pero es la prostitución voluntaria y no la trata lo que constituye un fenómeno marginal del sistema prostitucional. La trata representa un fenómeno estructural en dicho mercado.

Sin embargo, el aparente repudio social ante la trata se ignora ante la prostitución. En Europa, un contexto territorial donde las prácticas sexuales con menores de edad están gravemente sancionadas penal y socialmente, “la mitad de los compradores siguen pagando por servicios sexuales a pesar de los signos claros de que las personas prostituidas son menores de 18 años” y por tanto, víctimas de trata12. Sin ir más lejos, en España el 44% de los puteros manifiesta, abiertamente, que no informaría a la policía si constatara una situación de trata13. Pero claro está, los burdeles son espacios de recreo destinados a satisfacer los deseos sexuales y, para un completo disfrute, es preciso aparcar unas implicaciones éticas que desviarían la atención del objetivo allí perseguido.
Si bien es cierto que el sistema prostitucional es un mercado cada vez más globalizado, hay territorios donde su fortaleza es mayor. En concreto, en nuestro país una tercera parte de los españoles (32,1%) declara haber pagado por mantener relaciones sexuales14, una proporción diez puntos superior al observado en la media europea. El turismo sexual, a su vez, es un reclamo habitual de las agencias de viajes que promocionan nuestras costas como destino vacacional y la estratégica situación territorial nos convierte en una puerta de entrada al espacio Schengen por el sur de Europa. Consecuentemente, se ha convertido en un destino preferente para la trata de mujeres con fines de explotación sexual.

3.- ¿QUÉ HAY DE MALO CON LA REGULACIÓN DEL SISTEMA PROSTITUCIONAL?
Ante este contexto es lógico que se busquen posibles soluciones. Sin embargo, algunas de ellas como las propuestas reglamentaristas que reclaman regular la prostitución como un supuesto “derecho” de autodeterminación o de libre elección de las mujeres a disponer de su cuerpo como estimen oportuno, tienen corroborados efectos perversos.
En primer lugar, hace más de seis décadas, el derecho internacional ya calificó la prostitución como una violación de los derechos humanos15 y, por tanto, regularla supondría legalizar algunas formas y modos en que es lícita tal violación. Olvidando este aspecto nada irrelevante, el discurso reglamentarista asume como ciertas, al menos, tres premisas falsas: 1) la sexualización de las mujeres y lo sexual como algo innato o natural, 2) la validez del consentimiento o la libre elección individual y 3) regular permite proteger y garantizar los derechos de las mujeres prostituidas.

Respecto a la primera cuestión y, en la medida que la actividad sexual conlleva un componente relacional, procede analizar si es ciertamente algo innato o si, por el contrario, está mediada por mandatos de género y relaciones de poder (BARRY, K, 1994, GREER, G.,2004, entre otras) . De encontrarnos en el último escenario, no cabría hablar de algo innato, natural o personal sino de un contexto en el que puede operar una opresión o explotación con evidentes consecuencias políticas y colectivas. Problematizar o politizar la sexualidad -como ya lo hiciera el feminismo radical de los años sesenta y setenta- no supone una posición contraria a la libertad sexual sino, por el contrario, evidenciar cuan de autónoma es esa proclamada libertad.

Analizar si hay prejuicios asumidos de forma acrítica, si de ello se derivan contextos de subordinación o subaternidad y, en última instancia, observar los modelos de masculinidad y feminidad que reproduce la prostitución y politizarlos. Es decir, revelar si conducen a relaciones más justas e igualitarias.
Y de ello se deriva la segunda falsa premisa: la supuesta libre elección. Conviene advertir que la teoría del consentimiento impide cualquier posible lectura de la opresión y oculta los condicionantes sistémicos que determinan esa supuesta libertad (De Miguel, 2016). Deliberadamente ignora el perfil de dichas mujeres, su lugar de procedencia, su clase social, sus alternativas reales o cuál sería el “plan B” en caso de no consentir. En última instancia, el argumento de la libre elección ignora si la libertad es tal y si se dan los requisitos éticos que permiten hablar de consentimiento informado. Pero no sólo falsea tal consentimiento, sino que en la medida que individualiza la decisión, también la despolitiza. Para el caso que nos ocupa, se niega el componente estructural del sistema prostitucional. Entre otros, la sexualidad patriarcal, a la jerarquía sexual y el hecho irrefutable de que el mercado prostitucional se alimenta, fundamentalmente, de mujeres en situación de vulnerabilidad; en su gran mayoría víctimas de trata.

Para que el consentimiento sea válido ha de ser un acto libre e informado, requiere de un yo autónomo no mediado por la supervivencia o la subordinación. En un contexto globalizado de feminización de la pobreza, rearme del neoliberalismo patriarcal y donde las mujeres siguen considerándose, en mayor o menor medida, seres subalternos destinados al placer ajeno, el consentimiento está viciado porque no se dan los requisitos éticos que garanticen la autonomía exigible a un contrato libre entre iguales. Recurrir al consentimiento como un mantra no solo elude el contexto de dominación, sino que proyecta un imaginario que responsabiliza a las víctimas de su propia explotación y libera de cualquier responsabilidad a los victimarios. Una ecuación perfecta que permite que ocio y negocio sigan su curso, sin que nada empañe la diversión.

Por ello, en un mundo atravesado por fuertes desigualdades de género y clase, es preciso desmitificar y politizar un consentimiento que no hace sino ocultar y legitimar la explotación sexual de las mujeres16. Al menos se deberían afrontar con honestidad ciertos interrogantes como: ¿Puede haber consentimiento en un sistema patriarcal en el que una parte se autoinstituye como sujeto y otra se designa como objeto? ¿Es indiferente si el consentimiento representa un acto de voluntad o de cesión y opresión? ¿Se puede hablar de libre elección cuando las condiciones de esa libertad no son tales para una parte del acuerdo?

La tercera y última línea argumental en la defensa del modelo reglamentarista es que frente al “mal mayor” que supone su no regulación, adoptar un marco legal permitiría garantizar los derechos de las mujeres. Frente al estigma de la mujer prostituida17, el discurso reglamentarista suele afianzar sus posiciones reclamando la voz o la representatividad de l@s “trabajador@s del sexo”. Postulan defender sus intereses, representarlas o hablar en su nombre.
Sin entrar a debatir la farsa que supone el uso de un lenguaje no sexista precisamente para ocultar una actividad sexualizada, donde la inmensa mayoría son mujeres, conviene advertir que la reglamentación no sólo no garantiza protección alguna sino que tampoco es una demanda de la gran mayoría de las mujeres en prostitución. De hecho, tras la aprobación de la ley de 2002 reguladora del trabajo sexual en Alemania, de las 400.000 personas que se estimaba que ejercían la prostitución en el territorio alemán, solo 44 (el 0,01% del total) se han registrado oficialmente en dicha categoría laboral.

A su vez, entre las asociaciones, las posiciones teóricas, el proxenetismo o los colectivos que defienden las bondades de la reglamentación, no hay representación del colectivo mayoritario de mujeres prostituidas: las victimas de trata. Sin embargo, sí existen activistas víctimas de trata en el movimiento abolicionista, como en el caso español Amelia Tiganus. Es más, los supuestos sindicatos de trabajadoras sexuales tienen una acción sindical francamente peculiar: no se conoce conflicto laboral alguno contra la patronal del sexo. Los burdeles parecen ser centros de trabajo donde reina la concordia y la paz social. Una peculiaridad que, como señala Ekis Ekman, quizás se deba a que “hay muchas cosas que no son lo que parecen. Los sindicatos no son sindicatos. Los grupos de prostitutas son, al mismo tiempo, grupos de propietarios de burdeles. El principal engaño es que la propaganda a favor de los derechos de los “trabajadores sexuales” no tiene por objeto transformar la institución de la prostitución en sí misma… se trata estrictamente de cambiar la imagen de la prostitución”18.

La reglamentación no sólo no garantiza protección o derecho alguno a las mujeres prostituidas sino que oculta externalidades negativas de tipo penal: alimenta las mafias que se lucran de la trata de personas con fines de explotación sexual. Habilitar canales lícitos para un proxenetismo legal, representa un reclamo para el ilegal19. La experiencia de legislaciones reglamentaristas como la alemana es que, lejos de atender las demandas o mejorar las condiciones de las mujeres en prostitución, han servido para legitimar o ”blanquear” la actividad de las redes y proxenetas como “empresarios del sexo” legales y -según la propia fiscalía alemana- ello está dificultado, aún más, la persecución de la trata de seres humanos con fines de explotación sexual20.
Pero no sólo se ignoran externalidades de tipo penal, sino de tipo ético que afectan a las relaciones interpersonales generizadas y a todas las mujeres, en particular. El sistema prostitucional construye un imaginario concreto de lo que es una mujer, erotiza la dominación femenina y banaliza, fetichiza o glamouriza su explotación sexual. Refuerza la concepción de las mujeres como cuerpos sexualizados y deshumanizados de los que es posible disponer de forma festiva y acrítica.

4.- A MODO DE CONCLUSIÓN
El auge de la trata y el tráfico de mujeres y su creciente sexualización exigen un esfuerzo por avanzar hacia una visión estructural de la prostitución. Es decir, pensarla como un sistema que responde al derecho sexual patriarcal y a la ideología neoliberal que se alimenta de la feminización de la pobreza y la jerarquía sexual y retroalimenta las desigualdades de género y clase.
Es preciso trasladar el peso del estigma de las mujeres prostituidas hacia todo el sistema y la cultura prostitucional: proxenetas, puteros o cualquiera que obtenga lucro de la explotación sexual ajena (desde la tercería locativa, hasta los anuncios en prensa o el PIB de los Estados) y apostar por legislaciones abolicionistas que dejen de alimentar el sistema prostitucional. En este sentido, siguiendo el modelo de Suecia, Islandia, Noruega o Francia es preciso adoptar unas políticas públicas que apoyen a las mujeres prostituidas, persigan y penalicen el consumo o la industria prostitucional y reformen una legislación en materia de publicidad, que si bien prohíbe anuncios de algunas prácticas dañinas (como el consumo de alcohol o tabaco) admite sin reservas los de prostitución (THILL, M. 2017).

Como lleva señalando reiteradamente el feminismo, la lucha contra la jerarquía sexual pasa ineludiblemente por afianzar una concepción de sujetos de las mujeres que se aleje de su consideración como objetos sexuales o reproductivos al servicio de la ideología patriarcal. Ello requiere desafiar la narrativa del patriarcado que erotiza la dominación, sexualiza a las mujeres y niñas y presenta la prostitución como una forma de libertad sexual en lo que invisibiliza a las mujeres víctimas de trata y presenta la prostitución como una forma de libertad sexual. Pero también parece ineludible repensar los límites del mercado y visibilizar los elementos culturales y los intereses económicos que subyacen tras el sistema prostitucional. En última instancia evidenciar la trampa que supone que, precisamente, cuando las mujeres han adquirido la condición de sujetos y la igualdad de género forma parte de los compromisos internacionales, la defensa histórica del “derecho patriarcal de acceso a los cuerpos de las mujeres”21 y la mercantilización del acceso a las más vulnerables se presente como una reivindicación transgresora.

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